México SA

la basura, 140 mil millones de pesos

Dinero público a partidos y “autoridades”

SEP-SS: ¡viva la chatarra en las escuelas!

Carlos Fernández-Vega

Ciento cuarenta mil millones de pesos significan un mundo de dinero, sobre todo en un país como el nuestro –con un creciente inventario de carencias y urgencias–, y especialmente cuando se conoce que quienes alegremente los han gastado nada han regresado a los millones de mexicanos que han aportado esa cantidad, amén de que su consumo, en términos sociales, ha resultado totalmente improductivo. Para dar una idea de qué se trata, esa cantidad (algo así como 11 mil millones de dólares) resultaría más que suficiente para construir una refinería de muy buena capacidad (con la derrama económica y la menor dependencia foránea que ello implicaría), o si se prefiere para pagar 20 por ciento de la deuda externa al cierre de junio pasado (con el implícito ahorro en intereses). Un comparativo internacional puede ser que ese monto de recursos alcanzaría para cubrir 75 por ciento de la reconstrucción de Haití, devastado por el terremoto del pasado enero.
Un mundo de dinero sí, pero a la vista de los acontecimientos, tirado a la basura. En reiteradas ocasiones se ha dicho que en materia de dineros y gasto público no es suficiente conocer el monto disponible sino en qué y para qué se gasta, porque la idea es utilizar los recursos del país en algo que reditúe económica y socialmente a los mexicanos, les mejore la perspectiva y coadyuve a construir un futuro nacional más sólido y prometedor, lo que ni de lejos es el caso de los citados 140 mil millones de pesos. En realidad, alegando “razones democráticas”, esa cantidad corresponde a lo que en una década han engullido los partidos políticos con registro y la “autoridad” electoral (la santísima trinidad en esta materia), holgadamente financiados por los depauperados mexicanos, quienes –les guste o no– puntualmente pagan esos voluminosos recursos.
Ciento cuarenta mil millones de pesos para financiar el paulatino deterioro de partidos y “autoridades” electorales no sólo es un mundo de dinero, sino un desperdicio espeluznante, sobre todo si en el balance de resultados sobresalen pantagruélicos sueldos y prestaciones, consejeros, elecciones cuestionadas, sumisión a los poderes fácticos, imposición de candidatos, alianzas para hacer negocios, etcétera, etcétera. Entonces, para que estos dineros generen un efecto positivo para los ciudadanos y que sirvan para lo originalmente previsto, los primeros que deben modificar su modus operandi son los grupos enquistados en partidos y “autoridades”, y que los dirigentes, consejeros y conexos representen y defiendan los intereses de la ciudadanía, porque democracia sin resultados tangibles para la población no es tal, como comprenderán los beneficiarios del citado mundo de dinero aportado por los depauperados mexicanos.
En vía de mientras, la información que se anota proviene de la propia Cámara de Diputados –otro negocio dorado–, la cual ha hecho un compendio sobre el financiamiento público federal que en la última década han recibido los partidos políticos nacionales y la denominada “autoridad” electoral (Instituto Federal Electoral, IFE; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Trife, y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Fepade), del que se toman los siguiente elementos: con base en la información proporcionada por el IFE, durante el periodo 2000-2010 han existido en nuestro país 16 partidos políticos nacionales, que han recibido un financiamiento público por 32 mil 788.49 millones de pesos, de los que 25 mil 66.6 millones han sido para actividades ordinarias; 6 mil 815.49 para actividades extraordinarias; 793.57 para actividades específicas, y 112.83 para capacitar, promover y desarrollar el liderazgo político de la mujer. En ese lapso, siete partidos políticos han mantenido su representación en el Congreso de la Unión, recibiendo un financiamiento público de 30 mil 892.3 millones, equivalente a 94.1 por ciento del financiamiento público total; asimismo, nueve partidos políticos perdieron su representación, concentrando mil 896.1 millones, es decir, 5.9 por ciento del financiamiento público total.
Durante ese periodo, el financiamiento público se distribuyó de la siguiente manera entre los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión: Acción Nacional, 8 mil 847.1 millones de pesos; Revolucionario Institucional, 8 mil 919.8 millones; de la Revolución Democrática, 5 mil 128.3; del Trabajo, 2 mil 295.6; Verde Ecologista de México, 2 mil 765.3; Convergencia por la Democracia, mil 986.8, y Nueva Alianza, 949.4. Específicamente para 2010 el financiamiento público federal para los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión fue de 3 mil 55.6 millones, de los que 2 mil 910.06 se destinarán a las actividades ordinarias; 87.3 a actividades específicas, y 58.2 para capacitar, promover y desarrollar el liderazgo político de la mujer, siempre según la versión oficial.
Por el lado de la “autoridad”, el financiamiento en el citado periodo acumula 104 mil 859.7 millones de pesos. Sólo en 2010 se canalizarán 10 mil 672.3 millones, de los que 8 mil 631.8 corresponden al IFE (responsable de organizar las elecciones federales), mil 909.9 al Trife (última instancia para resolver las impugnaciones en materia electoral) y 130.6 a la Fepade (la que dice atender los delitos electorales). Del total citado, el 86.5 por ciento corresponde al gasto realizado por el IFE; 12.5 por ciento al Trife, y uno por ciento a la Fepade.
La distribución anual de los dineros canalizados al IFE se ha dado de la siguiente forma: 8 mil 300.6 millones de pesos en 2000; 5 mil 294.2 en 2001; 5 mil 850.7 en 2002; 10 mil 976.8 en 2003; 5 mil 531.1 en 2004; 6 mil 329.8 en 2005; 11 mil 892.1 en 2006; 8 mil 526.8 en 2007; 7 mil 967.03 en 2008; 11 mil 981.5 en 2009; y 8 mil 631.77 en 2010. En el caso del Trife, el promedio anual de financiamiento público se aproxima a mil 200 millones, y en el de la Fepade cercano a 100 millones.
Las rebanadas del pastel
Era previsible: al grito de ¡vivan los niños obesos! (qué más da el grave problema de salud pública que ello implica), las secretarías de Educación y de Salud (léase el inquilino de Los Pinos) sumisamente doblaron las corvas frente a los fabricantes de alimentos chatarra, entre ellos la siempre pía familia Servitje, una de las más generosas en eso de meterle dinero a la campaña electoral del que ahora exige respeto, y la trasnacional Pepsico. Así, la venta de chatarra en las escuelas se mantiene. Con esas “autoridades”, los niños para qué necesitan enemigos.
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