EDITORIAL La Jornada

Rosario Ibarra de Piedra, pilar de los derechos humanos

E

l Senado de la República reconoció con la Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, la luchadora social que por primera vez puso en el centro del interés nacional y de la vida política de México el problema de los derechos humanos; es decir, de los delitos cometidos contra los ciudadanos desde el poder público.

La legendaria luchadora social empezó su lucha de 45 años tras la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra, quien en 1974 fue detenido de manera ilegal en Monterrey por una docena de agentes policiales que posteriormente lo entregaron a instancias castrenses. Ha sido imposible dar con su paradero, pese a las más de cuatro décadas de incansable labor de búsqueda y recopilación de evidencias.

En el curso de su lucha, doña Rosario se topó con la indiferencia o el franco hostigamiento por parte de las autoridades, emprendió huelgas de hambre, fundó junto con otros familiares de desaparecidos el Comité Eureka –la primera organización consagrada a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada– , fue en dos ocasiones (1982 y 1988) candidata a la Presidencia de la República y respaldó las campañas presidenciales posteriores de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se solidarizó con la insurrección de los indígenas chiapanecos de 1994, con la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con los comuneros de Atenco que fueron bárbaramente reprimidos en el sexenio de Vicente Fox y con otras causas sociales que han dejado huella en la historia reciente del país. Su paso por la política formal culminó con su elección como senadora en 2006.

La indoblegable activista fue postulada en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz y ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales. Más relevante aun, cerca de 150 desaparecidos han sido localizados con vida por la organización que ella fundó y en 1978 fue aprobada una ley de amnistía que permitió que decenas de presos políticos recuperaran su libertad.

Debe recordarse que la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y de cientos de ciudadanos –500, de acuerdo con la lista elaborada por el Comité Eureka– se produjo en el contexto de la guerra sucia, la vergonzosa estrategia aplicada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo para aniquilar a las organizaciones guerrilleras y a sus integrantes.

Asimismo, es necesario remarcar que estos grupos surgieron en diversos puntos del país a finales de la década de 1960 como resultado del asfixiante autoritarismo alcanzado para entonces por el régimen priísta, el cual confirmó brutalmente en la masacre del 2 de octubre de 1968 su incapacidad para procesar las demandas ciudadanas en términos institucionales. En la búsqueda de su hijo, Ibarra de Piedra mantuvo en pie la bandera de los derechos humanos y la presentación con vida de los desaparecidos a lo largo de los sexenios de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Su lucha de casi medio siglo es el cimiento sobre el que se construyeron instituciones fundamentales del Estado mexicano moderno como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es también inspiradora de una nueva generación de familias que buscan a las víctimas de desaparición que dejaron los sangrientos sexenios recientes.

Al recibir la máxima condecoración que otorga el Senado por intermedio de sus hijas Claudia y Rosario Piedra Ibarra, la luchadora social solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que custodie la medalla hasta que pueda entregarla junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin llegará.

Así, hizo de la recepción de la presea un capítulo más de esa lucha, en el cual puso en manos del Ejecutivo federal la obligación moral de esclarecer el paradero de todos los ciudadanos víctimas de desaparición forzosa, compromiso que deberá impulsar el propósito del actual gobierno en el respeto y promoción permanentes de los derechos humanos.