Pedro Miguel
L
a concentración del domingo 22 de septiembre en el Paseo de la Reforma ha colocado al país en una vela de armas. El régimen oligárquico ha exhibido las suyas, desde las muy literales que fueron paseadas en el desfile del 15 de septiembre hasta la capacidad de bombardeo televisivo con armas prohibidas: la grosera distorsión histórica, por ejemplo, que pone a Lázaro Cárdenas como un privatizador de clóset, o la suma fraudulenta que presenta a Pemex como empresa quebrada. Armas y dinero sin límites para promover lo que se quiere hacer en nombre de la escasez.
La sociedad organizada contra las reformas neoliberales de última generación, por su parte, no tiene armas literales a las cuales recurrir porque la ética y la pragmática la han expulsado –en buena hora– del campo de la violencia. Éste se ha conformado como un duopolio del poder político –que controla desde policías municipales hasta fuerzas armadas, pasando por grupos de choque como los que desfilaron por el Zócalo capitalino tres días antes del desfile oficial– y del poder delictivo, el cual tiene bajo su mando a un sector indeterminado de las fuerzas ya mencionadas, además de sus ejércitos de sicarios.
En cambio, las resistencias cívicas al programa de desmantelamiento nacional han ido ocupando un espacio físico e informativo creciente en la vida del país y han sido casi obligadas, por la fuerza de las circunstancias y por la terquedad de las bases, a intentar caminos unitarios para enfrentar las reformas de Peña. La paradoja es inocultable: el conjunto de adulteraciones legales concebido para dar un segundo aire al régimen (además de ganancias astronómicas a sus propietarios) podría generar una insurgencia cívica capaz de causar, a su vez, el colapso de una institucionalidad socavada por su propia falta de representatividad.
No es que la perspetiva de un colapso semejante sea deseable, ni mucho menos, tanto porque la construcción de esa institucionalidad ha consumido un vasto esfuerzo social como porque no necesariamente implicaría el advenimiento de un gobierno con sentido nacional capaz de revertir la barbarie neoliberal; siempre se puede estar peor. El problema es que si la actual administración prosigue su curso de colisión con la mayor parte de los sectores sociales el derrumbe institucional podría resultar inevitable, así fuera porque el poder de cooptación y atomización de las oposiciones y disidencias que ha caracterizado al llamado sistema político mexicano podría resultar insuficiente para todas las que está generando.
Los operadores –que no los autores– del más reciente paquete de reformas estructurales tendrían que cobrar conciencia del peligro de su propia situación: lanzados frontalmente contra una resistencia que podría llegar a ser nacional, mayoritariamente repudiados por el país y tocados de ilegitimidad, su sometimiento a las corporaciones trasnacionales, a los estamentos mafiosos del sistema y a las instrucciones de Washington podrían empezar a resultarles un mal negocio.
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