Pedro Salmerón Sanginés /IV y último
L
os historiadores intentamos comprender, no juzgar a los hombres del pasado. Sabemos que si aplicáramos nuestros criterios, valores y principios, ninguno de nuestros ancestros saldría bien librado. Por poner un ejemplo, los hombres de la Revolución –los de todos los bandos e incluso los neutrales– serían machistas y homofóbicos en niveles inaceptables y pederastas que deberían estar encarcelados. Llevar al pasado nuestros criterios nos impide entender, como le ocurre a un connotado falsificador cuando aplica a Morelos sus propios criterios (y no los vigentes en 1813) y lo define (definiéndose)
canalla intolerante y dogmático(http://www.jornada.unam.mx/2012/04/ 08/opinion/015a2pol).
Si les aplicamos nuestro criterio (artículo 123 del Código Penal), Santa Anna, Juárez, Díaz u Obregón fueron traidores. Olvidamos que hasta en la creación de mecanismos arbitrales como la Sociedad de Naciones, era normal y lógico que una derrota militar (y a veces la sola amenaza de la fuerza) se tradujera en despojos territoriales. Olvidamos que en México la noción de patria y su vínculo indisoluble con la integridad del territorio apenas empezó a hacerse general después de 1854, y no se consolida sino durante la resistencia nacional (1862-1867). Son legados de una generación que los adquirió en la lucha y no de manera rectilínea. También nos legó Juárez nuestra concepción de traición a la patria, que se basa en la ley del 25 de enero de 1862 (que hacía más clara y completa la ley del 6 de diciembre de 1856).
En 1917 nuestro concepto de soberanía se amplió considerablemente, al incorporar la noción de que la nación es propietaria original de la tierras y tiene el
dominio directo de todos los minerales o sustanciasdel subsuelo, de manera
inalienable e imprescriptible(artículo 27 constitucional). Durante décadas así se consideró. Así, Lázaro Cárdenas dijo, palabra por palabra,
gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria. Lo reafirmó Adolfo López Mateos: “Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros […] En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria”. La historia que liga nuestros recursos naturales (el petróleo en primer lugar) con la soberanía, ha sido expuesta con claridad por Lorenzo Meyer (
Autodeterminación y petróleo, enNuestra tragedia persistente, pp. 409-453.)
En esta definición y esta tradición (que sigue vigente) se sustenta la demanda penal interpuesta por miles de ciudadanos contra Enrique Peña Nieto el 5 de febrero de 2014, por imponer la llamada reforma energética. Lo primero que hay que decir de esa reforma es que se hizo de espaldas al pueblo y mintiendo con descaro. En efecto, en ninguno de los 266 compromisos que firmó ante notario en su campaña electoral, Peña propuso que Pemex, CFE o cualquier paraestatal, perdiese su carácter al permitir la intervención de capital privado nacional y extranjero. Menos aún habló de privatización ni entrega de nuestros recursos a empresas extranjeras. Siendo presidente, ya con la reforma en marcha (que aprobaron diputados y senadores que tampoco hablaron de ella en campaña), rechazó consultar a los mexicanos, que según diversas encuestas, rechazaban muy mayoritariamente la reforma. A su vez, la mentira fue ampliamente documentada por varios historiadores en su momento (http://elpresentedelpasado.com/2013/08/ 19/palabra-por-palabra/).
La reforma proponía eliminar la definición de los energéticos como área estratégica y establecer
contratos de utilidad compartida con empresas nacionales o extranjeras, para la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica(según nota emitida por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2013). La reforma pretende despojar al Estado del dominio exclusivo sobre los recursos petroleros y su transformación industrial, entregándolos a la iniciativa privada nacional y extranjera. Recursos que son, según la Constitución, de dominio directo, inalienable e imprescriptible, de la nación. La reforma también pretende abandonar áreas y funciones estratégicas de la economía nacional que son exclusivas del Estado, además de otorgar a intereses extranjeros la facultad de intervenir en decisiones que sólo debe corresponder a los mexicanos.
Al impulsar y promulgar esta reforma, de acuerdo con la definición mexicana de soberanía todavía vigente, Peña está realizando actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero (cita del artículo que tipifica la traición a la patria). Repitamos a López Mateos:
Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria.
twitter: @HistoriaPedro
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