John M. Ackerman
L
os habitantes de la Ciudad de México no tenemos para qué seguir aguantando el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera. El próximo 5 de junio tendremos una oportunidad de oro para mandar el actual jefe de Gobierno a su casa y simultáneamente transformar radicalmente tanto la forma como el fondo en que se ejerce el poder en la capital del país. Pocas veces en la historia se presentan coyunturas tan propicias para la transformación política e institucional. No la dejemos escapar.
En la próxima elección de diputados a la asamblea constituyente de la Ciudad de México se pone en juego el futuro no solamente de la ciudad sino de la política nacional en su conjunto. ¿Los mexicanos estamos conformes con la destrucción del país encabezada por el PRIANRD o todavía nos queda algo de dignidad republicana y esperanza democrática? ¿Los capitalinos nos damos por vencidos frente a la represión, la arbitrariedad, la privatización, la corrupción, el entreguismo y la destrucción ambiental promovidas por Mancera o estamos dispuestos a levantar la voz para defender nuestro derecho a una vida digna?
Mancera y Enrique Peña Nieto han diseñado la asamblea constituyente para anular su contenido democrático y para garantizar el control absoluto de los políticos de siempre sobre la redacción de la nueva carta magna. Como ya se sabe, los partidos del Pacto por México nombrarán directamente a 40 de los 100 representantes. Asimismo, debido a la intervención facciosa del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento electoral que recibirán el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados del Partido
Verdey el Partido Nueva Alianza rebasará por mucho la mínima presencia electoral que estos institutos políticos tienen en la ciudad.
Pero aun en esas circunstancias adversas, con nuestra participación masiva este próximo 5 de junio los ciudadanos podemos poner un alto a la mafia del poder. Específicamente, un respaldo contundente al nuevo partido ciudadano, Morena, podría detener el saqueo neoliberal e iniciar la emancipación de todos los capitalinos del yugo de la corrupción estructural.
Una tarea urgente, por ejemplo, sería incorporar la figura de la revocación de mandato para el jefe de Gobierno y aplicarla inmediatamente a Mancera. Así acabaremos de manera inmediata con la penuria que vivimos todos los días en la ciudad. Mancera cuenta con una tasa de aprobación ciudadana aún menor que Peña Nieto. Con sus traiciones, el actual jefe de Gobierno ha perdido la confianza de los habitantes de la ciudad. Ha llegado la hora de demostrarle a la clase política quién realmente manda en la capital.
Otra propuesta ciudadana, que ya ha sido retomada por Morena, sería dejar asentada la prioridad absoluta del interés público y ambiental sobre los intereses particulares y privados en la capital. Desde el mismo texto constitucional habría que prohibir la privatización de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria y las asociaciones público-privadas. También habría que dotarle de instrumentos jurídicos efectivos para aumentar la recaudación fiscal, controlar la contaminación, acabar con la corrupción, multiplicar los espacios públicos y garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la cultura y una vida digna a todos y cada uno de los habitantes de la capital.
Una constitución transformadora también incluiría un compromiso claro con los indígenas, las mujeres, los jóvenes y la libertad de expresión. Habría que hacer realidad los acuerdos de San Andrés para los pueblos indígenas de la Ciudad de México, garantizar la estricta equidad de género en todos los ámbitos de la ciudad, multiplicar los servicios y apoyos para los jóvenes, asegurar el acceso gratuito a Internet para todos, y crear una multitud de nuevas iniciativas informativas y periodísticas.
Una constitución realmente ciudadana no solamente incluiría un listado de derechos humanos, sino que también obligaría al gobierno a hacerlos realidad. Habría que cambiar radicalmente la forma de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial local, someter a los jueces y magistrados a una estricta vigilancia ciudadana, así como crear nuevas figuras jurídicas que permitan a los ciudadanos demandar al gobierno si no cumple con sus responsabilidades constitucionales.
En los últimos años, y particularmente a partir de las movilizaciones en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, ha quedado claro a cada vez más personas que el responsable de nuestra desgracia
es el Estado. Hoy se presenta una gran oportunidad para despedirnos de aquel Estado oligárquico y corrupto que reprime y desaparece a estudiantes, para dar paso a un nuevo Estado comprometido con la paz, la justicia, la participación y la democracia. Pasemos de la indignación a la acción.
Twitter: @JohnMAckerman
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