Octavio Rodríguez Araujo
En 2008 fallecieron, por muy diversas causas, poco más de medio millón de personas en México según los datos oficiales de Conapo, Inegi y la Secretaría de Salud. De este total, alrededor de 15 mil personas fallecieron por enfermedades respiratorias agudas bajas, es decir bronquitis, neumonía, laringitis, etcétera, que están asociadas a complicaciones del proceso de gripe común, también denominada influenza. Ésta tiene diversos grados de peligro según la mutación de los virus que la produce y la condición física del paciente. Dicho de otra forma, alrededor de 3 por ciento de todos los que fallecieron ese año en México se debió a complicaciones de gripe. Como en 2008 no hubo ninguna epidemia” de gripe, ni mucho menos “pandemia”, podemos considerar que fue un año “normal” en este sentido. En Estados Unidos se han calculado 51 mil muertes asociadas a la gripe estacional.
El 23 de marzo de 2010 la Cepal, junto con la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud, por solicitud y con el apoyo del gobierno de México, presentó una Evaluación preliminar del impacto en México de la influenza A H1N1.
Al 3 de agosto de 2009 habían fallecido por esta influenza 146 personas en todo el país. El número de casos confirmados del virus fue de 17 mil 416, lo que nos dice que el porcentaje de defunciones por A H1N1 fue de 0.84, y en relación con el total de muertos en general el porcentaje fue de 0.03, muchísimo menos de 3 por ciento que en 2008 murieron por complicaciones de gripe común.
Las medidas adoptadas por las autoridades, especialmente por las del gobierno federal y las del Distrito Federal, tuvieron un costo impresionante, según este estudio. Cito: “Las estimaciones realizadas acerca de las pérdidas ocasionadas por la pandemia durante 2009, suponiendo que la tasa de ataque actual de la enfermedad se mantiene a niveles similares en el resto del año, ascienden a los 127 mil 360 millones de pesos, o su equivalente de 9 mil110 millones de dólares. De dicha cantidad, 121 mil 978 millones de pesos corresponden a menor producción y venta de bienes y servicios (96 por ciento del total), en tanto 5 mil 380 millones más (el 4 por ciento restante) se refieren a mayores gastos por encima de lo normal para atender las necesidades de la emergencia sanitaria.” (Página 6 de la Evaluación.)
Esa pérdida equivalió a uno por ciento del producto interno bruto (PIB) de México en 2008, siendo turismo y comercio los sectores más afectados (73 por ciento de las pérdidas), en tanto que los gastos de atención de la población (diagnóstico, tratamiento y vigilancia) representaron 3 por ciento de esos 127 mil 360 millones de pesos (3 mil 873 millones de pesos). El gobierno mexicano, según cálculos de Carstens, declaró que la afectación por la A H1N1 sería de 30 mil millones de pesos (La Jornada, 6/5/09), cantidad muy por debajo de la calculada por la Cepal.
¿Quiénes pagaron esas pérdidas? En primer lugar los casi 133 mil hogares cuyos miembros cayeron bajo el nivel de pobreza al perder su empleo por las medidas adoptadas por el gobierno contra la pandemia (así llamada irresponsablemente por la OMS al declararla en fase 5 y 6 porque había al menos un infectado en algún país). En segundo lugar las empresas: los restaurantes de todo el país perdieron más de 12 mil millones de pesos, el sector turístico perdió más de 47 mil millones, el comercio (mayoreo y menudeo) perdió 45 mil millones y medio, y todo esto en un ambiente de crisis económica mundial y cuando el PIB había caído en el primer trimestre de 2009, en términos reales, 8.2 por ciento. En el documento comentado se dice: “Así, si la tasa de crecimiento para el país en 2009 había sido estimada anteriormente en –6.4 por ciento, como resultado de la pandemia se tornaría en un decrecimiento de 7.1 por ciento.”
El estudio nos presenta un cuadro comparativo de las pérdidas ocasionadas por distintos desastres en el país. Y después de ajustar los montos a la inflación, el resultado es que dichas pérdidas fueron más altas por la supuesta pandemia que por el terremoto de 1985, la temporada de huracanes de 2005 y las inundaciones en Tabasco en 2007.
