México SA

Privatización = desigualdad

¿Más equitativo y justo?

¿Y los recursos liberados?

Carlos Fernández-Vega

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esde que Miguel de la Madrid dio el banderazo de salida a la privatización masiva de los bienes del Estado, a finales de 1982, y que Carlos Salinas de Gortari metiera el acelerador a fondo, a partir de diciembre de 1988, la promesa gubernamental fue que tal práctica permitiría liberar recursos públicos para combatir la pobreza, reducir la desigualdad, atender las urgencias sociales y hacer de México un país más equitativo y más justo.

Treinta y tres años después, en México hay cada vez más pobres, pocos ricos –aunque extremadamente ricos– y la brecha entre unos y otros se ha ampliado a tal grado que nuestro país tiene el nada honroso privilegio de ocupar la segunda posición –sólo después de Chile, la madre del neoliberalismo en América Latina– en lo que a desigualdad en ingresos se refiere entre las 34 naciones que dan cuerpo a la OCDE, mientras las urgencias sociales han crecido como la espuma, y contando.

Aquella promesa de un México más equitativo y más justo se topa con la realidad, pues a estas alturas dicha desigualdad es mucho mayor a la registrada en 1985, cuando la política privatizadora del régimen apenas tomaba forma y el gobierno de Miguel de la Madrid juraba que no se tocarían los sectores estratégicos (algo que, dicho sea de paso, ya sucedió, con todo y modificación constitucional).

Desde entonces, seis gobiernos al hilo (en realidad uno, con seis máscaras distintas, incluida la del actual inquilino de Los Pinos) liberaron recursos públicos por doquier (léase privatizaron todo el inventario de bienes de la nación) e hicieron su mejor esfuerzo para ampliar la de por sí enorme distancia entre pobres y ricos, hasta convertir a éste en uno de los países más desiguales del planeta.

Así, en poco más de tres décadas se deshicieron de mil 155 entidades paraestatales –la mayoría de ellas prácticamente regaladas a los amigos (allí está el caso de Compañía Minera de Cananea)– y lo único que lograron fue restructurar, por llamarle así, a la oligarquía nacional, no sin el consabido porcentaje dereconocimiento para los vendedores. Y por si fuera poco, se privatizaron los partidos, el gobierno y la política, y se hundió la economía, cuyo motor quedó totalmente en manos de la iniciativa privada, pues el gobierno dejó de participar en cerca de 30 áreas de actividad económica, y descontando.

En días pasados la OCDE informó que en México el ingreso promedio de la población en el 10 por ciento superior de la escala de ingresos (los más ricos) fue 30.5 veces más alto que el obtenido por el 10 por ciento inferior (los más pobres), contra una proporción de 22 a uno a mediados de la década de los 80, de tal suerte que en ese periodo la brecha entre unos y otros se amplió 38.64 por ciento, cuando en el discurso (léase la justificación de la política privatizadora) prometieron exactamente lo contrario. Esa proporción resulta cuatro tantos mayor al promedio de las naciones que integran la citada organización. Así, advierte, la desigualdad de ingresos en México es una de las más altas en los países de la OCDE y ha aumentado de nuevo en años recientes.

La organización de referencia detalla que “el ingreso familiar real disponible (en México) bajó vigorosamente en el periodo posterior a la crisis financiera global. En 2010, el ingreso familiar promedio fue 11 por ciento más bajo que en 2008. Entre 2010 y 2012 el ingreso familiar total creció ligeramente; sin embargo, sólo los ubicados en el extremo superior se beneficiaron (un crecimiento de 7 por ciento), en tanto que los ingresos del 40 por ciento en el extremo inferior se redujeron 3 por ciento.

De forma preocupante, este fenómeno no ocurrió sólo durante la crisis, sino que se trata de una tendencia de largo plazo. Durante las últimas tres décadas el crecimiento de los ingresos medios de los más ricos fue mucho más alto que el de la media y el de los pobres. De hecho, en términos reales el ingreso promedio del 10 por ciento en el extremo inferior en 2012 es menor que el de 1984. La pobreza de ingresos relativa (población que se encuentra debajo de 50 por ciento del ingreso medio) en México es casi el doble que el promedio de la OCDE.

Debido a la gran informalidad del mercado laboral (más de la mitad del empleo total es informal) y a la falta de un seguro de desempleo, remata la OCDE, el riesgo de tener un salario bajo es alto en México. Esto, a su vez, aumenta los riesgos de pobreza y la dispersión salarial, y limita la capacidad de recaudar ingresos gubernamentales para la redistribución. Muchos trabajadores en México (seis de cada diez) no tienen derechos de pensión, ya que los trabajadores informales no están cubiertos por el sistema de pensiones y muchos trabajadores sólo hacen aportaciones en forma irregular. Una pensión social para combatir la pobreza durante la vejez (65 y más) proporciona ingresos a quienes no están cubiertos por la pensión relacionada con los ingresos, pero el nivel de beneficios se encuentra muy por debajo del umbral de pobreza extrema.

Entonces, ¿dónde quedó esa catarata de recursos públicos liberados, producto de la política privatizadora de seis gobiernos al hilo (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto), que, según dijeron, haría de México un país más equitativo y justo? Buena parte se utilizó para rescatar a los amigos que compraron las empresas públicas privatizadas (allí están los casos de la banca, las aerolíneas, los ingenios azucareros, las carreteras, etcétera) y el remanente debió ser democráticamente repartido entre los modernos vendedores del sector público.

Sólo así se explica cómo ha sido posible el vertiginoso crecimiento en el número de pobres (prácticamente se duplicó en el periodo citado), el arrasador avance de la desigualdad, la corrupción a galope, y que la riqueza concentrada en apenas 10 empresarios (todos ellos beneficiarios de la privatización de bienes del Estado) represente alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto.

Todo ello con una economía que, también muy lejos de las promesas oficiales, a duras penas ha crecido poco más de 2 por ciento anual como promedio, con una tendencia aún menor ahora que todo, incluyendo el petróleo, ha sido privatizado.

Las rebanadas del pastel

Cuba mágica. La pista de patinaje instalada en el malecón de La Habana y los asombrados rostros de sus usuarios recuerdan aquella maravillosa novela que comienza así: “muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo…”

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