¡Auxilio!

Gabriela Rodríguez

C

oincido con las organizaciones de la sociedad civil: el nombramiento de un delincuente electoral como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana es inadmisible, nos deja en el desamparo, es una burla a la ciudadanía. Hay un grito de ¡auxilio! que nadie escucha, desde hace 50 días en que tomó posesión Arturo Escobar.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil (ver) han solicitado la revocación del funcionario. Se trata de organizaciones con una amplia trayectoria en acciones directas en el territorio del país, líderes que se han dedicado a construir y desarrollar políticas, programas y acciones destinados a crear y fomentar capacidades personales, familiares, comunitarias y estatales para prevenir la expansión de las violencias y la delincuencia, mediante herramientas sociales y culturales. Líderes que hacen investigación, que formulan propuestas de política, que atienden mujeres, juventudes, adolescentes, niños y niñas en distintas regiones, que defienden los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos, que acompañan a víctimas y promueven el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Asociaciones respaldadas por su prestigio moral y probada honestidad son las que exigen al Presidente de la República y al secretario de Gobernación que se revoque el nombramiento de Arturo Escobar, toda vez que la responsabilidad de llevar hacia adelante a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana requiere credibilidad, compromiso con los derechos humanos y vocación democrática de su titular. Líderes que están convencidos de que la ruptura de la convivencia pacífica de manera tan violenta y generalizada en el territorio nacional a partir de 2008 es lo que ha provocado tantos miles de víctimas, de homicidios dolosos, de desapariciones forzadas y desplazamientos. Causas estructurales derivadas de la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación detonaron la incapacidad del Estado para ejercer su obligación de brindar protección y seguridad a la población frente al crecimiento del crimen organizado y el auge de los mercados de droga, armas y personas. La guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón sólo sirvió para atizar la violencia, para evidenciar los niveles de destrucción de las capacidades estatales en materia de seguridad y justicia; pero también la complicidad entre agentes del Estado, crimen organizado y empresas del mercado ha provocado la indefensión y subordinación de las y los ciudadanos frente a los poderes. Porque hoy está demostrada la insuficiencia de centrarse en acciones policiacas, militares y en la capacidad de fuego, que solamente crea enormes daños: más muertos, más personas desaparecidas, más personas discapacitadas, más huérfanos y un aumento de la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y hacia las instituciones del Estado. El Estado mexicano tendría que llevar a cabo una política amplia e integrada que ataque las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, que permita desarrollar las capacidades de contención o de resiliencia en las personas, familias y comunidades así como en todos los niveles y poderes estatales, además de atender a los grupos en mayor riesgo, medidas para mitigar situaciones de violencia crónica y reintegrar socialmente a aquellos que de víctimas se convirtieron en victimarios.

¿Quién es Arturo Escobar? Es una persona que carece de tres cualidades necesarias para cumplir con la función de subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana: prestigio moral, experiencia como servidor público y experiencia en el tema de prevención. Proviene del partido político que alteró la equidad en la reciente contienda electoral 2015, recurriendo a reiteradas y sistemáticas violaciones a la legislación electoral para conseguir votos. Como senador fue sorprendido en 2009 con una maleta con 1.1 millones de pesos llegando al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. La procuradora Arely Gómez señaló que la Fepade tiene tres averiguaciones abiertas contra el PVEM por el caso de propaganda ilegal en Cineminutos, propiedad de Adrián Escobar, hermano de Arturo. El PVEM recibió multas por más de 500 millones de pesos de las autoridades electorales y estuvo a punto de perder su registro, ha promovido propuestas contrarias a los derechos humanos: la pena de muerte, la cadena perpetua y la reducción de la edad penal.

Al señor Escobar le corresponde ejercer un presupuesto de 2 mil millones de pesos, para prevenir la criminalidad, la violencia y la inseguridad, del más importante programa gubernamental del tema. El mayor riesgo que representa su nombramiento es la utilización de esos recursos públicos para comprar votos en las elecciones de 2016.

Desafortunadamente no se trata del único nombramiento cuestionable. Está el caso de Mauricio Toledo Gutiérrez (PRD), ex delegado de Coyoacán, que hoy preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con Mauricio Toledo están pendientes múltiples denuncias por su administración delegacional: cohecho, extorsión, cobro de cuotas a sus empleados, engaño respecto de la construcción de hospitales que ni siquiera se encontraban en obra negra, fraude y uso indebido de recursos públicos en su campaña electoral. A veces sólo nos queda gritar: ¡auxilio!

Nota. Esperamos que los miembros de la JG de nuestra alma mater, la UNAM, además de la trayectoria en investigación, docencia y probada experiencia en gestión académica, tomen en cuenta que el próximo rector brille por su honestidad y su compromiso con la autonomía universitaria. Y sería muestra de actualización al nuevo siglo si además se nombrara por primera vez a una de las dos mujeres que van en la contienda, tal como puso el ejemplo El Colegio de México.