EDITORIAL La Jornada

Unidad en defensa del petróleo

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uauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador estamparon sus firmas bajo un comunicado difundido ayer, signado también por Pablo González Casanova, Miguel Concha Malo, el obispo Raúl Vera, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez, en el que se convoca a los ciudadanos, sin distinción de creencias, ideologías o posiciones políticas y sociales, a unirnos para evitar el despojo de la nación y de nuestro pueblo que promueven el gobierno y las corporaciones petroleras trasnacionales, en referencia a la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el mismo documento, los firmantes llaman a organizar la resistencia civil pacífica,reconociendo la autonomía y la independencia de las organizaciones y los individuos, a fin de presentar un frente al empeño gubernamental por modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, defender la soberanía, resistir la inicativa de reforma hacendaria yrechazar la campaña mediática de linchamiento contra las justas luchas de los maestros ante una reforma que los priva de sus derechos laborales y que no es educativa.

Ese documento unitario establece, de inmediato, un punto de referencia indispensable para los sectores sociales y políticos opuestos a las reformas peñistas, asimismo, esclarece el panorama político, posibilita un deslinde claro entre quienes defienden las reformas referidas –que son, vistas en conjunto, un plan de choque no muy distinto a los aplicados en Grecia y en España– y quienes las propugnan.

Cabe felicitarse por ello y hacer votos porque el Legislativo se abstenga de aprobar en automático las iniciativas que se cocinan en el seno del Pacto por México –instancia irregular que ha venido a suplantar, en los hechos, al Congreso de la Unión– y que convoque a un debate nacional amplio y pausado en el que puedan expresarse sin cortapisas todos los sectores. Asimismo, cabe esperar que se exhiba vocación democrática, representatividad real y sentido republicano, y se convoque a referendos nacionales incluyentes y sistemáticos que arrojen, sin lugar a dudas, el verdadero sentir de la sociedad sobre las modificaciones constitucionales y legales en las que está empeñado el actual gobierno federal.

Tragedia, omisiones, responsabilidades

A medida que se tiene una noción más consistente del daño causado por los meteorosIngrid y Manuel en el territorio nacional, se multiplican también los indicios que vinculan la catástrofe material y humana con actitudes negligentes, indolentes y omisas de las autoridades de los distintos niveles, antes, durante y después del paso de los ciclones.

A la falta de planificación y la presumible corrupción institucional detrás de la urbanización desordenada y riesgosa en las zonas afectadas –desde fraccionamientos y desarrollos comerciales en humedales de Acapulco hasta viviendas endebles en zonas de deslaves y en las crecientes de los ríos–, han de sumarse las denuncias, formuladas por integrantes del Poder Legislativo y por especialistas diversos, de que las autoridades no activaron oportunamente los protocolos de protección civil durante la tragedia. Significativamente, como se publicó en este diario el pasado miércoles, los funcionarios federales de protección civil no emitieron alertas sobre el paso de los huracanes sino hasta el pasado sábado 14, y un día después no habían formulado aún reportes de desalojo, en clara señal de que subestimaron los efectos de los meteoros. Igualmente grave e inexplicable resulta la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno una vez que comenzaron a conocerse los primeros saldos de la tragedia, así como el desdén oficial hacia víctimas de comunidades pobres y aisladas de la Montaña guerrense, según han denunciado organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, la afirmación reciente del coordinador nacional de Protección Civil, Felipe Puente, en el sentido de que resultaba difícil calcular a priori la magnitud del daño, choca con el hecho de que se dispone de instrumentos prospectivos para prever tales afectaciones, como los estudios realizados por el Consejo Nacional de Prevención de Desastres que enumeran las zonas susceptibles de inundación súbita en Acapulco.

En suma, son numerosos y consistentes los indicios de que las autoridades no actuaron con la previsión y la celeridad necesarias y de que en la catástrofe actual se configura una cadena de omisiones, responsabilidades, carencias e inconsistencias en el accionar público.

Por desgracia, el deficiente manejo de esta crisis ha arrojado un saldo devastador de daños materiales, número de damnificados y vidas humanas –97 personas muertas y decenas de desaparecidas, según las cifras oficiales más recientes–, y entrega una radiografía del gravísimo fracaso de las autoridades federales y estatales en el ejercicio de su tarea más elemental: salvaguardar la integridad física y patrimonial de sus gobernados.

Las presumibles responsabilidades morales, políticas, administrativas e incluso penales que han salido a relucir en las horas recientes son de tal magnitud que exigen una tarea profunda, rigurosa y transparente de esclarecimiento, de deslinde de responsabilidades y de imposición de sanciones.