Pueblo indignado. Resistir con el corazón por delante

Abel Barrera Hernández*

E

n el macizo de la Sierra Madre del Sur, donde por siglos ha campeado la pobreza, los pueblos que resisten contra el infortunio se desangran por la violencia criminal. La guerra fatídica contra el narcotráfico dejó una estela sangrienta de 16 mil 359 asesinatos entre 2005 y 2015. El silencio de los pueblos de la Tierra Caliente de Guerrero está marcado por el terror impuesto por las organizaciones delincuenciales. Nadie se atreve a romper las cadenas del oprobio. Las mismas autoridades municipales no sólo han sucumbido ante el crimen organizado, también son víctimas de sus pactos y complicidades inconfesables. Las principales plazas se disputan dentro de las mismas zonas turísticas con cuernos de chivo. Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Chilapa y Ciudad Altamirano son ciudades copadas por el narco. La clase política guerrerense consintió esta alianza pérfida que ha colapsado a las instituciones de seguridad y justicia. El saldo trágico de este primer semestre, con el debut del gobierno de Héctor Astudillo, fue de mil 52 asesinatos, la mayoría con armas de fuego. En junio el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública (SESNSP) registró 206 muertes violentas, es decir, 6.8 asesinatos diarios. Acapulco cerró con 77 homicidios dolosos, 37.8 por ciento. Los 129 casos restantes se consumaron en 27 municipios. Chilpancingo reportó 33 asesinatos; Iguala, 22; Chilapa, 15, y Zihuatanejo, nueve.

La mayoría de los hechos violentos de Acapulco se focalizan en colonias pobres como Renacimiento y Emiliano Zapata, la contracara de Punta Diamante. El inframundo de los desplazados, donde las familias sobreviven del ambulantaje y la población joven es clientela cautiva de las bandas del crimen, que los contrata para el cobro del pisaje entre los pequeños comerciantes y los requiere como halcones o sicarios para defender a sangre y fuego los narconegocios.

La violencia y la pobreza condensan la tragedia de Guerrero. Acapulco concentra el mayor número de personas en situación de pobreza, con 405 mil 499, es decir, 51.6 por ciento de la población total. Chilpancingo ocupa el segundo lugar, con 122 mil 250 personas, cuyo porcentaje es 50.2. Chilapa de Álvarez, uno de los municipios más violentos del estado, cuenta con 90 mil 173 habitantes en situación de pobreza, es decir, 82.2 por ciento. Taxco de Alarcón tiene 72 mil 12, que representa 59.2 por ciento de su población. Zihuatanejo de Azueta registra 64 mil 303, siendo 53.6 por ciento de los habitantes. Los cinco municipios concentran 33.1 por ciento del total de la población pobre del estado.

En medio de esta convulsionada realidad marcada por la violencia y la grave crisis de derechos humanos, presentaremos este sábado 20 de agosto nuestro informe titulado Pueblo indignado. Resistir con el corazón por delante. Es el testimonio de la resistencia de un pueblo indoblegable que mantiene viva la memoria de los crímenes del pasado, cuya lucha se condensa en la búsqueda de verdad y justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su movimiento se ha hermanado con las familias de otras regiones del estado que han perdido el miedo y que cada mañana salen con sus herramientas para desenterrar cuerpos, con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos.

Las batallas de estas familias nacen de lo más profundo de su corazón; por eso nadie los detiene, porque su tenacidad les ha permitido ubicar fosas clandestinas donde han podido encontrar 145 cuerpos a lo largo de 22 meses. Con esta tarea titánica dan la pelea para desmontar las estructuras del poder que trabaja con el crimen organizado. La gran contribución de los familiares de personas desaparecidas es socavar un sistema anquilosado en la impunidad, cuyos cimientos ocultan una gran cauda de crímenes atroces. Las familias y organizaciones sociales que luchan contra un régimen basado en la mentira y en el uso de la fuerza letal dan la pelea dentro de la misma Procuraduría General de la República contra los cotos de poder que se mantienen incólumes para defender los intereses de la macrocriminalidad. Por eso los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos no cejan en su demanda de que Tomás Zerón de Lucio se vaya, porque es un obstáculo para avanzar en las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La celebración de nuestro vigésimo segundo aniversario llega en un momento crucial, cuando el Estado mexicano debe dar respuestas claras a las víctimas y sus familias por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, quienes exigen al Estado la inmediata implementación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI.

Este escrutinio internacional pone a Guerrero en el centro de la preocupación nacional por el patrón de impunidad que impera, por las prácticas tan nefastas y tiranas con que gobiernan las autoridades y por el manejo faccioso y mercantil que hacen de las leyes para criminalizar a los luchadores y luchadoras sociales. Para nuestro estado este escrutinio internacional es un mecanismo sin precedentes que puede ayudar a derribar la mentira y franquear el muro de la impunidad.

Con el corazón en la mano miles de guerrerenses han salido a las calles y han tomado la Autopista del Sol para contener esta barbarie delincuencial, para desmantelar a los grupos del crimen organizado e investigar a las corporaciones policiales y al Ejército sobre sus vínculos con la delincuencia. Se han movilizado para emplazar a las autoridades para que acompañen y protejan a las familias de las y los desaparecidos en las búsquedas que realizan. Los pueblos en sus asambleas han tomado la decisión de no permitir la entrada de las empresas mineras y de hacer valer sus derechos colectivos, defendiendo su territorio y sus bienes naturales. Se han solidarizado con las y los maestros para exigir al gobierno que flexibilice su postura sobre la reforma educativa que quiere implantar y que reconozca a la CNTE como actor legítimo que tiene propuestas viables para alcanzar una reforma que garantice a los pueblos pobres de México una educación gratuita y de calidad. Las luchas se juntan como los ríos caudalosos de nuestro estado y llevan la fuerza impetuosa de las organizaciones y familiares que no dan tregua para que su fuerza desemboque en lo que hoy tanto anhelamos: verdad y justicia para los 43 hijos del pueblo pobre de Guerrero.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan