Escuelas al Cien, demagogia, engaño y corrupción

Enrique Calderón Alzati

L

as Escuelas al Cien es un programa del Gobierno de la República para garantizar que los planteles educativos sean de la calidad que merecen nuestras niñas y niños. Este programa anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en su tercer Informe de Gobierno, será la mayor inversión en infraestructura educativa que se haya realizado en el país... Se invertirán 50 mil millones de pesos en certificados de Infraestructura Educativa Nacional (Cien)...

Estas palabras pronunciadas por el secretario Aurelio Nuño, al poner en marcha el programa de Escuelas al Cien, refleja una profunda ignorancia de su parte, o bien un deseo chabacano de elogiar a su jefe, como si en ello le fuera su propio futuro; comparar un proyecto para instalar bebederos y mejorar los baños de las escuelas, con lo que hicieron otros gobiernos incluyendo la fundación, construcción y equipamiento del Instituto Politécnico Nacional en el gobierno de Lázaro Cárdenas, o la construcción de Ciudad Universitaria, como recinto de la Universidad Nacional durante el gobierno de Miguel Alemán, considerada como la mayor y más moderna universidad del mundo en su época y todo ello con los recursos de la nación, obtenidos por la venta de petróleo a los países aliados durante la guerra contra el fascismo, sólo pueden ser motivo de pena ajena.

Por otra parte, la pequeñez de este personaje, que se ufanó en lanzar como algo único, un proyecto considerado como insignificante de acuerdo con una evaluación realizada por la OCDE, omite el hecho de que el costo millonario de este programa, luego tendrá que ser pagado por la nación, en la medida que su instrumentación está siendo realizada mediante la contratación de deuda mediante los llamados Certificados de Infraestructura Educativa (Cien), cuya intencionada abreviatura ha dado lugar a un bonito pero demagógico nombre (Escuelas al Cien) que pareciera referirse a un nuevo tipo de escuelas que si cuenten con todo lo necesario para superar las carencias conocidas de bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas de juego y todo lo que es necesario para su funcionamiento, omitiendo el hecho de que los conceptos que se incluyen son sólo de carácter sanitario.

Al analizar los aspectos administrativos y la normatividad de este proyecto, es fácil percatarse de algunas contradicciones serias e incluso de aspectos que son contrarios a la esencia misma de la constitución que en su bien conocido artículo tercero señala: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–, impartirá educación prescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación prescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias... IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; en su normatividad este programa señala que una vez que las obras de infraestructura a las que se refiere el proyecto de Escuelas al Cien son terminadas y recibidas por sus comunidades escolares, éstas deberán hacerse cargo de su mantenimiento, lo cual necesariamente implica un costo para cadacomunidad escolar formada por los profesores, estudiantes y padres de familia, excepto que el secretario piense que sea el espíritu santo o algún otro personaje de las mil y una noches el que se encargue de sufragar los costos, dando lugar a que los estudiantes cuyos padres no cubran esos costos puedan ser sancionados e incluso expulsados de la escuela, nulificando el principio rector de la Constitución.

Adicionalmente el documento de normatividad señala que para que una escuela sea objeto de la dotación de infraestructura, la escuela y su comunidad escolar deberán entregar las escrituras de propiedad de la escuela sin señalar el propósito de esa entrega, lo cual está relacionado con el hecho de que las inversiones requeridas para las obras de infraestructura serán realizadas, no con recursos del gobierno, sino con deuda contratada con inversionistas privados (sean estos mexicanos o extranjeros) mediante los llamados Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (Cien) deja enormes interrogantes. ¿Se trata en realidad de una hipoteca de las escuelas públicas? ¿Acaso esto lo permite la Constitución? Con el propósito de aclararme todas estas dudas recurrí al maestro de la escuela normal veracruzana y amigo mío, el doctor Luis Bello, sabiendo que a esta benemérita institución le habían ofrecido la posible recepción de los beneficios como Escuela al Cien, reuniéndome así con él y otros maestros.

Resulta que la comunidad escolar incluyendo a los maestros y estudiantes que acepta su participación en el programa, no tiene voz ni voto para decidir la infraestructura que requieren y que habrán de recibir, pues de acuerdo con la normatividad establecida, esta es decidida por la llamada autoridad educativa local, que en este caso es la Secretaría de Educación de Veracruz, conocida por los desvíos millonarios de los recursos asignados a la educación en el presupuesto aprobado por el Congreso de la República; pero este no era el único problema, pues los costos del proyecto permanecen ocultos a las comunidades escolares beneficiadas, en virtud de que estos son calculados y establecidos por esa autoridad educativa y por el llamado Instituto de Infraestructura Educativa Nacional, sin darlos a conocer al plantel beneficiado ni a su comunidad escolar. Ciertamente todo ello regido por la normatividad existente para la obra pública (incluyendo, los aspectos de licitación, especificaciones, supervisión y conclusión) que debería en principio asegurar la calidad de los materiales y la certificación de seguridad de esas obras, pero que en la realidad sólo ha servido para crear el entorno de tragedia y corrupción de los socavones y derrumbes ocurridos en las obras de construcción recientemente colapsadas durante los sismos de septiembre pasado.

Por todo esto, y por los últimos escándalos relacionados con Odebrecht, OHL e Higa, tiene sentido preguntarnos si el glamoroso programa de las Escuelas al Cien, no resulta ser parte de la estrategia de Aurelio Nuño, para asegurar los fondos (ilícitos) para su ilusoria campaña para lograr la Presidencia de la República siguiendo la ruta de su ilustre predecesor y al mismo tiempo para avanzar en la privatización de la educación o ¿será para ambos fines? Pudiera ser.

Twitter: @ecalderon_a

Facebook: Reflexiones en educación

Ecalderon@galileo2.com.mx