Sin acción social no hay pacificación ni democracia

Víctor Flores Olea

E

n un libro que seguramente es interesante, tanto por los antecedentes del autor como por su contenido, el investigador y profesor Edgardo Buscaglia aborda un tema de extremo interés para México. Sobre todo porque recientemente se han difundido diferentes documentos en que se subraya, sobre todo, el nivel altísimo de la violación de los derechos humanos en México, y precisamente los vacíos de poder que se ensanchan peligrosamente en el país, estimulando también fuertemente al crimen organizado y su secuela de arbitrariedades y corrupción.

El libro – Vacíos de poder en México– está estructurado en seis capítulos: los controles judiciales, los controles patrimoniales, los controles de corrupción, los controles sociales, la cooperación internacional y sexenio de la oportunidad.

Los vacíos de poder en un Estado se refieren, dicho brevemente, al colapso de las instituciones y espacios (que ocuparía cada vez más ampliamente el crimen organizado), y aluden a las tareas que el gobierno ya no realiza y que abandona frecuentemente en manos de los narcotraficantes. En el libro, la idea central de Edgardo Buscaglia es establecer guías o medidas generales que puedan llevar a colmar dichos vacíos de poder. Además, en México habría, como sabemos, una transición inacabada a la democracia, entre otras cosas por la persistencia de las viejas estructuras autoritarias aún vigentes.

Con razón, Buscaglia piensa que el gobierno de Felipe Calderón se limitó a transitar por los senderos trazados por los gobiernos anteriores y, en consecuencia, se fortaleció la delincuencia organizada. Calderón y sus antecesores ignoraron la manera en que se destruía el tejido social que aprovechó el crimen organizado para expandir sus actividades. Es más, los acentuó al militarizar la seguridad pública. Así ocurrió en las zonas del país a donde llegó el Ejército: Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Durango. Edgardo Buscaglia insiste en que el tema de la seguridad debe ir mucho más allá de la perspectiva judicial y militar, que no son sino toques cosméticos que esperan las verdaderas reformas pendientes, de carácter social y político.

Nos dice: para reducir la inseguridad y la violencia no sólo son necesarios cambios en el sistema judicial y las instituciones de seguridad; también lo es prevenir el mal desde sus raíces sociales. Una de las tantas caras que tiene la transición inacabada en México es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes que no puede controlar, castigar ni enmendar las manifestaciones antisociales.

Añade: En México, los controles patrimoniales son el mecanismo para detener la corrupción. En este país cualquier funcionario, sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de sus discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar cualquier otro tipo de conducta socialmente dañina, y mientras exista un padrino con poder de por medio, existirán pocos canales reales para que esta persona sea castigada. Para combatir la corrupción administrativa es indispensable movilizar a la sociedad.

En una entrevista con Carmen Aristegui, el mismo autor dice: se trata de un libro que trata de esclarecer lo que México y la región requieren para lograr que la delincuencia organizada (trasnacional) pueda ser combatida eficazmente, sino también prevenirse socialmente a través de acciones coordinadas entre los Estados y las sociedades civiles.

A mayor violación de derechos humanos mayor delincuencia. Por tal razón, es imprescindible aumentar la vigilancia sobre los derechos humanos, particularmente en los sistemas de justicia, educación y salud, acompañadas por políticas sociales orientadas a los jóvenes para inhibir la propensión delincuencial.

El propio Edgardo Buscaglia sostuvo en una reunión en Bogotá sobre estos temas que las raíces de la violencia mexicana o la tragedia social de la dificultad de acceso básico de oportunidades de vida que ocurre en México, y que afecta a millones de personas, se debe principalmente a que es un país que tiene 50 por ciento de niveles de pobreza. El mismo académico se refiere a los temas de violencia y seguridad en América Latina, y al fenómeno del crimen organizado y las violaciones de derechos humanos en la región.

“Hay diferentes tipos de víctimas –precisó–: unas, las que ha sufrido torturas y otras, las que no han tenido acceso a la justicia.” Además advirtió sobre la presencia de empresas europeas, mineras canadienses, bancos estadunidenses que forman parte del sistema de medios de difusión, que no publican lo que sucede en México como violaciones económicas, sociales y de derechos humanos. Y puso de ejemplo el caso de Sinaloa: la gran parte del conflicto lo sufren las poblaciones de menores recursos, dividido por grupos criminales a través de una mezcla de medidas arbitrarias, donde el Estado está ausente.

En el prólogo al mencionado libro, Carmen Aristegui narra que, en un encuentro, le lanzó a Buscaglia tal vez la pregunta crucial que nos hacemos todos los días en el país:¿Hay esperanza para México?, a lo que respondió el académico: Baso mi propuesta en acciones que sociedades y estados valientes han realizado en la región. Propongo medidas que han ejercido Colombia, Brasil, Indonesia, Italia, y les han dado resultado. Si los intelectuales mexicanos quieren estar en una burbuja social y pensar que no es posible, yo los invitaría a que voltearan a ver a Colombia y Perú.

“La convicción de la respuesta me sorprendió –nos dice Carmen–, pues algunas veces parece que los mexicanos aceptamos nuestro presente como si se tratara de un mandato casi divino, una cuestión ineludible y nos justificamos pensando que ‘así somos’. Tal vez la solución esté en que pensemos que sí es posible; pero más importante, que tomemos la decisión de comenzar a cambiar.” Buscaglia añadió, seguramente con razón: Entre el porfiriato y el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas México hizo más por institucionalizar el país de lo que yo propongo.

Palabras con sabiduría, a lo que debería añadirse únicamente que la movilización social, indispensable para el logro de la seguridad, es también factor absolutamente necesario para el avance real de la democracia en México.