De escándalo

Gabriela Rodríguez

M

uchísimas personas coincidimos en considerar de escándalo, la creación de la Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humano en el Senado. Esto es así, en especial, por las declaraciones de su presidente, el vicecoordinador panista José María Martínez y Martínez, quien proclamó que la misión de esta instancia legislativa sería cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias, o incluso, que nos llevan a pensar en la muerte. Más tarde afirmó que tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan a la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. En entrevista televisiva explicó que las familias homosexuales no son una familia; que se unan las personas del mismo sexo no tendría inconveniente, pero en cuanto a la adopción hay que ver por los derechos del niño, en cuanto a su propia identidad de género. Y en relación al aborto, el senador señaló que indudablemente en caso voluntario atenta contra la vida. En apoyo a tales declaraciones, el jefe de su bancada, Jorge Luis Preciado, llegó a decir que las mujeres eran vehículos para la procreación y que la nueva comisión defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte.

Es escandaloso que en vez de garantizar derechos se funde desde el Senado una comisión que violenta el derecho a la igualdad, el primero de los protegidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. El senador Martínez y Martínez discrimina, niega la dignidad y los mismos derechos, deja de tomar en cuenta a las personas con orientación hacia su propio sexo: afirmar que no forman familia y que no pueden adoptar hijos equivale a decir que no son seres humanos, que no son igualmente dignos. Podríamos solicitar que se aplique la pena que señala el artículo 206 del Código Penal del DF: “Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual…(…) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Están discriminando también y negando la dignidad de las mujeres como personas, quienes no somos vehículos ni incubadoras, sino personas, libres e iguales en dignidad y derechos, con derecho a decidir. Parecen desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el embrión no es persona y que no se puede proteger la vida prenatal sin proteger los derechos de las mujeres embarazadas. Parecen desconocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la interrupción legal del embarazo (ILE) resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres pues la no penalización de la ILE tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental, e incluso respecto de su vida.

Lo más escandaloso es que estas ideas están en la mayoría de legisladores/as, como mostraron recientemente ante las iniciativas del aborto en los congresos de Guerrero y de Nuevo León. Qué bueno que algunas/os de las izquierdas han levantado la voz, pero necesitamos que hagan mucho más que eso: tendrían que eliminar esa comisión que contraviene la Constitución; o bien destituir a su presidente y reformar el decreto de creación para que se construya una comisión que reconozca la diversidad de familias y se enfoque en garantizar los derechos de sus integrantes.

Muy escandaloso es que los legisladores quieran negar las libertades a las personas. Revestidos de moralistas –como dice Giorgio Agamben–, los políticos actuales parecen atravesar un eclipse prolongado que da lugar a que aparezcan en posición subalterna con respecto a la religión, la economía e incluso el derecho, porque han ido vaciando la categoría y el propio concepto de lo que es la política. Compromiso equívoco entre moral y derecho es transformar la penitencia en penas y los pecados en delitos, confundir categorías ético-religiosas con conceptos jurídicos.

Con estas acciones el poder público muestra con toda desnudez el propio rostro y el propio envilecimiento: se han ido vaciando los conceptos de libertad, de soberanía, de democracia. Según la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental la desconfianza es algo generalizado: más de la mitad de los jóvenes mexicanos consideran que los partidos políticos son un negocio y están repletos de personas propensas a la corrupción, y más de 80 por ciento percibe como corruptos a los partidos políticos (ENCIG/INEGI 2014). Como el Estado sufre crisis de legitimidad, se pretende recuperarla en el plano de la legalidad, con la proliferación de normas y reformas, reduciendo la práctica política a una instancia de castigo y de vergüenza (G. Agamben, Medios sin fin, Pre-Textos, Valencia, 2010).

Los políticos imponen su dominio con una irrefrenable voluntad de falsificación y de consumo, hacen del dinero su única razón de vivir mientras agitan el fantasma de la crisis económica. Ganar elecciones a cualquier precio ha llevado a los partidos a someterse a la ideología religiosa y del espectáculo, del mercado y de la empresa. Aun los partidos progresistas y de izquierda llegan a transigir con el capital y a corromperse, a ceder y pactar con los contrarios; tal como los dueños de los medios de comunicación, los políticos han hecho de la política un fin en sí y no un medio orientado a la felicidad de todos. Y con ello, han perdido el lugar de la medianidad pura.

Twitter: @Gabrielarodr108

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