Pedro Miguel
L
a destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, operada por un mero encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene toda la traza de una medida desesperada que va más allá de la lucidez que debiera imperar en las políticas de control de daños. Con ella, el peñato –que viene chapoteando desde hace tiempo en las aguas del naufragio– vuelve a evidenciarse como un gobierno faccioso y aglomerado por las complicidades sexenales y corre el riesgo de perder la autoridad que le queda en el régimen oligárquico.
Es inocultable, en efecto, que los motivos de la remoción de Nieto Castillo no tienen que ver con hipotéticas
transgresiones al código de conducta, sino con el temor de Peña Nieto a que las pesquisas emprendidas por el fiscal díscolo sacaran a la luz, en vísperas de la sucesión del año entrante, la suciedad con la que se financió su campaña electoral en 2012 y en la que, de acuerdo con los indicios disponibles, Javier Duarte de Ochoa y Emilio Lozoya Austin desempeñaron una función principal como recaudadores de recursos de procedencia ilícita.
Probablemente el peñato apostaba a sacrificar a su
nuevo PRI, César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y el otro Duarte, sólo en la modalidad de desvío de dinero en sus respectivas administraciones estatales, pero no calculó que las pesquisas se ramificarían a las aportaciones con que los tres ex gobernadores contribuyeron para la compra masiva de votos que hizo posible la colocación de Peña en Los Pinos. Tampoco esperaba, de seguro, que el fiscal electoral ahora destituido abriera una investigación contra el primo Alfredo del Mazo y mucho menos que adoptara el hilo de la trama de Odebrecht que apunta de manera directa a Lozoya Austin.
Al régimen ya se le rebeló abiertamente una porción sustancial de los dueños del dinero –representada en este episodio por el Consejo Coordinador Empresarial y por la agrupación Mexicanos Primero–, los cuales no quieren seguir aportando al fondo de 500 mil millones de pesos anuales (o de un billón, o la suma que sea) destinado al enriquecimiento de los altos funcionarios.
Está por verse lo que harán los otros partidos del régimen y sus representaciones en el Senado (PAN en cualquiera de sus vertientes, PRD, Verde y los demás) ante la destitución de Peña Castillo: si en sus cálculos políticos aparece un beneficio sustancial en respaldar a Peña y al encargado de despacho de la PGR, dejarán solo al fiscal cesado y cerrarán filas en torno a la impunidad institucionalizada que impera desde hace décadas; pero si encuentran ventajoso para sus propios intereses impulsar el colapso de la presidencia saliente, no dudarán en hacerlo y saldrán en defensa del funcionario destituido.
Los cálculos correspondientes no necesariamente son sencillos; los panistas, por ejemplo, tendrán que considerar que la continuación de las investigaciones sobre la trama Lozoya-Odebrecht puede desembocar en revelaciones devastadoras sobre la relación entre la corrupta firma brasileña y la presidencia de Felipe Calderón, que le entregó varios contratos y 420 millones de dólares en pagos excedentes, e incluso la de Vicente Fox, cuyo gobierno otorgó a Odebrecht los contratos originales para la modernización de la refinería de Minatitlán.
El régimen tiene ante sí la tarea de recomponerse para los comicios del año entrante, lo que implica alinear a sus distintas facciones –la empresarial, la
opositoray sabrá Dios cuáles otras– en un esquema electoral que permita maximizar las probabilidades de la continuidad. Pero si bien los socios del PRI en el Pacto por México están de acuerdo en eso –en la continuidad del modelo neoliberal, la corrupción y la impunidad–, la perspectiva de preservar una fiscalía electoral mínimamente equilibrada ha de resultarles muy atractiva porque, al fin de cuentas, podrán recurrir sin escrúpulos al fraude (como el PAN en 2006 y como el PRD en el DF en 2015) pero no les gusta que el priísmo lo haga en perjuicio de ellos. A ver qué deciden.
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