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Pedro Miguel

Peña entregó el pasado lunes el Premio Carlos Fuentes al escritor nicaragüense Sergio RamírezFoto Ap

S

i (el presidente) es Peña Nieto va a tener que tener más ayuda que un barco que se hunde. El gobierno va a ser muy difícil porque los problemas del país se acumulan y el señor Peña Nieto y la gente del PRI en general no tienen respuestas convincentes para los problemas actuales del país, le dijo Carlos Fuentes, poco antes de su fallecimiento, a Carmen Aristegui en CNN (http://is.gd/zN0ERS).

Hoy las manifiestas incapacidades presidenciales se han vuelto la expresión más aguda de la imposibilidad del régimen para imaginar y construir una salida del pantano en que se encuentra. Ya en 2012, cuando Fuentes hablaba con voz de profeta, la impresentable candidatura del mexiquense exhibía el agotamiento. Hoy, desde el gobierno, el grupo del poder lleva a las instituciones de claudicación en claudicación, salvo en lo que se refiere a las potestades represivas, aplicadas de manera feroz e ilegal contra cualquier sector que pretenda crear organización social autónoma.

Pemex, por ejemplo, viene sufriendo desde hace años el robo sistemático de combustibles de sus ductos. No se trata de ladronzuelos furtivos armados con un taladro y unas cubetas, sino de grupos dotados de tecnología, personal y conocimientos, que operan 3 mil 60 tomas clandestinas y que venden lo hurtado en el mercado regular de hidrocarburos en Estados Unidos y a consorcios gasolineros mexicanos. Faltaba la confirmación de que esa actividad delictiva de réditos multimillonarios no podría realizarse sin la colaboración de la cúpula charra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como lo señalaron la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, formados por disidentes del sindicato oficialista (http://is.gd/aCkxe6). Una vez que Peña fue informado del asunto, no se optó por investigar el dato, sino que una semana más tarde se anunció que, para impedir los robos, Pemex abandonaría la tarea de transportar gasolinas a través de sus ductos (http://is.gd/gTgU02). O sea que en vez de aplicar las leyes para impedir el robo, como era su obligación, Peña retrocedió ante la delincuencia organizada que forma parte de su propio grupo de poder, sabrá Dios a qué costo económico, pero a un costo moral incalculable. La decisión es tan grotesca como si el gobierno, ante una ola de asaltos en las calles, decidiera cerrarlas al tránsito en lugar de perseguir y capturar a los ladrones.

A primera vista, podría parecer que la medida tendrá también el efecto adicional de desalentar a los inversionistas extranjeros inicialmente interesados en el negocio del transporte de hidrocarburos en el país: si el gobierno mexicano no quiere ni puede proteger sus propios ductos, ¿qué confianza pueden tener ellos de no ser saqueados? ¿O existirá por ahí un acuerdo para que ni los ductos ni las pipas de las transnacionales que ya empiezan a asentarse en el país sean tocadas por una criminalidad dirigida desde el propio grupo gobernante?

Otro caso: actualmente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) establece en su artículo 27 que a los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten su calidad de inmigrados, salvo el caso del permiso de licencia temporal para turistas con fines deportivos (http://is.gd/lZKzT4). Desde luego, esa normativa excluye toda posibilidad de que agentes policiales o militares extranjeros destacados en el territorio nacional puedan poseer armamento. Desde los tiempos del oscuro asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar (1985), el gobierno de Washington ha presionado al de México para que modifique tal legislación. Hasta la fecha eso no ha ocurrido, entre otras razones, porque contravendría los preceptos constitucionales previstos en el artículo 21 (la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios), 32 (en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública), y en el 115/III/h, relativo a las atribuciones de los municipios (http://is.gd/lZKzT4).

En una elemental lógica soberana, cualquier Estado independiente tendría que hacerse cargo de la seguridad y de garantizar el cumplimiento de las leyes en su propio territorio mediante corporaciones policiales y militares propias. Pero Peña no está ni para simularlo, y hace unos días envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a fin de permitir que agentes aduanales y de migración ‘‘extranjeros’’, fundamentalmente de Estados Unidos, puedan actuar armados en territorio mexicano como parte de ‘‘un programa conjunto’’ de revisión aduanera y migratoria (http://is.gd/NPePzs).

Otro: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la semana pasada que durante 2013, primer año de Peña y de su súpersecretario Luis Videgaray (Hacienda), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) benefició a un selecto grupo de personas morales y físicas (especialmente, bancos, medios electrónicos, comercializadoras, empresas de telecomunicaciones, cementeras, metalúrgicas, farmacéuticas, automotrices y petroleras extranjeras) con la condonación de impuestos por más de 166 mil millones de pesos (http://is.gd/NPePzs), lo que implica un daño al erario superior al presupuesto destinado a salud pública para 2014 (130 mil 120 millones) y más de la mitad del presupuesto educativo del país.

Tal vez sea por omisiones de esa clase que el gobierno federal no pudo cubrir este año los salarios y pensiones de los maestros en activo y profesores jubilados agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), lo que a su vez originó movilizaciones de ese sector afectado que, tras varias promesas incumplidas, culminaron, el martes pasado, en un bloqueo alrededor del aeropuerto de Acapulco. Entre los manifestantes se encontraba el profesor jubilado Claudio Castillo Peña, de 65 años, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Este docente tenía problemas de movilidad por las secuelas de una poliomielitis y por ello su tarea en las marchas solía ser la de expresar exhortos y consignas por medio de un megáfono instalado en un vehículo.

La Policía Federal fue enviada a dispersar a los manifestantes y se produjo una intensa refriega. El profesor Castillo Peña no pudo escapar de los antimotines federales. Fue tundido a macanazos, sufrió traumatismo craneal y murió la madrugada del miércoles a consecuencia de los golpes. Otro gravísimo atropello para alimentar la ira social que recorre Guerrero y que tuvo como catalizador principal la agresión policial contra estudiantes normalistas en Iguala de la que hoy se cumplen cinco meses.

Tenía razón Carlos Fuentes: Peña pudo comprar votos, consejeros y magistrados electorales y, ya desde Los Pinos, portadas de revistas extranjeras, pero no ha podido gobernar. Su presidencia no es la enfermedad sino el síntoma de un régimen que se cae y cuyos pedazos caen sobre las cabezas de la población, como cayeron los toletes de la Policía Federal el martes 24 en Acapulco.