Nestora, libre
Gloria Muñoz Ramírez
L
a libertad de Nestora Salgado es un logro del movimiento social, de la protesta, de la fina y experimentada estrategia de sus abogados Leonel y Sandino Rivero, pero sobre todo es un logro de la Policía Comunitaria de Guerrero, esa notable experiencia de seguridad y justicia autónoma que, como pudo verse hoy, enfrenta de pie sus problemas internos y mantiene una postura combativa frente a los altos niveles de delincuencia organizada vinculada a los diferentes niveles de gobierno en la región y en la nación entera.
No hay quien le devuelva los 31 meses que estuvo en prisión, 22 incomunicada en una cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit, donde tenía luz mañana y noche, las celadoras tenían prohibido tocarla y dirigirle la palabra, no tenía visitas y tampoco los derechos que sus compañeras, muchas de ellas de alta peligrosidad, podían gozar. Luego la trasladaron a la torre médica del penal femenil de Tepepan, de donde este viernes salió libre de culpas, absuelta de cualquier cargo.
Ni secuestradora ni delincuente, como repitió una y otra vez durante la larga jornada de su liberación.
Los nueve presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero fueron el centro del discurso de Nestora Salgado. Los familiares de quienes permanecen en la cárcel la rodearon.
Nos tacharon de delincuentes, pero las policías comunitarias son totalmente legítimas. Hemos decidido morir luchando y no como chivos, amarrados. Las policías comunitarias son nuestra única vía para dar seguridad a nuestros pueblos. ¿Por qué, entonces, cuando un pueblo levanta la voz, es reprimido?, se preguntó Giovanni Torres Salgado, comunitario sobrino de la comandanta, y uno de los más cercanos durante todo su proceso.
Su libertad, de acuerdo con el abogado Sandino Rivero, abre la salida de los presos comunitarios restantes. Se probó jurídicamente que no hubo secuestros ni ningún otro delito, por lo tanto ninguno de ellos tendría por qué estar en prisión.
Además de los presos de la CRAC, se puso en la mesa a los aproximadamente 500 presos políticos del país. Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, entre otros, encabezan la lista de los territorios en los que luchar y defenderse es un delito.
Agustina García, esposa de Arturo Campos Herrera, consejero regional de la Casa de Justicia Comunitaria, preso en Ayutla, representa a los familiares de presos que abandonan su cotidianidad para convertirse en luchadores por la libertad de sus padres, esposos o hijos. Mujer guerrera, no duda en exigir la libertad de su marido:
Hay muchos presos de conciencia que nadie voltea a ver. ¿Por qué los encarcelan a ellos y los que hacen el mal están libres?, es la pregunta principal.
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