Programa de salud del gobierno popular de Colombia

Asa Cristina Laurell

L

a elección del 19 de junio en Colombia dio la victoria al partido Colombia Humana con el candidato Gustavo Petro en la presidencia y la afrodescendiente Francia Márquez en la vicepresidencia. Lograron ganar, pese a una movilización fuerte y amenazante emprendido por el llamado urbismo, la ultraderecha colombiana que, en el contexto de la guerra civil, promovió la violencia paramilitar y la operación de falsos positivos del ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, matando civiles para hacerlos pasar como bajas en combate y cobrar así una compensación.

Como en Chile, el triunfo de Petro-Márquez se dio después de meses de movilización de las y los jóvenes que se negaron a ceder ante la represión, no obstante los altos costos en salud para ellos. Es llamativo que los dos países de América Latina con mayor penetración del modelo neoliberal-privatizador en salud ahora coloquen este aspecto en un lugar importante en sus agendas de cambio estructural. En Colombia se aplicó una reforma a la seguridad social en 1993, con la Ley 100, que abarcó tanto los servicios sanitarios como las pensiones. Fue instrumentada por JL Londoño, con quien J Frenk trabajó cercanamente en el BID, donde juntos formularon el modelo del pluralismo estructurado. En este sentido, la reforma del IMSS 1995-97 y la del Seguro Popular de 2003 pertenecen a la misma concepción sobre políticas sociales. La diferencia es que Frenk tenía un conflicto intenso con el IMSS, porque peleaba el poder en el sector para la Secretaría de Salud, mientras Santiago Levy quería la rectoría para el IMSS siendo su director general.

El proceso de formulación del programa del gobierno Petro-Márquez tuvo como principio la participación popular. En el ámbito sanitario tomaron parte 280 personas con delegaciones de las regiones del país, del movimiento indígena y afrodescendiente, así como de la comunidad LGBT, entre otros. Se desarrollaron 156 reuniones en un par de semanas. Hubo una participación importante de trabajadores y trabajadoras que se han mantenido en lucha contra la Ley 100 desde su aprobación. En este contexto debe reconocerse que aun antes de la actual coyuntura se habían logrado cambios importantes, pero sin modificar a fondo el enfoque mercantilizado e individualizado de la reforma de 1993.

Es importante recordar que este sistema ha generado una profunda desigualdad entre los regímenes subsidiado y contributivo. Además, es característica su incapacidad para financiar los servicios y está en quiebra desde hace tiempo. La política privatizadora fue más radical en Colombia que en México porque se vendió una parte de la infraestructura, dejando al sector público sin capacidad de dar atención. Por otra parte, hay pruebas y denuncias de corrupción en el sistema que explican parcialmente su quiebra. Otra característica es la precarización del trabajo y laboral y la subrogación a gran escala.

Las particularidades esenciales del proyecto del nuevo gobierno son que, por un lado, vuelve a plantear principios éticos básicos para el sistema en el sector y por el otro presenta las acciones a tomar como una serie de reformas escalonadas. Los principios reivindicados se desprenden del primer artículo constitucional, que caracteriza a Colombia como un Estado social de derecho, lo que significa que las garantías, entre ellas a la salud, deben ser colectivas y no individuales. Esto quiere decir que el responsable de hacerlo valer es el Estado a través del gobierno.

Las propuestas de cambio del nuevo plan se presentan de forma escalonada, es decir, no se trata de una reforma global, que transforma de golpe (el big bang tailandés) el disfuncional sistema de salud. Plantea una sucesión de cambios que hagan cumplir los principios éticos, sin suspender la prestación de servicios, pues perjudica a la población. Esto demuestra que las y los autores del proyecto sanitario del gobierno popular colombiano tienen un profundo conocimiento del sistema que pretenden transformar. Saben, además, que aun los sistemas deficientes tienen aspectos valorados por los pacientes y el personal. La estrategia más viable entonces es saber adónde se quiere llegar y nunca tomar decisiones que obstruyan el camino.

El proceso de cambio profundo del sistema de salud en ese país contiene enseñanzas para México.

La más importante es la necesidad de partir de un conocimiento profundo sobre lo que se quiere transformar y construir el camino para lograrlo. Aquí se podrían haber evitado fracasos y sufrimiento de la población respetando este principio.