Miguel Concha
D
ebido a la entrada del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que implica la importación de maíz y frijol, desde el año 2007 se presentaba una amenaza en el país. En efecto, pueblos indígenas y campesinos, que cuentan con modelos de producción asociados al sistema milpa, veían amenazada la soberanía alimentaria y el derecho a producir y nutrirse de forma adecuada y conforme a sus necesidades y cosmovisiones. Pero la amenaza del TLCAN implicaba todavía más: la desarticulación del sistema milpa. Se pretendía eliminarlo y que se usaran y consumieran granos importados, haciendo del monocultivo la única forma de producción.
Por fortuna más de 300 organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres y de alimentación, entre otras, se unieron el 25 de junio de ese año para convocar la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (Cnsmnhp). Se propuso que a partir de ese momento sería más agresiva la defensa de la soberanía alimentaria, la reactivación del campo, su acercamiento con la ciudad, el reflexionar sobre la importancia del derecho a la alimentación en México, y el análisis crítico en torno al uso de los organismos genéticamente modificados. En especial el poner atención al intento del gobierno por permitir en forma masiva la introducción y siembra del maíz transgénico. Ya desde hace 10 años estos temas se presentaron con carácter de urgente, y por ello fue necesario entretejer estrategias diversas y multisectoriales que permitieran enfrentar la voracidad de las grandes corporaciones monopólicas semilleras y agroalimentarias.
Al revisar los 10 años de trabajos de la Cnsmnhp, llama la atención sin duda la creatividad de las organizaciones sociales para realizar denuncias y elaborar propuestas, así como para construir puentes entre los diversos lugares que abarca México. Pero sobre todo para desarrollar una identidad nacional en torno al maíz y la milpa. Y así, hoy contamos con festejos como el Día Nacional del Maíz, establecido cada año para los días 29 de septiembre, y somos conscientes de que la importancia del derecho a la alimentación sana y adecuada es tal, que ahora está incluso reconocido a nivel constitucional. Además, las organizaciones han aprendido que la herramienta de la exigibilidad de los derechos es también una forma de lucha. Han entendido que la lucha por nuestros derechos se lleva a cabo bajo el principio de la integralidad, según el cual éstos no se pueden jerarquizar, sino que, al ponerlos en acción, generan movilización, reconociendo que con ello no se agota el trabajo organizativo, sino que es tan sólo uno de los pilares que hoy sostienen las luchas sociales en el país.
Es importante entonces reconocer también los diversos instrumentos jurídicos que han sido usados por parte de las organizaciones que integran la Cnsmnhp, y que confluyen en una demanda colectiva contra la siembra comercial de maíz transgénico. Con ella se han obteniendo medidas cautelares, vigentes hasta la fecha, que prohíben al gobierno mexicano otorgar permisos de siembra comercial de maíz transgénico. Esta lucha ha sido inspiración para diversas causas que utilizan también el litigio estratégico en la defensa de sus derechos, y pretenden que en todo momento éste sea un instrumento que fortalezca los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades y pueblos. Me detengo un poco más en este asunto.
Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial de maíz transgénico. Y en marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó también a vigilancia judicial dichas siembras con fines de investigación. Sin embargo, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha pospuesto indebidamente la tramitación de tales permisos. Desde entonces, y hasta la fecha, se cuentan 46 meses en los que no se ha autorizado en el país por mandato judicial siembra alguna de dicho maíz. Es entonces lamentable que las instituciones encargadas de velar por nuestro derecho a la diversidad biocultural y a la alimentación sean omisas ante tales resoluciones, pues estamos enterados que continúan dichas siembras en forma ilegal. Por ejemplo, y de manera descontrolada, en estados como Chihuahua; y que, aún sabiéndolo, instituciones como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados se autolimiten en el cumplimiento de resoluciones judiciales.
Para la Cnsmnhp urge cambiar el modelo neoliberal y el régimen autoritario de gobierno, por uno basado en la defensa del bien común y los derechos individuales y colectivos. Se requiere asimismo consolidar la soberanía alimentaria e hídrica del país, y garantizar nuestros derechos a seguir siendo pueblos indígenas y campesinos, y a conservar y usar nuestras propias semillas. Que todas las personas vean garantizado su derecho a una alimentación sana, adecuada y suficiente, y a contar con información veraz, clara y oportuna sobre lo que comemos. Se requiere igualmente retirar de manera inmediata y urgente la agricultura y la alimentación del TLCAN y de cualquier otro tratado de libre comercio, y prohibir definitivamente las siembras e importaciones de maíz, soya y otros alimentos transgénicos. Se deben también respetar los territorios campesinos y sus recursos, conservando la propiedad social de la tierra, y promover la siembra de cultivos agroecológicos sin uso de químicos, pesticidas y fertilizantes que dañan el ambiente y contribuyen al calentamiento global. Deben incentivarse igualmente cadenas cortas agroalimenticias, para que los alimentos de producción agroecológica sean vendidos a comunidades cercanas a precios justos y sin intermediarios.
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