La revancha de Washington

John Saxe-Fernández

L

a población, la soberanía, el abasto energético y la integridad territorial, para no mencionar la cuenta pública –en particular su sector externo–, están en riesgo por la pulverización y la extinción/extranjerización en curso de Pemex y la CFE: es la revancha de Washington ejecutada por la mayoría PRI-PAN.

Esta regresión histórica contra la nacionalización petrolera, formalizada en diciembre 2013, consumada en las leyes secundarias, entrega la renta del petróleo a los monopolios extranjeros nacionalizados por Cárdenas (big oil) y a la voraz plutocracia, cómplice además con EPN del despojo de tierras y bosques a ejidatarios, propietarios, pueblos y comunidades indígenas: desquite que consagra saqueo, privatización y corrupción bajo el alto nivel de discrecionalidad, centralización y opacidad otorgado al Ejecutivo en el manejo de este colosal asalto. Privatización y corrupción son los ejes que enlazan una revancha en que está en juego todo México.

En materia de contratos el PRIAN ignoró la objeción de la senadora Dolores Padierna de que la ley de hidrocarburos no explica sus modalidades, concediendo un alto grado de discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda, que los otorgará y definirá el monto de la renta que se pagará a los contratistas (La Jornada, 19/7/14, p. 5). Y en materia de regulación se politiza el proceso bajo una suerte de comités de reguladores, presididos por el secretario de Energía. Las leyes secundarias se tramitan al vapor. No en medio de un gran debate nacional sino, como durante Salinas y Zedillo, de una multimillonaria catarata de spots para otro festín privatizador, esta vez con el legado petrolero y eléctrico de la nación como plato fuerte para el big oil y su persuasivo cabildo.

Es una película vieja, no vanguardista, como dicen vendepatrias vergonzantes. La vimos el siglo pasado cuando los programas de ajuste estructural (PAEs) del FMI-BM-BID, repletos de jugosos empréstitos –y comisiones– lanzaron una ola privatizadora bajo el modus operandi del capitalismo de amiguetes. De ahí surgió una veintena de megamillonarios Forbes.

Entre 1988 y principios de los 90 fueron más de 10 mil las privatizaciones de empresas públicas en el mundo, cuadruplicándose al sur del Bravo. Entre 1988 y 1994 en centro y periferia capitalista se vendieron a precio vil 3 mil empresas públicas por 110 mil millones de dólares (mmd), muchas como Telmex en números negros. Como hoy, los conflictos de interés se dieron a granel. Zedillo subastó los ferrocarriles y fue premiado: pasó de presidente a asesor y/o funcionario de ferroviarias y otros monopolios privados que favoreció desde Los Pinos.

Con las privatizaciones se acentuó la concentración del poder y la riqueza para el uno por ciento y se forjó un abismo de informalidad económica, desempleo, explotación, miseria y violencia criminal para el 99 por ciento. Proliferaron los monopolios privados, los subsidios y favoritismos para cuates-contratistas, los precios al alza y el deterioro de los servicios. La desregulación nos dejó sin banca nacional y sin crédito para la industria.

Peña et al van a contracorriente. El rechazo sudamericano a lo que en México Morena, El Barzón y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala llaman el atraco a las mayorías, se repite en Europa al aumentar el malestar social ante el manejo clasista de la crisis, la tolerancia a la bofetada de los sueldos de banqueros y CEOs de firmas privatizadas que ganan 50 veces lo que sus antecesores. Mientras la desregulación estatal aquí y allá llena los bolsillos de inversionistas/especuladores a ritmos de entre el 419 y 500 por ciento, el hogar promedio entra a la informalidad y los activos pasan a manos extranjeras. Veinte años después se revisan las privatizaciones y aumenta el endoso a la renacionalización de servicios y sectores estratégicos (agua, electricidad, transporte, educación) porque las tarifas de energía aumentaron en promedio 140 por ciento, la gestión del agua 74 por ciento –sin mantenimiento, las fugas el 30 por ciento–; los boletos en tren privado subieron allá entre 100 y 200 por ciento. Aquí lo cancelaron para contener la migración forzada a Estados Unidos y el país mutó en brutal colchón migratorio lleno de fosas clandestinas y crímenes de lesa humanidad.

Stiglitz anticipó que los promotores de la privatización al sobreestimar sus beneficios y subestimar los costos políticos alientan grandes estallidos sociales. Para un pueblo obligado a pagar lo que se les antoja a las asociaciones público-privadas por transporte, agua, educación, uso de vías rápidas, salud, etc. es guerra de clase, mientras la cúpula neoliberal a cargo de los PAEs recibe suntuosas comisiones legales en cuentas suizas. A los PAEs Stiglitz los llamó empréstitos de sobornización. Los 557.7 millones de dólares del BID, parte de un paquete de empréstitos a México por 3 mil 778 mdd para infraestructura, además de engrosar la deuda pública, sirven para dar fluidez al máximo saqueo en la historia del pueblo mexicano.

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