Bernardo Bátiz V.
Q
uien preside los debates del pleno en el Senado, Miguel Barbosa, enfático, dijo que la reforma política del Distrito Federal se aprobará el martes próximo;
sale por que sale, fueron sus palabras. Se definirán en la Constitución federal los grandes lineamientos del estatus de esta entidad, se abrirá el camino para que al igual que los estados, la ciudad de México tenga su propia Carta Magna, que en su momento deberá reconocer a los habitantes de la capital plenitud de derechos políticos y será también oportunidad para afinar y precisar los humanos y libertades ciudadanas, así como mecanismos de defensa muy necesarios en estos tiempos de autoritarismo creciente.
La contundencia de la declaración del senador Barbosa, sin duda, tomó en consideración que quien realmente manda en la llamada cámara alta, independientemente de partidos, es Emilio Gamboa Patrón, quien ya había ofrecido que los cambios constitucionales se aprobarían en el actual periodo de sesiones, que está por concluir.
La importante modificación constitucional impulsada por el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a pesar de su trascendencia, no ha despertado mayor interés entre los ciudadanos y no es punto importante en los debates de la actual campaña electoral; los habitantes del Distrito Federal están más preocupados por la falta de agua, por los abusos de policías y los manipuladores de grúas y arañas; por la imposición de los parquímetros sin consulta ni consenso y por otros temas similares.
Es importante recordar que los habitantes de la ciudad perdimos derechos políticos en 1928 por un capricho de Álvaro Obregón, que no quería a los capitalinos, por lo que creó el burocrático Departamento del Distrito Federal, dependiente en todo del Ejecutivo federal y suprimió de un plumazo los municipios que formaban la entidad, aduciendo, aun cuando ustedes no lo crean, que era para evitar los riesgos de la democracia; desde entonces las delegaciones fueron simples correas de transmisión de las órdenes y decisiones del centro del país.
Nunca aceptamos los capitalinos o chilangos esta capitis diminutio y por años se ha luchado para restituir derechos civiles y políticos plenos a los habitantes de nuestra entidad; hay atrás una larga lucha y una exigencia permanente para reparar el atropello político a la democracia y acabar con la desigualdad jurídico-constitucional entre habitantes de la capital de la República y el resto de los mexicanos.
Varias veces, enemigos soterrados de la avispada ciudadanía capitalina, impidieron con triquiñuelas y recursos huizacheros que se aprobaran proyectos anteriores, la razón fue, sin duda, que como se ha demostrado por décadas la ciudad de México ha sido una comunidad difícil de manipular con las formas tradicionales de los críticos de la democracia.
Parece que finalmente se aprobará la esperada reforma, después casi 90 años del capricho de Obregón, aun cuando lamentablemente el último paso del largo proceso se derivo de la inclusión del proyecto de Mancera, como una parte del nefando pacto que tantos males acarreó a nuestro país.
De cualquier modo, bienvenida la reforma a pesar del raspón de autoritarismo e imposición con el que se logra alcanzar; lástima que la democratización plena del Distrito Federal surja de la misma chistera de la que salió la entrega del petróleo a las compañías extranjeras, el aumento injusto de impuestos y el recorte de derechos a los trabajadores.
Hay otra consideración que no podemos dejar de mencionar; el senador Barbosa dijo que
el acuerdo ya está cerrado, esto significa que salvo pocas excepciones, ni senadores ni diputados tendrán posibilidad real de estudiar el proyecto, discutirlo o debatirlo en el pleno de alguna de las cámaras, que serán otra vez sólo aparatos para legitimar y formalizar las decisiones tomadas en otros ámbitos; algunos pocos sustituyen a los representantes de la nación.
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