n Tamaulipas, ¿cómo reconstruiremos el estado de derecho? Es el principal desafío que tiene enfrente el gobernador electo, Américo Villarreal, y también la ciudadanía tamaulipeca. Restablecer el orden constitucional en la entidad, comenzando por el respeto a los derechos y libertades de los tamaulipecos y sus garantías, que en los últimos seis años han visto mermada gravemente su calidad de vida y la de sus instituciones, a causa de las arbitrariedades cometidas por Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la red de corrupción que lo ha amparado durante este tiempo a él y a su círculo más cercano, incluidos familiares y amigos.
Recientemente, denunciaba el hecho más reciente de corrupción política que involucra al hijo del auditor superior del estado, Jorge Espino Ascanio, quien es señalado de ofrecer 5 millones de pesos a regidores de Morena en Reynosa para ser incluido en una terna que se enviaría al Congreso local para elegir al próximo
alcalde de Reynosa y, de esta manera, apoderarse de la capital del estado, en contra claramente de la voluntad popular, de una flagrante violación a la ley, y como eventual consecuencia de la persecución política emprendida por García Cabeza de Vaca contra el actual alcalde morenista, que busca quitarlo de en medio a toda costa. Hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado no ha iniciado una investigación por estos hechos, lo que desgraciadamente no debería sorprendernos. El padre, titular del organismo encargado de las finanzas de la entidad, que se supone autónomo, se lava las manos, continúa en funciones y a la orden de García Cabeza de Vaca, así como el resto de los titulares de la administración pública de la entidad, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y, por supuesto, de los organismos autónomos locales.
Lo anterior es sólo un ejemplo más de la corrupción y la impunidad que dominan la entidad, y de lo cual hemos venido dando cuenta en este y otros espacios de difusión. Para detener este quebranto del estado de derecho en Tamaulipas, considero, primero, que las autoridades federales deben voltear a ver, tanto del ámbito de procuración como de la impartición de justicia, lo que está pasando en el estado. El 15 de julio se dio un paso importante cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de Morena, reclamando la constitucionalidad de reformas hechas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas, relativas a mantener en el poder al presidente de la Jucopo, quien es cercano a García Cabeza de Vaca, sin que exista constancia de entrega de la iniciativa en cuestión ni de su inclusión en el diario de debates; no hubo convocatoria para la reunión de la mesa directiva (los 17 legisladores de Morena no fueron convocados); el dictamen no fue compartido a todos los integrantes del Congreso local ni incluye la exposición de motivos que justifiquen las planteadas reformas. El dictamen se aprobó sin modificación alguna al día siguiente y sin que mediara discusión, ordenándose su publicación en el Diario Oficial del estado, sin haber sido promulgado por parte del Ejecutivo local.
Asimismo, se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas fast track con las que se pretende crear una megafiscalía, pues se contempla que ésta asuma el control de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; además, del Grupo de Operaciones Especiales, entre otras funciones que no le competen. Por supuesto, se espera que la SCJN declare inconstitucionales estas normas, incluyendo las designaciones de los titulares de las comisiones de agua en las zonas metropolitanas, a quienes también están blindando debido a que gran parte de la corrupción de García Cabeza de Vaca, se generó ahí, y de lo cual también se presentó ya acción de inconstitucionalidad.
El gobernador electo ha tenido acercamientos con el titular de la Fiscalía General de la República para impulsar la solicitud de declaración de procedencia del senador Ismael García Cabeza de Vaca, señalado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Se requiere voluntad política y el apoyo de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, para iniciar un proceso de paz y de recuperación del estado de derecho en Tamaulipas, incluido el cumplimiento de las órdenes de aprehensión que tiene pendientes García Cabeza de Vaca una vez que finalice el cargo, y enfrente los cargos de carácter penal que se le imputan.
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