En el estudio no están consideradas las compras de vacunas y de antivirales, muchos de ellos adquiridos con gran retraso y que significaron posibles negocios para los altos funcionarios de salud. Sólo para dar una idea de lo que significaron los antivirales y las vacunas, en 2009 las ventas totales de Sanofi Aventis (vacunas) ascendieron a 3 mil 483 millones de euros (4 mil 700 mdd) lo que representa un crecimiento de 19.2 por ciento en comparación con 2008. Roche y Glaxo-Smith-Kline (Tamiflu y Ralenza, respectivamente) aumentaron casi diez veces sus ganancias totales en comparación con el año anterior. (Ver revista Alto Nivel, mayo de 2010.)
Los costos para el país aquí descritos se debieron, principalmente, a las medidas gubernamentales adoptadas a partir de que se decretó el estado de contingencia sanitaria en abril del año pasado. Las medidas fueron de prevención y distanciamiento social tales como el cierre temporal de establecimientos escolares (desde guarderías infantiles hasta centros universitarios que, casi por decreto, se volvieron a abrir el 7 de mayo), templos religiosos, teatros y cines, centros de esparcimiento y de comidas y bebidas, teatros y cines, etcétera. En una palabra, paralización de la economía y una situación de miedo, casi de pánico, gracias a la cual mucha gente no sólo se encerró en su casa sino que veía como una amenaza a su salud y a su propia vida si alguien estornudaba cerca. Los tapabocas y los desinfectantes en diversas presentaciones se vendieron como pan caliente y no pocos de sus productores se quedaron con stocks difíciles de vender una vez que el miedo pasó. La contingencia dictada por el gobierno alcanzó a los aeropuertos (con la consiguiente compra de detectores de temperatura humana) y a los vuelos tanto nacionales como internacionales. Estos últimos sufrieron una caída notable. Las declaraciones alarmistas del gobierno mexicano asustaron también a los extranjeros provocando que muchos de ellos no vinieran al país. La Evaluación que comento señaló: “El valor de los flujos provenientes del exterior que no se produjeron (y producirán en el resto del año) se estima asciende a los 39 mil 654 millones de pesos.”
El alarmismo de los gobiernos del Distrito Federal y de la República fue respaldado por la Organización Mundial de la Salud (25 de abril de 2009), que se ha caracterizado por exagerar peligros reales o ficticios para justificar su costosa existencia y para promover entre la población mundial más miedo del que justificadamente tiene por la falta de expectativas en un mundo en crisis.
El 23 de marzo de 2010 la Cepal, junto con la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud, por solicitud y con el apoyo del gobierno de México, presentó una Evaluación preliminar del impacto en México de la influenza A H1N1.
Al 3 de agosto de 2009 habían fallecido por esta influenza 146 personas en todo el país. El número de casos confirmados del virus fue de 17 mil 416, lo que nos dice que el porcentaje de defunciones por A H1N1 fue de 0.84, y en relación con el total de muertos en general el porcentaje fue de 0.03, muchísimo menos de 3 por ciento que en 2008 murieron por complicaciones de gripe común.
Las medidas adoptadas por las autoridades, especialmente por las del gobierno federal y las del Distrito Federal, tuvieron un costo impresionante, según este estudio. Cito: “Las estimaciones realizadas acerca de las pérdidas ocasionadas por la pandemia durante 2009, suponiendo que la tasa de ataque actual de la enfermedad se mantiene a niveles similares en el resto del año, ascienden a los 127 mil 360 millones de pesos, o su equivalente de 9 mil110 millones de dólares. De dicha cantidad, 121 mil 978 millones de pesos corresponden a menor producción y venta de bienes y servicios (96 por ciento del total), en tanto 5 mil 380 millones más (el 4 por ciento restante) se refieren a mayores gastos por encima de lo normal para atender las necesidades de la emergencia sanitaria.” (Página 6 de la Evaluación.)
