Guerrero: el miedo a la verdad

Pedro Salmerón Sanginés

E

n su presentación como candidato al gobierno de Guerrero, en agosto de 2010, Ángel Aguirre Rivero presentó un decálogo de compromisos. El décimo decía: Propondremos la revisión de aquellos casos de presos de conciencia y desaparecidos políticos que así se requiera. Pronto dio a entender que con ello prometía crear una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes políticos del pasado. Ya como gobernador, pareció olvidar su promesa, pero la presión social lo obligó a cumplirla parcialmente y en abril de 2012, luego de medio año de discusiones, el Congreso local tomó protesta a la Comisión de la Verdad, integrada por José Enrique González Ruiz, Pilar Noriega, Nicomedes Fuentes y Arquímedes Morales Carranza.

Desde sus orígenes, la comisión fue sistemáticamente agredida por caciques locales e incluso por fuerzas federales, a ciencia y paciencia del gobernador. Contra viento y marea, los comisionados y su equipo de investigación revisaron los documentos del Archivo General de la Nación (aunque en un principio se los negaron y luego les hicieron perdedizos numerosos documentos), buscaron otras fuentes, entrevistaron a supervivientes y familiares de las víctimas (sorteando amenazas veladas y directas) y recorrieron todo el estado.

Y contra viento y marea, en octubre de 2014 entregaron su informe. En él documentan caso por caso, a veces de manera exhaustiva, la ejecución sumaria de 19 personas; la desaparición forzada de 239; la desaparición forzada transitoria de otras 209 (de las que 16 eran mujeres, al menos cuatro de las cuales fueron violadas). También informaron de otros 118 casos de presunta desaparición forzada que no pudo documentar directamente, pero de los cuales obtuvo información.

Las conclusiones son contundentes: Corresponde al Estado mexicano la responsabilidad de las violaciones a los derechos de las víctimas (también es abrumadora y aterradora la documentación que demuestra dicha responsabilidad). Por tanto, está obligado a resarcir el daño, para lo cual la comisión hace una serie de señalamientos fundados en los estándares internacionales. Asimismo, la comisión dirigió una serie de recomendaciones a los poderes federal y local, relativos a la justicia integral, la reparación del daño y una serie de medidas preventivas para impedir la repetición de atrocidades similares o peores… como el que apenas dos semanas antes había ocurrido en Iguala, con la desaparición –con la participación directa de agentes del estado– de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El informe se entregó en octubre. Han pasado seis meses. Nicomedes Fuentes me explica que, de acuerdo con la ley que creó la comisión, se entregó el informe a los tres poderes de Guerrero. El Legislativo lo subió a su página de Internet. El Ejecutivo, que estaba obligado a publicarlo y distribuirlo en todas las bibliotecas públicas del estado, no cumplió. La fiscalía general está haciendo estudios. Y no hay nada más: ni en materia de reparación del daño, justicia, medidas de no repetición y el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Igual el gobierno federal, al que corresponde dar respuesta a los 512 casos documentados por la comisión: Tuvimos una reunión a principios de marzo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y quedamos que se retomarían los asuntos pendientes en otra reunión después de Semana Santa. Ahorita no nos han podido recibir.

Pregunté a los cuatro principales candidatos al gobierno de Guerrero cuál era su posición ante el informe. El candidato del PAN me pidió mi correo para enviar respuesta, que no llegó al cierre de este artículo. El de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, respondió con claridad: es imprescindible “dar garantías de no repetición y buscar reparación del daño, así como asumir la responsabilidad de cara a la sociedad.

“Es necesario –añadió– crear una comisión ciudadana de la verdad, en torno al caso Ayotzinapa con reconocimiento estatal, así como garantizar que la represión contra los luchadores sociales se detenga. Yo me he comprometido a la liberación de Nestora Salgado, Marco Antonio Suástegui y demás presos políticos fabricados por gobiernos represores.”

Desde el gobierno y sus dos candidatos, silencio. Entiendo que un gobierno que le tiene tal miedo a la verdad y a la justicia (el federal, priísta, heredero directo de los responsables; el local, perredista, cómplice, por decir lo menos) es incapaz de permitir el tránsito a la democracia, que pasa necesariamente por la verdad y la justicia. A nosotros no parecen dejarnos sino la impotencia. Le tengo miedo a un régimen que le tiene terror a la verdad.

Pd: Aquí el informe:

Pd2: Agradezco a mi colega Alberto López Limón, uno de los investigadores y quien elaboró la reconstrucción histórica por encargo de los comisionados, por facilitarme el documento y contactarme con la comisión.

Twitter: @PASalmeron

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