Policía comunitaria
Gloria Muñoz Ramírez
L
a celebración del vigésimo aniversario de la policía comunitaria de Guerrero (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), una de las experiencias de justicia autónoma más notables y complejas del país, representa el esfuerzo de unidad de diversas fracciones, en un intento por superar las pugnas internas en función de un objetivo común: la reivindicación de justicia.
Con una demostración de fuerza comunitaria celebran estos 20 años en la Montaña de Guerrero, y al festejo llegan cientos de personas de Huamuxtitlán, Olinalá, El Paraíso, Malinaltepec, Chilixtlahuaca y San Luis Acatlán. El mensaje es claro, pues hasta hace menos de un año se temía por la desarticulación total de este esfuerzo que nació en octubre de 1995, como respuesta a la más despiadada ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada y no pocas veces por las propias policías estatales y municipales. El robo, las violaciones y el abigeato eran la constante en la región, sin que nadie hiciera nada por evitarlo.
Las divisiones persisten, pero sin duda la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa logró reunir a los diferentes grupos en la búsqueda de los estudiantes, pues muchos de ellos pertenecen a los pueblos donde la CRAC tiene presencia.
La llegada de las empresas mineras, principalmente Hochschild México, y los esfuerzos gubernamentales por cooptar esta experiencia, convirtiéndola en un brazo del Estado, llevó a un proceso complejo a la policía comunitaria. Una crisis impuesta provocó incluso enfrentamientos y amenazas entre sus miembros.
No es casualidad que el proceso de desarticulación se diera a partir de 2012, justo en el momento de mayor expansión de este proyecto creado por los pueblos mixtecos y tlapanecos (principalmente) en la Montaña y Costa guerrerenses. Empezaron a operar en sólo dos municipios y se extendieron a más de 100 comunidades de 10 municipios, convirtiéndose en una amenaza para el Estado, la delincuencia común y organizada y las trasnacionales.
La agenda de hoy es amplia. El desfile de sus hombres armados en San Luis Acatlán celebrando dos décadas es apenas el principio de un proceso que debe tener como fin ya no sólo la reivindicación de la justicia comunitaria, sino la defensa y el resguardo del territorio, la liberación de los presos políticos, la restructuración interna, el fortalecimiento de su proceso de comunicación comunitaria y, por supuesto, la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Regresar a los principios originales es el reto.
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