Astillero

 Poder de excepción a Peña

 Discrecionalidad peligrosa

 Votación en San Lázaro

 Obstruir a GIEI y ONU

Julio Hernández López

M

éxico entero vive a la fecha una condición oficialmente no declarada ni reconocida de excepcionalidad jurídica, sin respeto a las garantías constitucionales, entre los restos de una estructura institucional absolutamente rebasada por la corrupción, la injusticia y los nuevos poderes dominantes, los del crimen organizado en sus dos vertientes, la de los políticos y los gobernantes, y la de los delincuentes sin nombramiento oficial ni fuero formal.

De la situación desastrosa del andamiaje jurídico y político del país, y de sus dolorosas y macabras consecuencias prácticas, incluso han dado firme testimonio diversas instituciones internacionales. A pesar de los esfuerzos del peñismo por mantener una fachada medianamente aceptable en esos terrenos, la realidad aplastante ha sido inocultable para visitadores extranjeros. De aquel presunto Momento mexicano del arranque peñista se ha llegado al Horror mexicano poblado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos por miembros del crimen organizado, pero también de policías, soldados y marinos, en una barbarie que pareciera no tener fin.

Salvo declaraciones y propaganda, nada de fondo se hace realmente para corregir tan catastrófico cuadro mexicano. En cambio, se actúa tramposamente para desacreditar, confrontar y obstruir a entidades que han sido legítimamente autorizadas, mediante tratados, convenios y acuerdos con el Estado mexicano, para dar cuenta de lo que sucede en el país en determinados rubros críticos. Al relator de Naciones Unidas para asuntos de tortura, Juan Méndez, por ejemplo, se le está impidiendo que realice una visita más a México, pues Los Pinos prefiere esperar a que ese funcionario internacional termine con su periodo de ejercicio y entre en funciones otro revisor que no diga, como lo hizo Méndez el año pasado, que en nuestro país la tortura es generalizada.

El pretexto para negar el ingreso oficial al país al relator Méndez es que se está en espera de que sea aprobada una ley contra la tortura. En realidad, se está en presencia de una treta vengativa que pretende impedir la nueva dictaminación negativa del peñismo en materia de esa tortura generalizada que sólo en los posicionamientos oficiales puede ser negada y que obviamente no desaparecerá ni disminuirá notablemente a partir de la emisión de nuevas normas legales.

Otro factor de enojo en las alturas mexicanas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha recibido ya un informal aviso de despido unilateral por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ayer dijo que el plazo de ese grupo para sus indagaciones sobre los 43 de Ayotzinapa termina en abril próximo. La referencia de calendario es correcta (en efecto, el segundo periodo del GIEI en México termina en unas semanas más), pero la intención política del Estado es no refrendar el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que permite las investigaciones del grupo de expertos en mención. En el fondo, es dar por cerrado el caso, con la reivindicación práctica de la verdad histórica de Murillo Karam por parte del gobierno peñista y sin haber permitido que el GIEI interrogara a los militares que estuvieron presentes en diferentes momentos de la noche y la madrugada en que desaparecieron los normalistas en Iguala.

¿UN DICTADOR EN POLANCO?. El busto ubicado sobre la calle Rubén Darío, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, develado en septiembre de 1997 por el doctor Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de Nicaragua, en realidad no corresponde al poeta nacido en Metapa, sino al dictador Anastasio Somoza García, quien fue derrocado por el movimiento sandinista en 1979Foto cortesía de José Tomás Zepeda

Ese cuadro de irrefutable violación sistemática de las garantías constitucionales, con estados de excepción dictados de facto en determinados momentos y lugares (las fuerzas armadas arremetiendo sin restricción alguna, imponiendo una sumaria pena de muerte a título de limpieza de lacras humanas) está en vías de ser potenciado ylegitimado conforme a lo decidido ayer por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al aprobar un dictamen que en estos días será presentado para su previsible aprobación por el pleno de San Lázaro.

De votarse favorablemente, como todo hace suponer, la reglamentación del artículo 29 constitucional, el ocupante en turno de Los Pinos (es decir, en lo inmediato, Enrique Peña Nieto) podrá suspender las garantías constitucionales y establecer un estado de excepción en todo el país o en alguna de sus partes territoriales a partir de criterios discrecionales tan amplios como, por ejemplo, el que a su entender hayagraves afectaciones a la paz o a la estabilidad interna del propio Estado.

En un sistema y con un gobierno que tuviera cartas de presentación más o menos aceptables, podría discutirse en abstracto si es conveniente regular el citado artículo 29 constitucional para no dejarlo a la más absoluta de las interpretaciones. Pero en un sistema de simulación y represión como el mexicano, con un gobierno como el peñista, aprobar en general esa regulación es entregar una peligrosa carta en blanco para aplicar la fuerza policiaca y militar contra cualquier circunstancia que a juicio del grupo en el poder signifique un contratiempo o una amenaza, ya sea de tipo electoral, social (movilizaciones y protestas), económica y conexas.

Todo cabrá en el jarrito del autoritarismo dúctil de esta reglamentación del artículo 29 constitucional. Por ejemplo, revueltas de gran calado (¿protestas poselectorales?), incursiones de grupos armados internos (¿los cárteles como pretexto?), crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público y eventos derivados de la intervención humana como incendios, accidentes y similares.

Ah, de aprobarse esta reglamentación, el ocupante de Los Pinos deberá solicitar al Congreso, en su momento, que autorice la declaratoria de suspensión de garantías o de estado de excepción. Sería un trámite de fácil cumplimiento, como lo fue ayer la aprobación del dictamen en la Comisión de Gobernación de San Lázaro, donde todos los partidos, excepto Morena, y con la abstención de Poncio Pilatos-Movimiento Ciudadano, votaron en favor. ¡Hasta mañana!

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