México SA

Huelgas mineras: nueve años

Cananea, Taxco, San Martín

Gobierno resguarda a Larrea

Carlos Fernández-Vega

Aspecto parcial de la mina Pasta de Conchos. Imagen de archivoFoto Marco Peláez

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ara dimensionar el alegre discurso del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que el país acumula muchísimos meses sin huelgas a nivel federal, prevalece la paz laboral y, en fin, existe capacidad de diálogo entre los factores de la producción, el Sindicato Nacional de Mineros le recuerda que el pasado sábado se cumplieron nueve años del estallido simultáneo de (¡sorpresa!) tres huelgas que a la fecha se mantienen sin solución, porque la autoridad, lejos de ser factor de equilibrio, se ha dedicado (en dos gobiernos al hilo) a proteger los intereses de un empresario altamente tóxico.

Ciento ocho larguísimos meses de huelga, a lo largo de los cuales el empresario –quien ha amasado su enorme fortuna con los bienes de la nación– ha recibido plena protección gubernamental y las dulces mieles de tener amigos donde hay que tenerlos, mientras los trabajadores que las estallaron sólo represión (recuérdese la furia federal en Cananea) y olvido.

Así es. El 30 de julio de 2007 simultáneamente alrededor de 3 mil mineros estallaron la huelga en tres minas concesionadas a Grupo México del tóxico Germán Larrea: Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero, por las constantes violaciones a los contratos colectivos y la falta de seguridad e higiene, algo que recordaba lo sucedido en Pasta de Conchos (también entregada a ese empresario), en febrero de 2006, donde murieron 65 mineros” (una década después el empresario se mantiene impune).

En aquella fecha el sindicato denunció que ante la complacencia gubernamental (como en Pasta de Conchos), Grupo México no quiere revisar el contrato colectivo de trabajo ni establecer medidas de seguridad, pero sí promueve despidos injustificados y envía grupos de choque para intimidar a los trabajadores que ya no tolerarán esa situación. Y estallaron las huelgas, que a estas alturas se cuentan entre las más prolongadas de la historia de México.

Nueve años y dos gobiernos después (el de Calderón y ahora el de Peña Nieto), la exigencia obrera permanece desatendida y, como se ha comentado en este espacio, en el caso de Cananea la huelga se prolongó tres años hasta que el 7 de junio de 2010 el gobierno panista arregló el conflicto a golpe de bala, macana y represión laboral, y para ello contó, entre otros, con los secretarios de Gobernación (Fernando Gómez Mont, abogado de Larrea antes, durante y después de ejercer ese puesto en el gabinete), del Trabajo (Javier Lozano –calificado por el propio empresario como mi gato–, quien utilizó el estallido de la huelga como cortina de humo para evadir el espinoso asunto de los dineros de Zhenli Ye Gon) y de Seguridad Pública, con el impresentable Genaro García Luna a la cabeza.

En aquel entonces los representantes de Grupo México aseguraban que no existe un sustento para acreditar que habría violaciones al contrato colectivo de trabajo o merma en la seguridad de las minas y plantas. Eso fue en 2007 y 2010, cuando Felipe Calderón y la autoridad judicial le dieron la razón a Larrea y su corporativo, pero resulta que en 2014 el gobierno federal y el Congreso descubrieron que el reclamo sindical y su advertencia sobre la falta de seguridad e higiene en las minas y plantas de Grupo México no sólo tenían sustento siete años atrás, sino que se mantienen plenamente vigentes. Y en 2016 el empresario se mantiene impune y sin solución las demandas de los mineros.

Por lo anterior, “el Sindicato Nacional de Mineros exige una vez más al gobierno federal y a las autoridades laborales del país que sienten a la mesa de negociación al Grupo México y lo obliguen a cumplir con la ley, que esta corporación multinacional persistentemente ha incumplido y violado. No es posible que hayan transcurrido ya esos nueve años sin que los sucesivos gobiernos se ocupen de resolver las huelgas y en doble lenguaje, por otra parte, digan sus autoridades laborales que en México no existen huelgas a nivel federal.

La mejor muestra de que esta es una falsedad la dan estas tres huelgas a nivel federal, con esos nueve largos años de duración. Urge que este gobierno se decida, de una vez por todas, a no solapar más al empresario Germán Larrea en su designio de ignorar estos tres movimientos. Los mineros se preguntan hasta cuándo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dejará de apoyar a este empresario y cuándo dejará la simulación de que todo está bien en el país en cuanto a los justos movimientos laborales de protesta.

Semanas atrás, en una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Suiza, Navarrete Prida presumía que “en México prevalece un ambiente de paz laboral que confirma la capacidad de diálogo entre los factores de la producción. El dialogo social fuerte, sólido y tripartito ha permitido alcanzar casi 32 meses sin una huelga de jurisdicción federal… La paz laboral permite generar acuerdos, promueve mejoras en la productividad, incentiva la formalización del empleo, contribuye a generar programas para dar capacitación, alienta la inclusión social y permite alcanzar mercados laborales más prósperos y equitativos. No existe precedente alguno en la historia nacional, desde que se llevan registros, de un periodo tan largo de paz laboral”.

Eso presumía en Ginebra, Suiza, en la primera semana de junio pasado, pero resulta que allí están tres huelgas no sólo de carácter federal sino transexenal (Calderón-Peña Nieto, y sus, hasta ahora, tres secretarios del Trabajo: Javier Lozano, Rosalinda Vélez y Alfonso Navarrete Prida) que nadie en el gobierno pretende resolver, porque hacerlo sería meter en cintura a uno de los empresarios más depredadores de este país, el tóxico Germán Larrea.

Allí están tres casos: nunca fue sancionado por el homicidio industrial en Pasta de Conchos; en agosto de 2014 su empresa Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea, en donde, en mayo pasado, murieron tres trabajadores) derramó 40 mil metros cúbicos de residuos altamente tóxicos y afectó a más de 24 mil personas, y no le retiraron la concesión; tras el cierre de su unidad minera en Taxco, la Profepa detectó que el suelo de los jales está contaminado de arsénico, plomo, cadmio y vanadio. Y así se mantiene, porque prevalece la paz laboral.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades!, cándidos mexicanos, porque a partir del primer minuto de hoy tendrán… oottrroooo beneficio de la reforma energética: aumenta 3 por ciento (6 en dos meses) el precio de las gasolinas y el diésel.

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