México SA

Paso Exprés: papa caliente

Ruiz Esparza: doble pago

Urge auditoría financiera

Carlos Fernández-Vega

E

n el gustado juego de aviente la papa caliente –el más practicado por los gobiernos estatales y el federal–, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Graco Ramírez, el inenarrable virrey de Morelos, se culpan mutuamente por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, y mientras el primero asegura que la lluvia, la basura y el drenaje fueron los causantes; el segundo jura que en realidad lo es la propia SCT, dependencia que a su vez fijó la vista en las constructoras privadas encargadas de la obra (que duplicaron el presupuesto que los hizo ganar la licitación respectiva), que también se han lavado las manos.

Antes del percance en el Paso Exprés de Cuernavaca, Ruiz Esparza presumía por doquier que, como parte de la obra, se construyeron 10 kilómetros adicionales de drenaje y un colector de casi un kilómetro; no tenían drenaje y tuvimos que hacerles drenaje para que la carretera tuviera circulación de agua y para que las casas de al lado pudieran desaguar, además de añadir 2 kilómetros de líneas hidráulicas; cuando se planeó no se sabía que las casas no tenían drenaje.

Pero tras el socavón y la trágica pérdida de dos vidas humanas, el mismo personaje asegura que el drenaje, la lluvia y la basura fueron los causantes del hundimiento y que, por lo mismo, se construirá uno nuevo en el tramo afectado. ¿Por qué? Bueno, según el titular de la SCT, porque faltó reforzarlo y sólo se tomaron medidas como inyección de concreto hidráulico y limpieza.

El 5 de abril de 2017, en una ceremonia monárquica, el inquilino de Los Pinos, el gobernador de Morelos, el titular de la SCT, quien se supone es el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y muchos más inauguraron el Paso Exprés, en medio de floridos discursos, intercambio de piropos y efusivos abrazos, con todo y que la obra no estaba concluida (dicho sea de paso, este un vicio entre los políticos con el fin de pararse la cola, aunque, por ejemplo, los hospitales no tengan ni médicos).

Inaugurado, pues, pero resulta que a estas alturas –tres meses después de que el siempre solícito Graco movía la cola y compartía sonrisas y abrazos con Peña Nieto–, el gobierno de Morelos, por medio de su secretario de gobierno, Matías Quiroz, asegura que nunca conocimos el proyecto ejecutivo, que es responsabilidad de la SCT, al tiempo que afirma que la obra no ha sido entregada a la autoridad estatal, al tiempo que exigía la cabeza del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón Ezeta, por tener, dijo, una responsabilidad importante.

No habían rescatado los cuerpos de los dos fallecidos –padre e hijo–, cuando la papa caliente ya había viajado, de ida y vuelta y a la velocidad de la luz, del gobierno federal al de Morelos y de éste al primero, mientras el cínico par de constructoras privadas responsables de la obra (las mismas que duplicaron el presupuesto original autorizado) rápidamente se aplicaban jabón y regresaban la pelota a quien la cachara.

El todavía titular de la SCT no ha renunciado, por la sencilla razón de que, según dice, no es mi decisión, sino la del Presidente de la República. Pero en vía de mientras se oficializó la salida del delegado José Luis Alarcón Ezeta (porque no atendió la alerta de los habitantes de la zona sobre los problemas que presentaba el pavimento), quien rápidamente se convirtió en el chivo expiatorio.

Por cierto, Gerardo Ruiz Esparza asegura que no renunciará, porque le toca decidir al inquilino de Los Pinos, es decir, al personaje que hasta ahora no ha dicho ni pío sobre el asunto del Paso Exprés.

Hasta ahora el gobierno federal sólo ha propuesto un peritaje al Paso Exprés y especialmente en la zona del socavón, que realizaría el Colegio de Ingenieros, con el fin de determinar las causas del hundimiento y fincar responsabilidades legales, si las hubiera.

Sin embargo, nada ha dicho de la urgencia de realizar una auditoría financiera que explique por qué el presupuesto original (mil 40 millones de pesos, con el que las dos constructoras privadas ganaron la licitación respectiva) para la construcción del citado libramiento en los hechos se multiplicó por dos (al final se pagaron poco más de 2 mil 200 millones), amén de que la entrega oficial de la obra se realizó un año después de lo legalmente acordado.

Esperemos que al gobierno peñanietista no se le ocurra la brillante idea de encargar la resolución del caso a la Procuraduría General de la República o al mil usos, el siempre complaciente Virgilio Andrade, porque las mentadas se escucharán hasta la Patagonia. Aquí podría intervenir el Colegio de Contadores Públicos o la Auditoría Superior de la Federación, organismo que ha denunciado las tropelías del sistema, pero que en el gobierno, e incluso en la Cámara de Diputados, nadie toma en serio.

Resulta inverosímil que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin más, acepte que le dupliquen el gasto legalmente autorizado para la construcción del libramiento de Cuernavaca, cuando el presupuesto de esta dependencia del Ejecutivo ha sufrido merma tras merma desde que el entonces ministro del (d) año, Luis Videgaray, despachaba en Hacienda y puso en práctica la política de los tijeretazos.

En este sentido, de acuerdo con la información de la SHCP, han sido tan severos los recortes aplicados a la SCT que el presupuesto 2017 resulta inferior, y por mucho, al que la Cámara de Diputados le autorizó a esa misma dependencia en 2013, el primer año del gobierno peñanietista.

¿Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó mil 200 millones adicionales a los pactados simplemente porque se le ocurrió o esa fue la tarifa para asignar la licitación a los empresas privadas? Todos, además, para que a los tres meses de inaugurada se hundiera, materialmente.

Para nadie es un secreto el histórico pacto entre funcionarios gubernamentales y empresarios, en el sentido de construir a precio inflado para que a la hora del reparto la distribución del producto sea generosa. Total, los que pagan son los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Dice el inquilino de Los Pinos que en materia de seguridad queda camino por andar y estamos aún a distancia en las metas propuestas en este renglón. Pues sí, una distancia de aquí al fin del mundo. En este sentido, cómo olvidar el compromiso del Pacto por México: recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones.

Twitter: @cafevega

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