EDITORIAL La Jornada

 Pueblos indígenas: avances y pendientes

E

l Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró ayer, es ocasión para repasar los logros y los pendientes en la atención a las desigualdades y rezagos históricos de los más de 7 millones de mexicanos hablantes de alguna lengua originaria, así como de los millones más que, sin hablar alguno de los 68 idiomas indígenas, se identifican como tales.

En el rubro de los adelantos cabe mencionar la visibilización de sus realidades y sus exigencias tanto por la creciente sensibilidad social a problemáticas como la exclusión, la discriminación o el racismo estructural, como por un énfasis desde el Ejecutivo federal en voltear hacia los sectores marginados.

En este aspecto, es conocida la prioridad dada a las comunidades indígenas en losprogramas sociales de impulso al bienestar: 5 millones 617 mil 849 personas se benefician de alguno de 17 existentes, sea que estén creados de manera específica para estos pueblos o que sean de aplicación general, como la pensión para adultos mayores y, de acuer-do con informes oficiales, cada hogar indí-gena es beneficiario de por lo menos un programa.

El nombramiento de Claudia Olivia Morales Reza al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es otro ejemplo del lugar que poco a poco se va abriendo en los espacios institucionales. Morales, integrante de la comunidad wixárica de Jalisco, asumió el cargo el 12 de julio y fue presentada ayer durante la conferencia de prensa matutina, y es la primera mujer indígena en dirigir esa instancia.

En una entrevista publicada por La Jornada el domingo pasado, declaró que desempeñará sus labores desde su visión como indígena, desde la experiencia de haber enfrentado la discriminación por la apariencia física, por mis rasgos indígenas y por hablar una lengua originaria.

Tampoco puede soslayarse un logro con la relevancia del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, a través del cual se busca resarcir la opresión y el despojo ejercidos por o con la complicidad del Estado mexicano contra esta nación integrada por ocho grupos que habitan en Sonora.

En sus tres vertientes de tierra y territorio, derecho al agua y bienestar integral, dicho plan ha permitido entregas de tierras, el inicio de la construcción de infraestructura hidráulica para consumo humano y de riego, edificación de viviendas, e incluso las gestiones para que el gobierno sueco devolviera un objeto sagrado sustraído de nuestro país.

En todos estos casos es imprescindible recalcar que los avances no suponen dádivas ni favores gubernamentales, sino que son el resultado de la permanente lucha de estos pueblos por el reconocimiento de su historia, su cultura y su derecho a participar en la vida pública en pie de igualdad.

Por otra parte, es innegable que persisten los amagos de corporaciones, poderes locales y estamentos de la delincuencia organizada en contra de los territorios de las comunidades indígenas y que éstas aún deben mantener una lucha de resistencia en defensa de sus costumbres y sus lugares de residencia. Perduran también simulaciones como la usurpación y explotación de la identidad indígena para fines personales de mestizos o blancos.

Uno de los ejemplos más deplorables se encuentra en el falseamiento de la adscripción a comunidades originarias para aprovechar las cuotas de representatividad en las candidaturas a puestos de elección popular.

En los últimos comicios federales, se hizo notorio el caso de Óscar Daniel Martínez Terrazas, político panista del estado de Chihuahua que se registró como candidato a diputado plurinominal en representación de la comunidad nahua de San Juan Tetelcingo, en el municipio de Tepecoacuilco, Gue-rrero. Aunque finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó su candidatura, la misma había sido aprobada previamente por el Instituto Nacional Electoral.

Como recordó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los pueblos originarios siguen siendo objeto de discriminación estructural que limita su acceso al pleno goce de sus derechos, con lo que existe una inocultable brecha entre las leyes y la realidad. Recientes escándalos han recordado que la apariencia personal, el color de la piel y la etnicidad persisten entre las principales causales por las que una persona es discriminada o ve negados sus derechos en México.

El cierre de esa fisura es una de las tareas más urgentes para el conjunto de la sociedad mexicana.