Esa pérdida equivalió a uno por ciento del producto interno bruto (PIB) de México en 2008, siendo turismo y comercio los sectores más afectados (73 por ciento de las pérdidas), en tanto que los gastos de atención de la población (diagnóstico, tratamiento y vigilancia) representaron 3 por ciento de esos 127 mil 360 millones de pesos (3 mil 873 millones de pesos). El gobierno mexicano, según cálculos de Carstens, declaró que la afectación por la A H1N1 sería de 30 mil millones de pesos (La Jornada, 6/5/09), cantidad muy por debajo de la calculada por la Cepal.
¿Quiénes pagaron esas pérdidas? En primer lugar los casi 133 mil hogares cuyos miembros cayeron bajo el nivel de pobreza al perder su empleo por las medidas adoptadas por el gobierno contra la pandemia (así llamada irresponsablemente por la OMS al declararla en fase 5 y 6 porque había al menos un infectado en algún país). En segundo lugar las empresas: los restaurantes de todo el país perdieron más de 12 mil millones de pesos, el sector turístico perdió más de 47 mil millones, el comercio (mayoreo y menudeo) perdió 45 mil millones y medio, y todo esto en un ambiente de crisis económica mundial y cuando el PIB había caído en el primer trimestre de 2009, en términos reales, 8.2 por ciento. En el documento comentado se dice: “Así, si la tasa de crecimiento para el país en 2009 había sido estimada anteriormente en –6.4 por ciento, como resultado de la pandemia se tornaría en un decrecimiento de 7.1 por ciento.”
El estudio nos presenta un cuadro comparativo de las pérdidas ocasionadas por distintos desastres en el país. Y después de ajustar los montos a la inflación, el resultado es que dichas pérdidas fueron más altas por la supuesta pandemia que por el terremoto de 1985, la temporada de huracanes de 2005 y las inundaciones en Tabasco en 2007.
En el estudio no están consideradas las compras de vacunas y de antivirales, muchos de ellos adquiridos con gran retraso y que significaron posibles negocios para los altos funcionarios de salud. Sólo para dar una idea de lo que significaron los antivirales y las vacunas, en 2009 las ventas totales de Sanofi Aventis (vacunas) ascendieron a 3 mil 483 millones de euros (4 mil 700 mdd) lo que representa un crecimiento de 19.2 por ciento en comparación con 2008. Roche y Glaxo-Smith-Kline (Tamiflu y Ralenza, respectivamente) aumentaron casi diez veces sus ganancias totales en comparación con el año anterior. (Ver revista Alto Nivel, mayo de 2010.)
Los costos para el país aquí descritos se debieron, principalmente, a las medidas gubernamentales adoptadas a partir de que se decretó el estado de contingencia sanitaria en abril del año pasado. Las medidas fueron de prevención y distanciamiento social tales como el cierre temporal de establecimientos escolares (desde guarderías infantiles hasta centros universitarios que, casi por decreto, se volvieron a abrir el 7 de mayo), templos religiosos, teatros y cines, centros de esparcimiento y de comidas y bebidas, teatros y cines, etcétera. En una palabra, paralización de la economía y una situación de miedo, casi de pánico, gracias a la cual mucha gente no sólo se encerró en su casa sino que veía como una amenaza a su salud y a su propia vida si alguien estornudaba cerca. Los tapabocas y los desinfectantes en diversas presentaciones se vendieron como pan caliente y no pocos de sus productores se quedaron con stocks difíciles de vender una vez que el miedo pasó. La contingencia dictada por el gobierno alcanzó a los aeropuertos (con la consiguiente compra de detectores de temperatura humana) y a los vuelos tanto nacionales como internacionales. Estos últimos sufrieron una caída notable. Las declaraciones alarmistas del gobierno mexicano asustaron también a los extranjeros provocando que muchos de ellos no vinieran al país. La Evaluación que comento señaló: “El valor de los flujos provenientes del exterior que no se produjeron (y producirán en el resto del año) se estima asciende a los 39 mil 654 millones de pesos.”
El alarmismo de los gobiernos del Distrito Federal y de la República fue respaldado por la Organización Mundial de la Salud (25 de abril de 2009), que se ha caracterizado por exagerar peligros reales o ficticios para justificar su costosa existencia y para promover entre la población mundial más miedo del que justificadamente tiene por la falta de expectativas en un mundo en crisis.
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