El triunfo de la razón

Napoleón Gómez Urrutia

L

a lista de los 16 hombres y mujeres más ricos de México que dio a conocer esta semana la banca suiza han de estar muy abatidos, contrariados, molestos y frustrados con el resultado de la consulta pública que rechazó el proyecto para continuar con los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el lago de Texcoco, a pesar de sus enormes fortunas que les permitirían pagar el total de la deuda externa del país y todavía dejarles suficiente para que no vivan sin los placeres a los que están acostumbrados, incluso durante varias generaciones.

La posible cancelación de ese plan, del cual se habían apoderado y acaparado para inflar en forma desmedida costos de construcción hasta el doble, el triple o quizá más, confirma la ambición empresarial de tener el control absoluto de las operaciones comerciales, inmobiliarias, técnicas y financieras del lugar escogido por ellos. Así lo tenían concebido sin ningún escrúpulo o recato hacia las necesidades y la vida de los mexicanos.

El aeropuerto de Barcelona, solamente por citar un caso comparativo, tuvo un costo de cerca de 3 mil 500 millones de dólares, con la tecnología más avanzada y moderna, es el segundo más grande de España con una capacidad para 30 millones de pasajeros adicionales. El de Texcoco tiene un costo estimado inicial de 13 mil millones de dólares para el mismo número de viajeros. ¡Cómo es posible esa brutal diferencia cuando se trata de condiciones y un volumen de desplazamiento similares!

A las ambiciones empresariales se agregan los cambios y reformas que desde la mayoría legislativa se preparan en otras materias, como la ley laboral, la de minería y la industria de la transformación, la de justicia, de educación, de derechos humanos y otras más que seguramente ocasionarán una reacción negativa y de rechazo, ya que las cámaras industriales y algunos grupos de empresarios a como dé lugar quieren conservar sus privilegios, incluso muchas veces en contra de la vida y la salud de los trabajadores, pero también adversos al medio ambiente, a las comunidades y a los intereses superiores de la nación.

En el caso específico del sector minero, se puede afirmar que el mundo reconoce esta actividad como una de las más peligrosas y de alto riesgo en la cual los trabajadores exponen salud, seguridad y la propia vida. Hasta hoy resultan insuficientes las medidas de seguridad e higiene, las normas oficiales mexicanas y las leyes, ya que se han padecido grandes siniestros que han dejado 3 mil 703 muertos en 30 años, cifra que incluye el más lamentable, que ha sido Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.

Por eso, la firma del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta el mejor instrumento para la protección del trabajador, porque se aplica para todas las minas de cualquier tipo y no sólo las de carbón, porque el obrero podrá poner primero su situación y su vida fuera de peligro frente a cualquier otra circunstancia.

Ya el artículo 123 constitucional señala que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los obreros. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón contrate el trabajo por medio de un intermediario. También la ley establece que el mismo estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y seguridad y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes con el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo.

La OIT, creada en 1919, parte de tres premisas fundamentales:

“a) Porque la paz debe basarse necesariamente en la justicia social.

“b) Hay condiciones de trabajo en el mundo que evidencian un estado de miseria y de injusticia social y es urgente cambiar este panorama.

c) Si algún país o nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, esto sería un obstáculo a los pueblos del mundo que desean mejorar sus condiciones de vida.

De ahí que en esta cuarta transformación se deben velar y resguardar los derechos de las y los trabajadores como parte de un avance fundamental para proteger la salud y a la seguridad industrial de la clase trabajadora. Con eso se promoverá la política económica y social con el objeto de asegurar el triunfo de la razón, en esta nueva estrategia para mejorar el bienestar y el desarrollo futuro de México, así como de la clase trabajadora y del pueblo mexicano.