Astillero

Pence presiona a México // Que reconozca a Guaidó // Este jueves, GN en San Lázaro // Pago de favores al PES

Julio Hernández López

▲ Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia matutina en Palacio Nacional, opositores chiapanecos a la reforma educativa aplicada por el gobierno de Enrique Peña Nieto se manifestaron en el zócalo capitalino.Foto Pablo Ramos

N

o es poca cosa que el vicepresidente de Estados Unidos conmine al gobierno mexicano, junto con el de Uruguay y otros del Caribe, a unirse al frente de países que aman la libertad y, en consecuencia con ese lineamiento trazado desde Washington, reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En la lucha de este país sudamericano por la libertad, dijo Mike Pence, no puede haber testigos inactivos.

Las palabras del vicepresidente Pence corresponden a la fase que se pretende sea final en el ataque al gobierno de Nicolás Maduro. Además de la retención de fondos bancarios en el extranjero, a la administración bolivariana se le pretende despojar de los activos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, SA, como parte de una de las piezas de la pinza de estrangulamiento: asfixia económica, que agudice el desabasto y las complicaciones operativas en ese país, y el amago de una invasión armada que el Grupo de Lima ayer descartó, pero que la Casa Blanca y el Pentágono mantienen en su lista de opciones.

La injerencia abierta y determinante de Estados Unidos en el caso venezolano trata de realinear a sus intereses los últimos intentos de establecer políticas de beneficio popular, y no cupular, que se han dado en Sudamérica. Denunciar esa injerencia y resistir a las pretensiones golpistas estadunidenses no significa de manera automática un apoyo a Maduro ni anula el derecho al análisis crítico de lo que ha hecho el sucesor de Hugo Chávez. Pero resultaría de una enorme ceguera histórica dejarse llevar por la histeria mediática, inducida y selectiva, y por las falsamente épicas convocatorias a cruzadas por la libertad.

Hace bien el presidente López Obrador, es decir, el gobierno de México, en mantener una postura contraria al intervencionismo, a pesar de las advertencias y amagos de la cúpula estadunidense. México no convalidó las decisiones tomadas ayer por el mencionado Grupo de Lima y mantiene su postura de mediar en el conflicto. Ayer, en una entrevista radiofónica, el senador Martí Batres recordó, ante una pregunta sobre el honroso aislamiento en el que podría ir quedando México ante la evolución del caso Venezuela, que nuestro país ha mantenido una postura diplomática honorable y respetada, a pesar de los avatares del momento.

Ya con una mayoría calificada a su disposición, Morena y sus aliados programan para este jueves la votación plenaria en la Cámara de Diputados que habrá de cerrar la etapa legislativa federal creadora de la Guardia Nacional. Luego de esta votación, que buscan sea por unanimidad, como acaba de suceder en el Senado, la iniciativa de reformas constitucionales pasará a los congresos estatales, cuya mitad más uno deberá autorizar tales cambios para que se inserten en la Constitución federal.

Hugo Éric Flores Cervantes preside el comité nacional de un partido sin registro oficial, el de Encuentro Social (PES), que en 2018 fue en coalición con Morena en las elecciones presidenciales y en las de algunos estados, entre ellos Morelos, donde esa organización de explícita influencia cristiana propuso originalmente al ex futbolista profesional Cuauhtémoc Blanco como candidato a suplir al perredista Graco Ramírez.

A pesar de que, como se ha dicho, el PES no obtuvo el mínimo de votación que le permitiera mantener su registro oficial como partido, ha gozado de prerrogativas extraordinarias: en las cámaras de Diputados y de Senadores se le ha permitido sostener sendas fracciones parlamentarias que significan dinero y prestaciones varias; el propio dirigente, Flores Cervantes, fue nombrado delegado del gobierno federal en Morelos (donde acaba de cumplir el encargo de sacar adelante el ejercicio participativo en favor de la operación de la termoeléctrica de Huexca y del Proyecto Integral Morelos en general) y, ahora, un magistrado del tribunal electoral federal (que forma parte del Poder Judicial federal, cada vez más amable y acomedido con el Poder Ejecutivo federal) ha propuesto que se le devuelva el registro al multicitado PES.

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