Aulas de emergencia

Luis Hernández Navarro

L

a maestra Érika Elizabeth Nú­ñez Montes ha hecho de la banqueta un aula de emergencia. Cada día, en la calle Nicolás García 60, Iztapalapa, frente a la escuela Nicolás García, en la que enseñó durante más de 10 años, imparte clases de quinto año de primaria.

El precario salón de clases de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza funciona en el turno vespertino desde que el pasado 7 de marzo un grupo de funcionarios irrumpió en la escuela para notificarle a la maestra Núñez que, a partir del 1º de marzo, estaba despedida.

A la profesora Érika la cesaron en su trabajo a pesar de que era querida y respetada por sus alumnos y sus padres de familia, y de que no había faltado a clases. Durante años, su labor frente a grupo ha sido intachable. Desempeñó siempre su función con responsabilidad y compromiso. Sin embargo, fue cesada por negarse a presentar un examen al desempeño docente, mal hecho y peor aplicado, que no consideró ni su plan de trabajo ni las condiciones en que tuvo que enseñar a los niños.

La escuela en que la maestra Núñez Montes educa está enclavada en una zona de la ciudad de México particularmente violenta. Apenas el pasado 19 de octubre, no muy lejos de sus instalaciones, apareció colgado el cuerpo de un hombre. Los alumnos que asisten a ella provienen de familias en su mayoría humildes. No son pocos los que han crecido en hogares rotos. La profesora, con 13 años de servicio (10 de ellos en la Nicolás García), sabe cómo enfrentar estos desafíos, que ningún examen para medir conocimientos puede evaluar.

Al enterarse del despido de la maestra, los padres de familia se indignaron y exigieron a las autoridades escolares que fuera reinstalada. Y cuando éstas se negaron a devolverle su trabajo, apoyaron que siguiera dando clases, aunque fuera en la calle. Están dispuestos a salir a marchar para que ella regrese. Mejor que nadie, ellos saben lo que Érika ha hecho por sus hijos. Viven su cese como una arbitrariedad, como una enorme injusticia.

Érika Elizabeth Núñez Montes es una de los 3 mil 360 docentes despedidos en el país por no presentar la prueba al desempeño. Al igual que en su caso, en muchos lugares del país los padres de familia se han solidarizado con ellos. La lista es larga: Durango, Tlaxcala, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y un largo etcétera. Han solicitado pacíficamente a los funcionarios educativos la reinstalación de sus profesores y, cuando no les ha hecho caso, han ocupado escuelas, marchado y tomado oficinas públicas. Como en Iztapalapa, han levantado aulas de emergencia.

Las formas de lucha varían de estado a estado. En Campeche, los maestros y maestras cesados asisten a sus planteles y cumplen su horario, aunque no puedan ingresar a los salones de clase. Los padres de familia firman la lista de asistencia de los docentes, para dar fe de su presencia en las escuelas. El profesor Uk Tuz explicó a este diario: Hoy me presenté como de costumbre todas las mañanas; nuevamente intenté ingresar al plantel, pero estaba la directora, que me dijo que seguían en pie las acusaciones de la secretaría y, para dar fe de que acudí a mi labor, recabé las firmas de los padres de familia que me estuvieron apoyando y me retiraré a la una de tarde, para que no digan que abandono mis labores.

Las autoridades gubernamentales han respondido con sordera, prepotencia y represión. El pasado 17 de marzo, en Durango, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos profesores que protestaron contra los despidos afuera del Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe. Están acusados de motín y privación de la libertad. La noche anterior, policías realizaron al menos cinco cateos en casas de docentes inconformes. Una de las esposas de los maestros dijo: Me amenazaron cuando no encontraron a mi marido; me dijeron que si no decía dónde estaba me lo iban a regresar muerto. Según la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, existen 20 órdenes de aprehensión más contra otros docentes. Y, en Tlaxcala, elementos de seguridad agredieron a docentes y padres de familia que protestaron afuera de la Unidad de Servicios Educativos. La maestra Citlali Ortiz Cano recibió varios golpes de los uniformados.

En diversos estados se han efectuado movilizaciones magisteriales de protesta contra los despidos de sus compañeros. En Zacatecas, los trabajadores de la educación tienen tomada la Secretaría de Educación, y ya encarrerados, ocuparon también el Congreso del estado. En Mazatlán, Sinaloa, iniciaron un plantón en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y colocaron una ofrenda floral con dedicatoria a la muerte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que traicionó a los maestros de base.

Los profesores cesados por la SEP por no presentarse el examen al desempeño no son ni irresponsables ni malos maestros. Por el contrario, la mayoría de ellos son excelentes profesionistas, comprometidos con su trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Unos no se presentaron a la evaluación porque fueron requeridos para hacerlo con muy pocos días de anticipación. Otros, porque rechazan la falsa reforma educativa y decidieron no avalarla con su presencia. Algunos más porque consideraron que era oprobioso que, después de años de servicio y buenos resultados prácticos, se les sometiera a la humillación de tener que demostrar que tenían los conocimientos para ejercer. Finalmente, varios estimaron que no tenían por qué renunciar a derechos adquiridos y permitir que se les aplicara una nueva legislación de manera retroactiva.

Por lo pronto, el gobierno federal ya tiene un nuevo problema en puerta. Además de presentar demandas legales y amparos ante los despidos injustificados, el magisterio democrático decidió irse a huelga nacional, a más tardar el 1º de mayo. Poco menos de cinco semanas después, el 5 de junio, habrá elecciones para gobernador en 12 estados.

Twitter: @lhan55