Carlos Martínez GarcíaAborto: en México cuatro es más que siete

Arnoldo Kraus

Aunque Franz Kafka lo hubiera vivido no lo habría avalado: en México cuatro es más que siete. O lo que es lo mismo, en México asesinar es legal y abortar es criminal.

La reciente asonada contra la libertad de las mujeres y contra su vida cobra nueva vigencia. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar las leyes antiaborto de Baja California no proviene del azar, sino de una política planeada. Comparto 10 ideas.

El ser humano es autónomo. La autonomía es condición innata. Se nace con ella. Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, sobre todo antes de las 12 semanas, tienen derecho de ejercer su autonomía.

México es adalid mundial en el tema de la injusticia y sus sucedáneos: corrupción, pobreza, sistemas de salud ineficientes, impunidad y un larguísimo etcétera. La mayoría de los niños y niñas en situación de calle, por citar un ejemplo, son producto de hogares desarticulados, de embarazos no deseados y de la tenaz y perpetua ineficacia de nuestros gobiernos. Si hubiese menos pobreza habría menos embarazos no deseados. Los grupos antiabortistas, todos afines a los regímenes políticos, han proclamado su compromiso de brindar hogar y educación a los hijos. Mienten: basta caminar por las calles de cualquiera de nuestras ciudades para constatar esa falacia.

En el Programa Nacional de Población 2008-2012, auspiciado por el gobierno en turno se destacó el “claro compromiso con el precepto constitucional que garantiza a toda persona el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. Ese programa, y los previos, han fracasado. Una gran proporción de mujeres pobres, entre las que se incluyen las que habitan en zonas rurales y las indígenas ni cuentan ni conocen “bien” los métodos anticonceptivos. Dentro de ese grupo, más de la mitad de las mujeres tienen entre 15 y 24 años de edad. El programa agrega que siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual sin protección.

Patricia Galeana, reconocida historiadora, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, comentó que las reformas aprobadas por la SCJN que penalizaron el aborto en Baja California no sólo ponen en riesgo los derechos de las mujeres, sino la laicidad del Estado. La decisión de la SCJN, encarcelar a las mujeres que abortan, ¿marca el inicio de un México confesional?

La penalización del aborto en Baja California fue auspiciada desde el gobierno. Dos días antes de la votación, la Secretaría de Gobernación entregó a los ministros una carta en la que se aclara que el ser humano adquiere esa condición a partir de la mórula o del cigoto. En ese sentido, Amnistía Internacional ha expresado, que “es vergonzoso que el Estado obligue a continuar la gestación a niñas o mujeres embarazadas como consecuencia de violación”.

Se calcula que anualmente mueren 100 mujeres por abortos practicados en condiciones inadecuadas. A partir de 2007 se instituyó en el Distrito Federal la Interrupción Legal del Embarazo; hasta agosto 2011, 63 mil 718 mujeres han solicitado el servicio, de las cuales, una falleció. Menos del 1 por ciento de las mujeres son “repetidoras”: la gran mayoría, después del aborto, adoptaron algún método anticonceptivo.

A los mexicanos nos gustaría que el gobierno nos compartiese el perfil de las mujeres encarceladas por abortar. Edad, condición económica, situación familiar, grado de educación, si tienen o no pareja, número de hijos, tiempo que pasan en la cárcel y la forma en la que se documentó el aborto, es decir, la certeza de que fue voluntario y no por otras razones, es decir, pobreza, ausencia de servicios médicos, nula vigilancia perinatal, desnutrición, desgobiernos y más desgobiernos.

A los mismos mexicanos nos sorprende que el Estado decida y pueda encarcelar a mujeres jóvenes, pobres y en ocasiones indígenas, y no decida, o no pueda, o ambas, parar la guerra mexicana del siglo XXI: más de 40 mil muertos desde el inicio del mandato de Felipe Calderón.

El aborto inseguro es un problema de salud pública. En 2006, 149 mil 700 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones (40 por ciento más que en 1990). Se desconoce el tiempo promedio de hospitalización y los gastos generados para mejorar las condiciones de la paciente, pero, sin duda, son “muy elevados”. El Consejo Nacional de Población asegura que “existe evidencia de un subregistro de la mortalidad materna, y de una incorrecta asignación de ciertas causas de defunción, en particular del aborto”; y agrega: “el aborto es la cuarta causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en nuestro país”.

En La moralidad del aborto (Editorial Siglo XXI, 2009), Gustavo Ortiz Millán escribe: “Quienes defienden la penalización a sabiendas que no se va a ejercer la ley, ni se van a ejercer recursos públicos para perseguir a toda esta gente y que, por lo demás, la ley no tiene ningún efecto en la reducción del número de abortos, simplemente son cómplices del sistema de simulación e hipocresía que está detrás de esta ley”.

En México han fallecido y seguirán falleciendo miles de mujeres por leyes decimonónicas, hoy reinventadas por la SCJN. En México fallecen, y son víctimas de inconcebibles abusos, incontables menores de edad, productos de embarazos no deseados. Kafka se quedó corto: en México cuatro es mayor que siete.