La ofensiva

Luis Javier Garrido

La crisis del sistema financiero global de 2011 la enfrentan los poderes trasnacionales con una nueva ofensiva buscando hacerle pagar a los pueblos el costo del modelo capitalista neoliberal, y en México el gobierno de Felipe Calderón, que se asume como su representante, busca acelerar en este tramo final la imposición de cambios regresivos, valido ahora de la posición que están asumiendo los principales aspirantes a sucederle en Los Pinos.

1. La situación crítica del mundo occidental en este 2011 evidencia que los grandes poderes trasnacionales no tienen otra opción para enfrentar el desastre que crearon que acelerar el desmantelamiento de los estados nacionales y de los derechos de los pueblos, como se está haciendo en Europa, donde lo mismo en Grecia y en Portugal que en España o en Italia, la exigencia del poder es proseguir cancelando los derechos históricos de la gente, y en particular las garantías laborales, el derecho a la jubilación y a la seguridad social, y a la educación pública gratuita, mientras se blindan cada vez más los privilegios de los bancos y de las grandes trasnacionales.

2. Las demandas delirantes y casi cotidianas de Felipe Calderón a la oposición pretendiendo que le aprueben las contrarreformas laboral, energética y en materia de seguridad nacional obedecen a las exigencias de la administración Obama que así le está condicionando su apoyo para 2012.

3. El gobierno panista ha proseguido entregando de tal suerte el control del país a las agencias estadunidenses que operan de manera cada vez más libre, como reconoció el 26 la titular de Relaciones Exteriores, y ofreciendo los recursos estratégicos a las trasnacionales, pero esto, al parecer, ya no le basta para garantizar la permanencia del PAN en Los Pinos, por lo que el escenario electoral se sigue enrareciendo.

4. El proceso por el que atraviesa el país, y que se acelera en estos meses finales del sexenio calderonista, entraña una ofensiva sin precedentes del gobierno de Washington y de las multinacionales con la pretensión de liquidar, antes de julio de 2012, lo que queda del Estado nacional mexicano, a) estableciendo mecanismos de un control firme de las agencias estadunidenses sobre el territorio de México, sus costas y fronteras; b) cancelando el principio de que la nación tiene derechos originarios sobre sus recursos estratégicos; c) haciendo nulos los derechos sociales de los mexicanos, garantizados en nuestra carta constitucional, en materias laboral, de salud, de seguridad social y de educación; para reducir a México a ser d) un simple territorio de ocupación de las multinacionales, como buscan hacer con los países árabes y del norte de África.

5. Los aspirantes a la candidatura presidencial tanto del PAN como del PRI, comprometidos con intereses privados y no con los reclamos y aspiraciones de los mexicanos, parecen inmersos en un escenario de sometimiento cada vez mayor a las exigencias trasnacionales, y aparecen como dispuestos, sin reparo ni principio alguno, a seguir entregando como botín al capital trasnacional los derechos de la nación y de los mexicanos.

6. El aspecto más evidente es la precampaña de Enrique Peña Nieto en pos de la investidura presidencial del PRI, durante la cual ha manifestado sumisión absoluta a las exigencias trasnacionales, tanto para desmantelar a la nación y proseguir con la guerra contra el narco (entregando a Washington el control del territorio nacional), como para modificar la organización democrática del país estableciendo un régimen autoritario, lo cual es contrario al orden constitucional. Algunos analistas estiman que resulta positivo que quien será el abanderado priísta en 2012 dé a conocer qué se propone. En 1988, Salinas engañó a los mexicanos prometiendo en su campaña defender la Constitución y a los mexicanos, y una vez en el cargo, aplicando el modelo neoliberal vendió (se autovendió) la mayor parte de las empresas públicas e inició el proceso de cancelación de los derechos sociales, pero ahora Peña Nieto por lo menos anuncia que se propone hacer lo mismo que pretende el PAN, y ya nadie puede llamarse a engaño.

7. La entrega del petróleo y de los demás recursos estratégicos de México al capital extranjero ha sido la tesis central de los panistas para, según ellos, hacer crecer la economía, y ahora lo es abiertamente también la de los priístas. Tras la exigencia presentada por Jeffrey Davidow, ex embajador estadunidense, el domingo 23 en el foro de empresarios México, cumbre de negocios, efectuado en Querétaro, de que México supere un “tabú” y entregue el control de su petróleo a las multinacionales, Peña Nieto, pasando por alto los principios de los artículos 27 y 28 constitucionales, llamó al día siguiente a los mexicanos a “ser audaces” y abrir a las multinacionales la explotación y refinación del crudo, lo cual, según reseñó La Jornada el martes 25, provocó el aplauso de los empresarios salinistas asistentes al acto organizado por Miguel Alemán Velasco, entre los cuales se hallaban Ricardo Salinas Pliego, Julio A. Millán y Gerardo Gutiérrez. México, había dicho Peña Nieto días atrás al Financial Times del 19 de octubre, ha sido rehén de una ideología que ha retrasado el desarrollo y esto hay que cambiarlo.

8. Y para no ser menos, ante otra pretensión de Washington, regresar a una forma de gobierno más autoritario, similar a la de los años del PRI, Peña Nieto se adhirió a la propuesta de su oponente priísta, el senador Manlio Fabio Beltrones, de establecer coaliciones forzosas en las cámaras legislativas para crear una mayoría artificial, evidentemente de los dos partidos neoliberales –PAN y PRI–, única vía, según él, para que pueda gobernar el próximo presidente. Durante el tercer foro regional organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio del PRI con vistas al programa para 2012, Peña Nieto pasó por alto que el régimen presidencial que establece la Constitución de 1917 supone que el Congreso sea un contrapeso y freno del Ejecutivo, y demandó, como Beltrones, un modelo autoritario que establezca por ley un “presidencialismo” en el que el Ejecutivo controle mecánicamente a un Legislativo dócil que le apruebe todas sus pretensiones de cambios constitucionales y legales.

9. La propuesta pretende ignorar así que la responsabilidad central del Presidente de la República es aplicar la ley, y no pretender modificar el orden constitucional cancelando de manera subrepticia derechos a la nación y a los mexicanos para dar gusto al capital multinacional, como hace el gobierno de facto de Calderón con la complicidad en muchos casos de los priístas.

10. El pueblo indignado, que ha clamado en todos los modos su “¡Ya basta!”, parece dispuesto ahora a abordar otras formas de lucha y de resistencia.