Bernardo Bátiz V.
M
ientras pensaba en escribir sobre las enseñanzas y advertencias que nos deben dejar a todos, pueblo y gobierno, los lamentables hechos sucedidos en Culiacán, busqué un viejo texto de derecho constitucional, el clásico de Felipe Tena Ramírez, inquieto por la noticia de una cita del Senado al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, con objeto de dar explicaciones y aclaraciones sobre puntos inciertos de la detención de los hijos de El Chapo Guzmán, el caos posterior, la presencia de sicarios por varias partes de la ciudad, los disparos, muertos y heridos. Recordaba que una vez, siendo procurador del Distrito Federal, aclaré al Senado que no tenía facultades para citarme e interrogarme acerca de un asunto a mi cargo.
Estaba en eso y sucedió algo inesperado; cuando buscaba argumentos para explicar si esa cámara tiene o no esas atribuciones, del libro hacía mucho no abierto, cayó una hoja amarilla por el tiempo, con una cita que de seguro usé para alguna plática o artículo y que ahora no resisto en compartir con los lectores de La Jornada; tamaño esquela, escrita a máquina, con sólo mayúsculas, tomada, según el último renglón, de un libro con el título
Anecdotario mejicano, así con
j, página 64; el nombre del autor, Jorge Mejía Prieto agregado a lápiz.
La transcribo íntegra porque viene al caso con motivo de la firme respuesta que nuestro Presidente dio a los impertinentes representantes de Estados Unidos. Se titula: Esto es patriotismo. “Siendo presidente de la República el general Ignacio Comonfort, en julio de 1857 fue enviado a Méjico el ministro John Forsyth, de USA, con instrucciones de comprar mediante pago en efectivo por ceder territorio mejicano a Estados Unidos y derecho de tránsito en el istmo de Tehuantepec.
Forsyth se entrevistó con el presidente Comonfort, al que le dijo: según le he explicado, señor presidente, mi gobierno se interesa en adquirir Baja California, parte de Sonora y parte de Chihuahua, también el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, pagando por todo ello un precio justo en dólares. Contestó el presidente Comonfort: Le he escuchado no sin asombro, míster Forsyth, pues en su propuesta parece olvidar que la administración del general Santa Anna pertenece al pasado. Los tiempos son otros. Usted y su gobierno deben comprender que cada presidente de Méjico tiene su propio sistema. El de Santa Anna incluía la venta de su patria, el mío consiste en conservarla a toda costa.
Comonfort fue un liberal moderado al que nuestro actual Presidente no pondría de ejemplo, como a Juárez, Madero o Cárdenas; fue sin duda actor clave en la segunda transformación, la que se conoce como la Reforma, separación de la Iglesia y el Estado, desamortización de los bienes del clero, las leyes de libertad religiosa y del registro civil, todo ello consagrado en la Constitución, jurada por él, de 1857. Ocuparía Ignacio Comonfort en la historia, el sitio que ahora corresponde a Benito Juárez, si no hubiera titubeado y si no hubiera desconocido la Constitución que juró y por la que fue presidente, por temor a divisiones y guerras fratricidas.
¿Qué le pasó? ¿En qué pensó? No lo sabemos bien, pero dio marcha atrás y no pudo con el papel que le tocaba desempeñar, cierto, liberó a Juárez de la cárcel y luego murió peleando en la guerra contra los franceses y los conservadores, pero en su momento, no estuvo a la altura del papel que la historia exigía. La anécdota que recaba Mejía Prieto, lo pinta como un hombre digno, patriota y firme ante nuestros vecinos del norte, que 10 años antes habían derrotado a Santa Anna y despojado a México de una gran parte de su territorio; su respuesta a Forsyth fue ejemplar y debe recordarse, aun cuando la conducta posterior fue de indecisión y titubeante.
Así fue ese hecho olvidado que no resistí en recordar y que me desvió del tema al que regreso; las cámaras del Congreso ¿pueden o no pueden citar a los funcionarios cuando se les ocurra y tengan curiosidad en conocer, de viva voz, sobre algún tema o quieran acribillar al funcionario con un interrogatorio agudo y polémico. Creo que no. El segundo párrafo del artículo 93 constitucional dice que pueden convocar a secretarios de Estado y a otros funcionarios,
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades, para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Conforme a Tena Ramírez e interpretando el texto, me parece que si no se está discutiendo una ley o tratando un negocio de la competencia del funcionario, el Congreso, las cámaras, no pueden disponer del tiempo de los funcionarios del Poder Ejecutivo para satisfacer curiosidades o para lucimiento en el interrogatorio al que se somete a los comparecientes; el Poder Legislativo tiene dos funciones primordiales que no tienen que ver con la politiquería: legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Lo dejo para reflexionar.
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