No al nuevo aeropuerto

Pedro Miguel

D

e acuerdo con información publicada ayer en La Jornada, el gobierno federal se ha gastado ya más de 5 mil millones de pesos sólo en las gestiones previas al inicio de la construcción del nuevo aeropuerto anunciado por Peña el 1º de septiembre del año pasado. La suma (5 mil 283 millones 83 mil 372.61 pesos, para ser exactos) está destinada a pagar servicios de asesoría técnica y capacitación para el programa de mano de obra campesina, contratación de testigo social, así como diversos servicios para diseño y arquitectura, la gerencia del proyecto o el proyecto de pistas, plataforma y rodajes, en su mayor parte a empresas extranjeras (http://is.gd/5hBzVl).

Un ejemplo extremo de la opacidad fundacional con la que se lleva a cabo esa obra es el contrato firmado por la SCT con la OCDE de José Ángel Gurría para que la segunda garantice la transparencia del proceso y que fue ocultado a la opinión pública durante varios meses en virtud de una cláusula de confidencialidad. A la postre se supo que la OCDE cobraría más de 2 millones de euros (2 millones 126 mil 18, para ser exactos) para hacer estudios y recomendaciones sobre planificación, contratación, adjudicación y ejecución de los diferentes componentes del proyecto, aunque en el convenio se estableció que el organismo internacional no garantizaba la obtención de resultados específicos, o evitarlos y que no podría ser considerada responsable de eventuales daños económicos al proyecto. Es decir, la OCDE cobra una mochada por afirmar que todo está en orden, independientemente de que lo esté o no, y a eso se le llama Fomento de la Integridad, la Transparencia y las Buenas Prácticas de Contratación Pública (http://is.gd/EAhIJ4). Para todos los cuates hay. Lo de menos es que en el país un tercio de los niños menores de cinco años se encuentren en situación de pobreza alimentaria, según los datos de la Unicef y de la organización World Vision (http://is.gd/RHjZWt y http://is.gd/kyeAb3) y que el porcentaje de infantes anémicos sea mayor en México que en África.

El punto es que el peñato se ha gastado ya 5 mil de los 120 mil millones de pesos calculados como costo total de la obra y que el nuevo aeropuerto va, a pesar de las advertencias de especialistas de diversas universidades que han señalado  los riesgos de impacto ambiental, sobre población y escasez de agua que conlleva el proyecto y el hecho de que constituye una agresión y un despojo a varias comunidades, la de San Salvador Atenco entre ellas.

Nadie duda que el AICM (¿alguien sabe a qué hora, o en virtud de qué, la terminal aérea fue despojada del nombre Benito Juárez?) es insuficiente, pero ese hecho no basta para justificar el megaproyecto estrella del peñato y, mucho menos, la demolición de la actual terminal aérea. La ampliación del aeropuerto de Toluca y/o la construcción de uno nuevo en Tizayuca bastarían para duplicar la capacidad de vuelos y de pasajeros, contribuirían a descentralizar los servicios de una megalópolis desbordada y darían pie a la realización de obras de infraestructura para impulsar la economía del centro del país en una forma diversificada y desconcentrada. Pero la idea rectora del proyecto no es propiciar un desarrollo mínimamente ordenado sino hacer negocios a lo grande mediante el despojo, la malversación y el dispendio: aún se adeudan 90 millones de dólares de la Terminal Dos, inaugurada en 2008, y ya se piensa en destruirla (http://is.gd/Zf73Ze). Se contrata a Grupo Higa (proveedor de residencias de lujo a precios de interés social a Peña, sus parientes y colaboradores) para que remodele el hangar presidencial a un costo de casi 800 millones de pesos (http://is.gd/zFUY4X), pues el nuevo avión presidencial (6,769 millones 996,885 pesos) no cabe en el actual. Pero, según los planes anunciados por el propio Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, el hangar presidencial será demolido en cuanto empiece a funcionar la terminal aérea de Texcoco (http://is.gd/h88ERn).

La razón de toda esta aparente sinrazón es la doble oportunidad de negocios que se abre a los adeptos, socios y cómplices del peñato, tanto en la construcción de la nueva terminal aérea y de sus servicios como en la venta de las 746 hectáreas del actual AICM y de la construcción de desarrollos inmobiliarios en ese lugar (http://is.gd/DI8khx).

El proyecto del nuevo aeropuerto es, pues, emblemático de la insensibilidad, la ambición, la frivolidad y la corrupción de la dictadura del empresariado que padece el país.

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