Gabriela Rodríguez
L
a nueva alineación partidista que sigue concentrando el presupuesto y las canonjías del lado derecho del espectro político es resonancia, a la mexicana, de una tendencia global que mostró uno de sus peores perfiles en el reciente proceso electoral.
Qué es la derecha sino una fuerza por mantener el poder entre quienes han heredando fortunas de ancestros que históricamente acumularon recursos, pero que hoy se unen a otros, que son los herederos de rateros de cuello blanco, de quienes han amasado fortunas a punta de atracos al erario y de alianzas con el narcopoder. Nada más hay que seguir el pedigrí de los gobernantes y candidatos de PAN-PRI-PVEM-Panal y PRD para confirmarlo (Encuentro Social y Humanista no son las excepciones, éstos sólo aspiran poder codearse con ellos). Son gente que llegó hasta a matar candidatos con tal de sostenerse arriba, y que ven la política como un fin en sí misma y no como un medio para organizar pacíficamente a la sociedad. Han perdido la ética, tal como la nueva derecha mundial, y van ganando, mantienen empobrecida a más de la mitad de la población.
Desde antes de estas elecciones, el Pacto por México desnudó el contubernio de los partidos acaudalados, ahí los vimos votar por reformas que promueven la creciente exclusión de derechos humanos. Jerarcas de la Iglesia católica, evangélicos (que encabezan el partido Encuentro Social) y hasta el INE trabajan para ellos, han sido cómplices de la desigualdad. El voto nulo, el abstencionismo y el boicot también favorecieron a la derecha. No creo que en Guerrero ni en Oaxaca ni en Chiapas los boicots buscaran el triunfo del PRI ni del Verde.
La mitad de la población se abstuvo, pero una quinta parte del padrón mostró su oposición por la vía electoral: juntos Morena, Movimiento Ciudadano, anulistas y quienes votaron por candidatos independientes suman 23 por ciento. No es poca cosa, considerando que los movimientos beligerantes apostaron al boicot y que las masas de excluidos conforman el voto clientelar, casi 50 por ciento del electorado.
En la lucha por los derechos humanos se expresa el alineamiento hacia la derecha, clarísimo en el Pacto por México. El PRD apoyó la reforma fiscal de EPN, un rubro que era clave para cambiar las desigualdades sociales, a ninguno le importan. En Coyoacán, los acuerdos del PAN y del PRD fueron estratégicos: en los sectores medios tanto el PAN como el PRD llamaron al voto diferenciado, voto al PRD para delegado y voto al PAN para diputado; en los Pedregales compraron los votos, así lograron imponerse y quitarle votos a la verdadera oposición: Morena, hasta vandalizaron sus oficinas (esa demarcación se está impugnando). También en las agendas de derechos sexuales y reproductivos (DSR) y de derechos de las mujeres se hacen obvias las alianzas atrás del pacto. Cuando se votó en el Congreso la Ley Preferencial por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no sorprendió que PAN, PVEM y Panal votaran por eliminar los DSR de niñas, niños y adolescentes, pero la mano alzada de todas y todos los legisladores del PRI fue muy sospechosa. Justamente, cuando el Ejecutivo anuncia una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, su bancada vota contra los DSR de adolescentes. ¿Contradicción? Creo que no, simple muestra de que no hay el menor compromiso con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Lo más grave es que no se ve voluntad política para operar el sistema integral de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque ello implica garantizar los derechos humanos de más de la mitad de la población. No le fue bien a México al presentar informe ante el Comité de los Derechos del Niño el 19 y 20 de mayo pasados en la ciudad de Ginebra. Aunque se reconoció la trascendencia de promulgar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se expresó la preocupación por los grupos en situación de particular vulnerabilidad, niños de la calle, indígenas, afromexicanos, con discapacidad y en situación de pobreza; tampoco hay avances en torno a las disparidades de género ni en los niveles de violencia y maltrato infantil: asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual y explotación siguen creciendo. Compañeras feministas del Grupo por la Reproducción Elegida (Gire) partícipes en el comité lograron avanzar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. La recomendación a los estados parte es que se armonicen las leyes generales y estatales con la descriminalización del aborto y asegurar el acceso al aborto legal, al menos en los casos de violación, incesto y peligro de la vida y salud de las niñas, así como el acceso al aborto legal sin requerir autorización de un juez o fiscal. Garantizar el interés superior de la adolescente embarazada y asegurar que se escuche su voz y se respete su decisión frente al aborto. Porque hay que saber que más de 60 por ciento de las madres adolescentes del país son de los estratos más pobres, viven en ambientes vulnerables y violentos. Mientras México recibe este mandato de la ONU, en vez de incluir el derecho al aborto legal en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo de Adolescentes, una senadora del PAN logró un punto de acuerdo para eliminar los DSR de la misma. Es obvio que el acuerdo por parte del PRI y de los demás legisladores es para contar con apoyo a las reformas y al Pacto por México, porque ¿a quién le interesan los derechos humanos?
Ese es el gran reto para Morena, para Movimiento Ciudadano, para los independientes: superar la desigualdad social y hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos.
Twitter: @Gabrielarodr108
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