Bernardo Bátiz V.
E
n México se reconoce generalmente que el presidente de la República es la persona con más poder que cualquier otra; puede que no sea totalmente cierto, pero eso se percibe; el presidente dice y lo dicho por él se cumple, él manda y muchos obedecen, ordena y sus órdenes se cumplen. Ordena, manda, sugiere, señala, abierta o veladamente y a su alrededor en los tres poderes formales y en otros fácticos, hay disciplina y obediencia.
Jorge Carpizo, quien estuvo al servicio de un presidente, Carlos Salinas de Gortari, explicó y, en mi opinión, también trató de justificar algo evidente, que el presidente tiene muchas facultades reconocidas en la Constitución, pero que tiene también otras que no son pocas y a las que el ex rector de la UNAM llamó
las facultades metaconstitucionales del presidente. Carpizo observó un fenómeno de la sociología política, no se trata de un concepto jurídico, objeto de estudio de los jurisconsultos, el ejercicio de esas facultades no autorizadas en ley alguna se encuadra o ubica en el mundo del ser no en el mundo del deber ser.
El poder es la posibilidad real de hacer algo personalmente o por conducto de quienes reciben órdenes y las obedecen; el poder es también la posibilidad de obtener lo que se quiere. Los estudiosos distinguen autoridad de poder: tiene autoridad el gobernante cuando es obedecido voluntariamente por los gobernados, quien no tiene autoridad para ser obedecido requiere del uso de la fuerza o de alguna otra forma de mover la voluntad ajena.
Cerrar el programa radiofónico de Carmen Aristegui fue un acto de poder, de pura fuerza. No fue un acto legítimo de autoridad; se trató de una orden a los dueños de la estación, que éstos ejecutaron como se les pidió, seguramente bajo mucha presión. Despidieron de su programa a una comunicadora libre, inteligente y con un valor personal a toda prueba; se trató de un acto de poder, no de autoridad.
Haber adquirido una mansión valuada en muchos millones de pesos constituyó también un acto de poder, en este caso de poder económico, pero tampoco dentro del marco jurídico que exige justificación de la fuente de los recursos y transparencia; ambas conductas, una adquisición no explicable a primera vista y el despido mediante presiones de una persona que denunció un hecho reprobable, son conductas que forman parte de las llamadas facultades metaconstitucionales del presidente.
Las cosas, a despecho de quien las ordenó, no quedaron ahí; el poder tiene sus límites y tener poder hoy no garantiza que se tendrá mañana, tampoco que lo que se haga sea necesariamente aprobado por los contemporáneos que a veces son jueces muy severos.
Que el titular del Poder Ejecutivo, rodeado de quienes forman parte de su equipo y están bajo sus órdenes o sujetos a compromisos con el poderoso, pida disculpas por haber llevado a cabo un acto metaconstitucional, la adquisición de la Casa Blanca, a primera vista parece una retractación y un reconocimiento de algo indebido, pero no lo es; se trata simplemente de un nuevo acto político, uno más de la voluntad personal del Presidente, esta vez encaminado a rescatar su prestigio en declive.
Pedir perdón no está de ninguna manera incluido como una conducta propia de un funcionario público, ni es algo autorizado expresamente por ley alguna. Fue una expresión de la voluntad que tiene como origen otra presión, en este caso la presión de la opinión pública, indignada por la denuncia de los hechos, Casa Blanca y despido de Aristegui; la opinión del pueblo se expresó condenándolos de muchas maneras, en especial en críticas en otros medios de comunicación y por las redes sociales; la opinión pública no perdona, en realidad emitió su condena y, como se dice coloquialmente, se las tiene guardadas para cuando se las pueda cobrar.
Diferente hubiera sido que el Presidente, acorralado por la opinión pública en su contra, llevara a cabo un acto de autoridad, una acción legítima encaminada a la corrección del acto indebido; que mostrara el propósito de enmienda, arrepentimiento de lo hecho mal e intención de corregir lo indebido.
Eso quizá habría producido un efecto positivo para quien quiere limpiar su imagen y conservar su estatus, pero se perdió la oportunidad. Algo, sin embargo, cambió en el fondo, algo nuevo sucedió; es una lección a los poderosos: deben aprender que su poder no es ilimitado, que hay un juez permanente, observador, exigente, que es el pueblo que se percata de lo que sucede y emite sus juicios de valor. Es la muestra de que si los poderes formarles del Legislativo o del Judicial no cumplen con su deber de limitar al poder del Ejecutivo, el pueblo soberano sí lo puede hacer y lo hace a su modo, al extremo de que obligó al Presidente a buscar una excusa, a solicitar un perdón, que no es cosa menor.
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