¿Y quién evalúa a los evaluadores?

Adolfo Gilly

La Secretaría de Educación de Chiapas informó que este domingo aplicó la evaluación diagnóstica a 580 maestrosFoto La Jornada

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l Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, declaró que los maestros oaxaqueños de la Sección 22 deben liberarse, porque cada vez le tienen menos miedo a sus dirigentes, según consta en la página 3 de La Jornada del miércoles 14 de octubre pasado. Tan insólita me pareció la declaración que por un momento pensé que habría un desmentido del funcionario. No lo ha habido. El Secretario de Educación Pública, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, cree que los maestros se movilizan y van a la huelga porque le tienen miedo a sus dirigentes, pero ahora cada vez menos.

Aparte de la grave ofensa gratuita a los maestros y maestras de Oaxaca, debo decir que el secretario ignora con quiénes está hablando; y, de paso, ofende a todo el magisterio nacional, mujeres y hombres, una profesión cuya historia de esfuerzo, dedicación y también heroísmo antecede a la revolución de 1910 –maestro fue Otilio Montaño, redactor del Plan de Ayala– y se prolonga hasta hoy, no sólo en las movilizaciones de estos tiempos, sino también y sobre todo en el esfuerzo cotidiano de educar a niñas y niños en las condiciones deplorables de tantas instalaciones escolares así como del equipo, la vivienda y hasta la alimentación de buena parte de sus educandos.

“Le tienen miedo a sus dirigentes…” ¿Pero cómo es posible decirlo, en un país donde hace ya más de un año nos han desaparecido a 43 maestros en ciernes, los normalistas de Ayotzinapa, mientras el gobierno federal sigue tergiversando sobre el basurero de Cocula y eludiendo afrontar y dar a conocer cuanto sin duda sabe?

No parecen tener idea las actuales autoridades acerca de qué es, qué ha sido y qué significa en la historia y en la vida presente de este país la educación pública, allí donde primero se forma y se consolida la conciencia de una nación como comunidad de pasado, de destino y de vida, según quedaba afirmado para siempre en aquella sólida y escueta redacción originaria del artículo 3º que nos heredó el Constituyente de 1917.

Hemos llegado a un punto en que un debate nacional –sin agresiones ni amenazas, vengan de donde vinieren– es necesario, es casi indispensable: por un lado, entre los docentes de todos los niveles del proceso educativo público; y por otro entre los estudiantes que son alma y cuerpo vivo de este proceso. De allí pueden y deben salir las ideas, las medidas y también la serenidad para dar nueva vida, ideas, recursos y actualidad a todos los niveles de la educación nacional en este gigantesco y turbulento cambio de época que estamos viviendo en México y en el mundo entero.

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El profesor Manuel Gil Antón, docente e investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, ha venido publicando en el periódico El Universal una serie de artículos sobre la reforma educativa y la evaluación, que es posible hallar en el siguiente enlace.

A juzgar por las entradas y las citas en la red y por los comentarios de colegas nuestros, tiene un muy amplio público de lectores. A mitad de este año, el 20 de junio pasado, en un artículo titulado La carreta delante de los bueyes, reprodujo largos extractos de una carta de un lector a él dirigida. Me permito citar aquí algunos de sus pasajes que Manuel Gil Antón hace suyos:

Profesor, cualquier cosa que vaya a ser evaluada requiere un análisis serio y riguroso de los instrumentos de evaluación, de manera tal que se pueda estar seguro de que los medios a emplear para la medición sean idóneos para diagnosticar con precisión el problema entre manos. Es decir, antes de tomar ninguna decisión sobre cómo enfrentar el problema, necesitamos estar seguros de que el diagnóstico es correcto.

Esto no sucede en el caso presente, dice la carta del lector. No hay análisis previo de la situación de la educación en el país, que debería ser el paso previo para diagnosticar el problema y entonces resolver sus vías de solución, como un médico diagnostica un problema de salud antes de recetar un tratamiento o un medicamento. Por el contrario, la evaluación de los docentes se pretende imponer un tratamiento sin un diagnóstico de la situación: el problema ya viene definido por la autoridad y la medicina también. Así razona el lector:

Creo que el problema con la evaluación de los docentes es que el diagnóstico es previo a la evaluación y la prescripción está también definida de antemano. La construcción social del problema: imputar a los docentes todo lo que no funciona en el aprendizaje, y nada más a ellos, los marca: culpables. A partir de esa seguridad, aparentemente palmaria, el problema y la solución ya están definidos.

La evaluación se construye para confirmar el prejuicio, anota Gil Antón. No es extraño que resulte lo que resulta: confirma lo previsto. A lo cual agrega la opinión del lector: Pienso que otra forma de plantearlo es que los criterios para elaborar los diversos instrumentos y su validación deben realizarse con base en el conocimiento que se tiene en la materia y en consulta con sus actores, ya que estos tienen una experiencia invaluable (subrayado mío).

Aquí el mismo articulista, subrayando su acuerdo con la carta del lector, escribe estas líneas:

“La reforma partió de prejuicios y generalizaciones inválidas. Esperar de esto una concepción culta de la evaluación es pedir peras a un poste de luz. Los encargados de la tracción del sistema por los caminos educativos: las y los profesores, han sido excluidos y declarados, a priori y todos, ignorantes, torpes y flojos. La evaluación lo demostrará y serán denostados. Los expertos, presos en este vicio de origen y su premura, o se aclimatan o proponen, frente a la autoridad, cambiar el proceso a fondo”.

¿Estará aún abierta esta alternativa, cuando la máxima autoridad de la SEP ya declara que los maestros oaxaqueños son, en su mayoría, mentes y cuerpos dóciles que a esta altura todavía le tienen miedo a sus dirigentes? En otras palabras, ya han sido denostados de antemano.

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A esta altura debo decir que estamos ante un problema mucho más serio de cuantos se atribuyen a los maestros: reside nada menos que en el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). ¿Quién ha evaluado, quién evalúa a los evaluadores, a los constructores y codificadores de esta peculiar evaluación?

He leído atentamente por lo menos tres veces el contenido entero del documentoLineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior. LINEE-05-2015, publicado el 7 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, pp. 110 a 125.

Debo decir que este documento, de lectura engorrosa y difícil comprensión, me resulta un galimatías. Estoy razonablemente seguro de que muchos otros docentes, universitarios o no, se habrán encontrado en la misma dificultad. Me ha sido imposible descubrir en su texto, no tanto los engorrosos procedimientos formales ideados por los redactores del texto, cuanto la sustancia pedagógica –pues de eso se trata– del proceso de evaluación que quiere reglamentar.

Un principio elemental de la tarea del legislador es que la ley debe ser clara, precisa y sobre todo comprensible para aquellos a quienes concierne y deben aplicarla o cumplirla. Este documento no cumple tales requisitos.

No hay docente de enseñanza primaria, media o superior que pueda deducir, a partir de los cincuenta y nueve artículos más los siete transitorios de estos lineamientos, el contenido, las formas y las exigencias del proceso de evaluación diseñado por el INEE. Serán evaluados en la oscuridad de los contenidos, los métodos y las demandas que se les plantean. Tampoco sé cuántos de los muy abundantes funcionarios del INEE de todo nivel están en condiciones de comprender y explicar estos contenidos y, sobre todo, qué harían si con estos métodos fueran evaluados.

De otros errores materiales de ese texto, abundantes y tal vez más graves y reveladores, habrá que ocuparse cuando la ocasión y la necesidad se presenten y, como suele decirse, si la autoridad lo permite.

Y si no, tendrá que ser entre nosotros y sin permiso.