Pedro Miguel
E
n pleno proceso electoral el peñato distribuyó 10 millones de receptores de televisión entre los hogares de escasos recursos. Varios partidos impugnaron este descarado intento de orientar el voto popular hacia el PRI, pero las autoridades electorales concluyeron que no había nada de malo en el proceso y dieron luz verde al régimen para que siguiera garantizando el derecho de los pobres a ver el Canal de las Estrellas y el derecho de éste a seguir teniendo una audiencia masiva independientemente de apagones analógicos. No se ha podido documentar –ni se podrá– que la entrega de todos y cada uno de los aparatos televisivos haya redituado uno o más sufragios al tricolor, pero los reclamos de personas que dieron su voto a cambio de una tele que nunca llegó (véase) son suficientes para poner en duda la legitimidad de la mayor parte de los 11 millones de votos atribuidos al PRI por la instancia electoral que le permitió ese y otros desaseos.
Pero, desde luego, el regalo masivo de teles (calculando cien dólares por unidad, que sería bajísimo, tuvo que costarle al erario la bonita suma de 15 mil millones de pesos, más moches, comisiones y gastos de distribución) no fue el único, ni acaso el más importante de los múltiples operativos de distorsión de la voluntad popular. PRI, PRD y PAN compraron votos al mayoreo, tanto en efectivo como con despensas, tinacos, materiales de construcción y demás, coercionaron el sufragio de empleados públicos y, en el caso capitalino, los perredistas exhibieron comportamientos abiertamente gangsteriles en contra de sus opositores. También se han dado casos de manipulación burda de los resultados en el interior de las instituciones electorales. Y qué decir del voto corporativo de Nueva Alianza, que controla vía nómina a los maestros afiliados al SNTE, o de las inversiones multimillonarias (e ilegales) del Verde, toleradas por el INE y el Tribunal Electoral.
Lo más grave, en distintos puntos del país el gobierno peñista puso todo su peso para exacerbar y ahondar los agravios, conducir a los movimientos sociales a la exasperación, ejercer a su vez una violencia represiva desmesurada e inhibir de esa forma el ejercicio democrático ciudadano.
Adicionalmente, la campaña por el voto nulo –que no tiene nada que ver con los movimientos sociales mencionados– sirvió objetivamente a la perpetuación del gobierno oligárquico y da la impresión de que éste buscó la dispersión del sufragio opositor organizado mediante el impulso a trasmano de candidaturas
independientes, cuya norma fue el fracaso, pero cuyas excepciones triunfantes (El Bronco, en Nuevo León, y el joven Kumamoto, en Jalisco) se muestran, a posteriori, con una pasmosa ausencia de principios, programa y plataforma.
La elección del 7 de junio exhibió, en suma, la panoplia de viejos y nuevos instrumentos del régimen para legitimarse por la vía electoral pero deja en evidencia también su extrema debilidad. Debe revisarse el uso común de la expresión
voto duro, entendido como fidelidad ideológica, identitaria y afectiva de segmentos del electorado hacia determinada fuerza política, porque en el caso de las cinco facciones del Pacto por México (PRI, PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza) se ha reducido al mínimo y ha sido remplazado por la mera capacidad de compra, inducción y coerción del sufragio.
Lo cierto es que es posible, si se empieza a construir una gran confluencia de organizaciones y fuerzas opositoras, construir un frente capaz de quitarle al Pacto por México la mayoría absoluta en el ámbito electoral y el control clientelar y corporativo, en lo social, y si eso se consigue no habrá maniobras fraudulentas capaces de revertir el fin del régimen.
Aún queda por delante, en este proceso electoral, el trecho fatigoso de las impugnaciones y los procesos judiciales, y ya hay que empezar a ejercer los cargos obtenidos por la verdadera oposición. Hoy más que nunca se trata de una tarea colectiva en la que debe involucrarse la ciudadanía que entregó su mandato y que debe vigilar su cumplimiento. Al mismo tiempo, esa ciudadanía debe preservar, reforzar y multiplicar sus vínculos con las causas populares y los movimientos ciudadanos. El país requiere una demostración de que, pese a todo, el acceso a posiciones de poder por la vía electoral puede ser un factor de triunfo para las causas populares, que es posible y practicable impulsar el rescate del país y de su población desde las instituciones y plantar cara, desde ellas, a los intereses financieros y delictivos de los capitales transnacionales. Hay que demostrar, por último, que es viable el ejercicio de los puestos de representación popular para servir y no para servirse.
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