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Sísifo y la SCJN: tampoco “involucrados”

Guarderías subrogadas: legalidad sin ley

La impune parentela respira tranquila

CNDH vs Sedena-Gobernación

Carlos Fernández-Vega

Al ritmo que va, y con la orientación que mantiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo viernes –último día para el análisis del dictamen del ministro Zaldívar– nada raro sería que la mayoría en el pleno de esa instancia decidiera, sin mayores complicaciones, que los únicos responsables de la tragedia en la ABC de Hermosillo fueron los padres de las víctimas, por tener la necesidad de dejar a sus hijos en establecimientos mercantiles disfrazados de guarderías, y que quienes violaron las garantías individuales de los menores fueron los propios niños calcinados y los que resultaron severamente lesionados, por no escapar a tiempo del incendio. Allí, y a ninguna otra parte, llegará el aparato de justicia” a la mexicana.
En tres días de análisis la mayoría de los ministros echó para atrás el dictamen de Arturo Zaldívar, y determinó que en el caso de la ABC si bien se documentaron responsabilidades, no hay responsables; que, en efecto, se registraron violaciones graves a las garantías individuales, pero no hay violadores y que, en un caso inédito digno de mención internacional, hubo asesinatos pero no asesinos. Así es: democracia pura, sólido estado de derecho, justicia ciega.
Por si fuera poco, la mayoría en el pleno de la SCJN decidió que la subrogación de guarderías es “legal”, aunque no exista la ley respectiva. La carencia de ésta es lo de menos, según la mayoría de los ministros, por la simple y sencilla razón de que la “legalidad” se sustenta en que el IMSS “no tiene los medios económicos, materiales ni humanos para cumplir por sus propios medios con la obligación constitucional de otorgar el servicio de guarderías a los trabajadores” (los ministros que votaron en contra de lo anterior fueron más precisos: “la subrogación es incompatible con la Constitución, porque es un modelo de negocios que se justifica para reducir los costos, en el que se deja de lado el contenido social de la prestación de este servicio… no se explica la tragedia en la guardería ABC, si no es por la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos que respondieron a favores y preferencias personales en donde se privilegió el lucro”).
Para dar un poco de contexto, un galimatías de las mismas características utilizó el ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a la hora de justificar la abierta violación de Citigroup-Banamex, toda vez que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente que “no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”, como es el gobierno de Estados Unidos, que se convirtió en el accionista mayoritario de la citada trasnacional financiera. Ante lo obvio, el “doctor catarrito” justificó: “la ley no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales… los preceptos legales vigentes, dada su generalidad y antigüedad, no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano, donde ya se permite la participación extranjera al cien por ciento, ni los escenarios de emergencia que enfrenta el sistema financiero internacional; (por ello) conforme al principio de legalidad, la autoridad no tiene facultades para aplicar una regla no prevista”. Y se quedó tan tranquilo (y Citigroup, hasta ahora, en manos del gobierno de Estados Unidos).
Así de sencilla es la aplicación: como la ley es “antigua” y afecta los modernos intereses de las trasnacionales financieras, entonces hay que violar la Ley de Instituciones de Crédito; como el IMSS, según los ministros, no tiene dinero ni recursos para garantizar el contenido social de la prestación del servicio de guarderías, entonces que se viole el precepto constitucional, se obvie la inexistencia de una ley de subrogación de guarderías, se mercantilice a los niños y de todo esto se haga un gran negocio privado, sin responsables. Con ese pretexto el gobierno federal (con cinco caretas e igual número de inquilinos de Los Pinos) ha desmantelado el aparato productivo del Estado, privatizando, concesionando y procurando enormes fortunas para los empresarios beneficiados. Y para los mexicanos, ni las migajas.
El dictamen del ministro Zaldívar sustentó el “desorden generalizado” en las guarderías subrogadas. De hecho, advirtió que “los terribles acontecimientos materia de esta investigación dejaron al descubierto que el sistema de guarderías otorgado en la modalidad de subrogación estaba lleno de fallas en cuanto a su otorgamiento, operación y supervisión, lo que resultó más grave en los aspectos relativos a la protección civil, todo lo cual al ser evidencia de una falla estructural en la prestación del servicio y no de circunstancias aisladas, permite afirmar que los titulares del Instituto, cada uno en los periodos de sus funciones, incumplieron con sus obligaciones legales consistentes en implementar políticas efectivas que impidieran tales violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guardería”.
A pesar de lo anterior, la mayoría de los ministros (seis contra cinco) aseguró que “si bien en algunas guarderías puede haber problemas en sus contratos de operación o en las medidas de protección civil que deben acatar, ésta no es una situación que pueda considerarse generalizada en todo el país”. Y por si fuera poco, exoneraron a los dueños de la guardería ABC (los parientes de Margarita Zavala y Eduardo Bours), a quienes ni siquiera se les puede señalar como “involucrados” en el incendio del 5 de junio de 2009 y la consecuente muerte de 49 bebés.
En fin, justicia a la mexicana: no hay responsables, no hay violadores, no hay asesinos. Vamos, ni siquiera “involucrados”. Sólo funcionarios dignos, éticos, honorables y, sobre todo, eficientes. Y con la decisión de la SCJN, sin duda, a partir de ahora lo serán mucho más.
Las rebanadas del pastel
Toca el turno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que desmiente lo públicamente sostenido por la justicia militar: “las muertes de Martín y Bryan Almanza Salazar, de cinco y nueve años, son resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del ejército mexicano, y no de un fuego cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como aseguraron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación”, declaró el ombudsman nacional, Raúl Plascencia. ¿Qué sucederá? ¿Acaso otro numerito como el de la SCJN? ¿Asesinatos sin asesinos? ¿Más justicia a la mexicana?
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