La guerra de lodo contra el GIEI

Luis Hernández Navarro

L

a campaña de lodo contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es como una novela policiaca al revés. En las obras clásicas del género un detective se encuentra con un crimen y debe investigar la identidad de quien lo cometió. Primero hay un homicidio y luego se busca al criminal que lo perpetró. Sin embargo, en la guerra sucia contra el GIEI la historia camina en sentido inverso. En la novela negra al revés sobre los expertos independientes primero encontraron a los criminales y luego les buscaron un crimen que achacarles.

El guión está claro. Desde hace semanas, los organizadores de la campaña contra los expertos independientes que proporcionan asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se han dedicado a inventarles todo tipo de delitos. Han echado mano de la máquina de fango para sembrar en la opinión pública todo tipo de falsedades y medias verdades sobre ellos y su trabajo.

Las acusaciones en su contra caen cada día en cascada. Lo mismo se cuestiona su profesionalismo que sus salarios. Se les señala como cómplices de guerrilleros o como viajeros frecuentes que casi no pasan tiempo en México. Se les presenta como activistas políticos que buscan desacreditar al gobierno federal. No hace falta presentar pruebas. O, si se requiere, se inventan.

¿Por qué esa cruzada contra el GIEI? La ofensiva arrancó el 6 septiembre de 2015. En esa fecha, los expertos presentaron un informe de trabajo de seis meses, que mostró la mentira de la verdad histórica del gobierno y evidenció la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 alumnos de Ayotzinapa hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. Señalaron también nuevas rutas de investigación que las autoridades deberían seguir para esclarecer los hechos.

Antes del informe del GIEI, apenas y se difundían opiniones negativas sobre el organismo o acerca de sus integrantes en los medios de comunicación. Casi nadie cuestionaba su pasado laboral o su experiencia profesional. Las primeras críticas comenzaron a escucharse en los últimos días de agosto. Pero a partir de septiembre se convirtieron en un verdadero alud de fango. ¿Así o más claro?

El epicentro de ese ataque provino del núcleo más duro del Estado. La campaña recurrió al más vulgar patrioterismo para tratar de descalificar a los expertos extranjeros por no ser mexicanos. También acudió a José Antonio Ortega Sánchez, personaje de los sótanos de la política mexicana, integrante de la cofradía de ultraderecha El Yunque, y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC.

Una de las demandas del GIEI que más inflamaron a los sectores más duros del Estado fue la de entrevistar a militares del 27 batallón de infantería, en su calidad de testigos directos de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. No pretendían interrogarlos judicialmente, pero sí hablar con ellos. Cuando el Estado propuso que la PGR los inquiriera, los expertos aceptaron con dos condiciones: estar presentes y poder repreguntar o ampliar preguntas. A raíz de esa petición las agresiones y calumnias contra los expertos se intensificaron.

Curiosamente, José Antonio Ortega Sánchez, heredero de la lucha cristera y uno de los articuladores públicos de la cruzada anti-GIEI, se ha dedicado a participar en actos de desagravio y homenaje al Ejército. El 11 de marzo de 2015 estuvo presente en el cuartel militar Francisco Villa, de la décima Zona Militar, para la realización de un homenaje a las fuerzas armadas de México. El 28 de julio de 2015 participó en el homenaje que Index, sección Nuevo León, organizó al Ejército en instalaciones de la séptima Zona Militar. El 21 de septiembre de ese mismo año, en la 25 Zona Militar en Puebla, el mismo Ortega Sánchez hizo un reconocimiento a los actos heroicos de los militares por construir la paz en México. Días después, el 30 de octubre, presenció una reunión entre el entonces alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el general de brigada diplomado de Estado Mayor Fausto Bautista Ramos, encargado de la 24 Zona Militar. La lista sigue.

El GIEI vive un momento crucial. El 30 de abril se cierra su segunda etapa de trabajo, y todo hace suponer que, a pesar de la exigencia de los padres de familia de los desaparecidos que desean que los especialistas permanezcan en el trabajo, el gobierno ha decidido no renovar su contrato.

Con el reloj caminando a gran velocidad, durante las próximas seis semanas se desarrollará una sorda batalla. Aunque la verdad histórica naufragó, el gobierno trata de ponerla a flote de cualquier manera. Hasta ahora, los expertos han logrado impedir la maniobra, al tiempo que buscan que se esclarezca realmente lo sucedido.

Pero, más allá del desenlace formal que tenga este episodio por el relato, sigue en disputa el camino que seguirá la investigación. Tal y como fue armado el expediente del caso, la pesquisa gubernamental busca presentar la noche de Iguala como una acción local perpetrada por el crimen organizado. Sin embargo, hay elementos muy sólidos que permiten establecer jurídicamente que se trató de un crimen de Estado.

El aferramiento gubernamental a su narrativa y la guerra de lodo contra el GIEI le traerá un costo político mayor que el pagado hasta ahora. En el terreno internacional, su prisa por cerrar el caso a como dé lugar, impidiendo que la verdad aflore, no hará sino aumentar las dudas sobre su responsabilidad en el crimen. Si se niega a esclarecer lo sucedido, Ayotzinapa perseguirá a los funcionarios de esta administración muchos años después de que hayan salido de sus cargos.

Twitter: @lhan55