Pedro Miguel
L
os ejercicios de abominación del presidente electo estadunidense, tan de moda entre la oligarquía y sus escribidores, son banales en el mejor de los casos o perversos en el peor: buscan disimular el hecho de que México no está ante una situación de posible desastre porque ese individuo brutal haya decidido usar a nuestro país como payaso de las bofetadas de su campaña electoral, sino porque sucesivos gobiernos nacionales nos colocaron en el riesgo de ocupar tal papel. Y el riesgo se concretó.
Todo lo que pueda pasar pasará, dice la implacable ley de Murphy. El advenimiento de posturas ultraderechistas y aun fascistas en la presidencia de Estados Unidos no era un escenario para nada descartable, y menos si el cálculo se hacía en tiempos del gobierno de Ronald Reagan, una administración belicosa y atrabiliaria que no dejó ir ninguna oportunidad para mostrar su hostilidad a México.
En esa época la camarilla neoliberal que se hizo con el control de Los Pinos en 1988, fraude mediante, se había fijado como misión entregar el país al saqueo de los intereses corporativos trasnacionales mediante un programa cuidadosamente delineado de enajenación de los bienes públicos, destrucción de las instituciones y de toda forma independiente de organización social e integración subordinada de la economía nacional a la de Estados Unidos.
A cambio de los favores recibidos, los integrantes de esa camarilla recibirían, una vez retirados de la función pública, cargos generosamente remunerados en las corporaciones beneficiadas por la entrega de México o en organismos internacionales, así como manga ancha para saquear el erario con impunidad garantizada.
La demolición de la soberanía económica y política de México se inició con la firma del Tratado de Libre Comercio (Salinas), prosiguió con la entrega de bancos, ferrocarriles y otras empresas nacionales a entidades extranjeras (Zedillo), pasó por la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Fox), siguió con la Iniciativa Mérida (Calderón) y tiene su más reciente episodio en la reforma energética redactada por Hillary Clinton y aplicada por Peña Nieto, con la complicidad de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y otros socios menores del grupo gobernante.
La implantación del TLC conllevó una grave devastación del campo y la industria y la desaparición de incontables pequeñas empresas nacionales comerciales y de servicios y dejó a millones de personas sin recursos para subsistir. La catástrofe humanitaria así generada se canalizó en forma de un movimiento migratorio masivo hacia el país vecino que proveyó al campo, la industria y los servicios de Estados Unidos con un inapreciable subsidio en forma de mano de obra barata. La economía del país vecino recibió una inyección de competitividad frente a Europa y Asia en la forma de una fuerza laboral que puede ser explotada sin límite porque se encuentra en una total indefensión legal.
Adicionalmente, los gobiernos neoliberales conformaron en la frontera norte y otras regiones del país campos de explotación humana para que las empresas extranjeras, industriales, agrícolas, comerciales y de servicios, pudieran exprimir en territorio nacional a una mano de obra privada de derechos y mecanismos de defensa. Se crearon, de esa forma, millones de puestos de trabajo de ínfima calidad cuya existencia depende por completo del TLC.
Además, los sucesivos gobiernos neoliberales han permitido, por otra parte, la implantación de mecanismos extranjeros de supervisión del quehacer gubernamental (que vigilan el cumplimiento del catecismo neoliberal y voltean hacia otro lado ante actos de corrupción monumentales), entregaron a Washington el manejo de la política migratoria nacional y de la seguridad nacional.
Deberían dejar de hacerse los tontos. Los responsables de la vergonzosa supeditación del país, de la expulsión de decenas de millones de connacionales y de su estado de extremada vulerabilidad en el territorio vecino no son Trump y sus hordas, sino Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, José Córdoba Montoya, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz Martínez, Agustín Carstens, José Ángel Gurría Treviño, Francisco Gil Díaz, Luis Videgaray Caso, Miguel Mancera Aguayo, Herminio Blanco Mendoza, Luis Ernesto Derbez, Jorge G. Castañeda, Ildefonso Guajardo, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Emilio Lozoya Thalmann, Jesús Reyes Heroles González Garza, Luis Téllez Kuenzler, Georgina Kessel Martínez y otros que ya no caben en la enumeración.
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