Nochixtlán, la justicia ausente

Luis Hernández Navarro

L

a justicia no llega a Nochixtlán. Infamia sobre infamia, la institución que debería defender los derechos humanos de las víctimas, ayudar a esclarecer las salvajes agresiones contra la población civil perpetradas por policías durante el operativo del 19 de junio de 2016 y señalar a los responsables, se dedica ahora a responsabilizar a los damnificados y a exculpar a las autoridades responsables.

No es exageración. Eso es lo que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 7VG/2017, dada a conocer el 17 de octubre. Se trata, ni más ni menos, de un informe parcial y sesgado, que defiende a parte de los responsables de la agresión y revictimiza a quienes sufrieron la represión policial en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, la colonia Hacienda Blanca de San Pablo Etla y la agencia municipal de Viguera, en la ciudad de Oaxaca.

Ha transcurrido más de un año y cuatro meses de ese trágico 19 de junio, en el que distintas policías ultimaron a siete habitantes (otro más murió al explotarle cohetones que estaba manipulando), hirieron de bala a más de 100 y dañaron física y emocionalmente a más de 400, entre ellos, muchos niños. Y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, la CNDH emitió una indagatoria que se asemeja más a una averiguación previa elaborada por algún Ministerio Público que a una relatoría escrita por una instancia defensora de derechos humanos. En la recomendación sobre Nochixtlán, el organismo se erige, impropiamente, en entidad procuradora de justicia que investiga delitos.

No es casualidad. El responsable del documento es el visitador segundo Enrique Guadarrama López, quien en su currículum destaca haber desempeñado diversos cargos en la Procuraduría General de la República. Estos antecedentes son evidentes en la relatoría que incorporó a la recomendación.

Tampoco es novedad. Este sesgo de Ministerio Público resultó evidente desde las primeras semanas posteriores al ataque policial de Nochixtlán, cuando diferentes víctimas se quejaron ante instancias civiles de derechos humanos del interrogatorio insensible, despótico y revictimizador llevado a cabo por funcionarios de la CNDH, encabezados precisamente por el visitador Guadarrama López.

Los diferentes considerandos de la Recomendación 7VG/2017 criminalizan a la población civil que se defendió de la agresión de las fuerzas policiacas. En un juego de palabras inadmisible, el documento califica de enfrentamiento lo que fue una respuesta defensiva de poblaciones no beligerantes injustificadamente agredidas por cuerpos policiales que actuaron sin respetar sus protocolos.

Pese a que los pobladores señalaron desde el primer momento con abundantes evidencias que los uniformados llegaron directamente a agredir, sin dialogar previamente y sin invitarlos a retirarse de los bloqueos, la CNDH concluye que hubo un fuego cruzado y que no puede identificar quién disparó primero.

La recomendación soslaya que no existe un solo registro fotográfico que muestre a algún poblador portando o disparando armas de fuego, por el contrario, hay muchas evidencias que muestran a los policías no sólo en posesión de armas de grueso calibre sino tirando. Esconde que todos los caídos son de un lado. A pesar de que en los cuerpos de seis ejecutados extrajudicialmente la prueba de presencia de bario y plomo fue negativa, deja la duda de si las víctimas portaban armas de fuego. Y concluye que los habitantes de Nochixtlán iban armados, a partir de testimonios, en su mayoría de uniformados.

La versión de enfrentamiento propugnada por la CNDH es preocupante, porque obsequia asideros a los gobiernos estatal y federal para evadir su responsabilidad en la grave violación de derechos humanos cometida, con el pretexto de que los policías repelieron una agresión de personas armadas desconocidas. El documento analiza de manera parcial la actuación de las corporaciones policiacas federales y estatales, que incurrieron en abuso de autoridad y en uso de la fuerza no justificado. Oculta que no respetaron los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

Indebidamente, señala acciones que podrían ser constitutivas de delitos por parte de la sociedad civil. Esto es gravísimo, porque la CNDH tiene la obligación de abocarse a investigar y buscar la sanción de violaciones de los derechos humanos por autoridades, no a investigar presuntos delitos del fuero común. Esa no es su función.

La CNDH intenta expiar o limpiar de responsabilidades a autoridades federales y estatales. En ningún momento responsabiliza a Gabino Cué Monteagudo, en ese momento gobernador de Oaxaca, ni al ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, ni al ex delegado estatal del Cisen, ni al Comisionado Nacional de Seguridad Pública ni a otras autoridades con evidente responsabilidad en estos sucesos.

No obstante que durante el operativo elementos de la Policía Federal y de Oaxaca cometieron actos de violencia sexual contra pobladores, la recomendación no califica estas ofensas como tortura, y los asume como simples violaciones al derecho a la integridad personal de las y los agraviados. Curiosamente, la CNDH pasa por alto las graves violaciones a derechos humanos que sufrieron niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad, así como población en general en Nochixtlán y otras comunidades, causadas porque las fuerzas de seguridad pública emplearon fuerza excesiva, utilizaron inadecuadamente el equipo e infraestructura con que cuentan para garantizar la seguridad de las personas, y no acataron el marco jurídico sobre uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Lo sucedido en el operativo del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán y otras poblaciones de Oaxaca no es casual. Forma parte de un patrón de violencia autoritaria sólidamente establecido en el país. Un patrón que la Recomendación 7VG/2017 de la CNDH contribuye a perpetuar. De allí la enorme indignación por la recomendación no sólo de las víctimas de Nochixtlán, sino de muchos a quienes les importan los derechos humanos en México.

Twitter: @lhan55