Reculan SEP y SS: gorditos se ven más bonitos
Empresarios chatarreros y campañas
Las “razones” financieras son las que interesan
Carlos Fernández-Vega
Con velocidad inaudita se ha modificado la posición oficial en torno a un delicado tema que afecta en mayor medida a la población infantil: de los cotos de poder” denunciados en enero pasado, la supuesta autoridad encargada del asunto pasó a un complaciente “en ningún momento hubo presiones”; de la “firme decisión” de erradicar la “comida” chatarra de las escuelas, a “se mantendrá su venta”, porque el dulce cuan multimillonario atractivo de los edulcorantes en bebidas elaboradas por esos “cotos de poder” no provoca daños en la niñez; del “preocupante” incremento de la obesidad infantil, al “que vivan los gorditos tan bonitos en este país”; del, en fin, “somos el gobierno”, al nunca se te olvide quién te instaló allí.
Ese es, en síntesis, el relampagueante viraje que en sólo unos meses han dado las secretarías de Salud y de Educación Pública (léase el inquilino de Los Pinos, con José Angel Cordova y Alonso Lujambio en su representación) en su “firme decisión” de combatir la obesidad infantil por medio, entre otras “acciones”, de la erradicación de la “comida” chatarra de las escuelas, con el fin de reducir sustancialmente el bombardeo de carbohidratos y calorías que proveen papitas, pastelitos, refresquitos y demás “itos” altamente engordantes que afectan la salud de los niños, especialmente, pero que incrementan, y de qué manera, la salud financiera de las empresas chatarreras.
En enero pasado, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, reconoció la dificultad que representa suspender la venta de comida chatarra en las escuelas del país, porque “se enfrentan cotos de poder, de grupos de las mismas cooperativas y por una inercia que lleva muchos años”, cuando en estos días ha resaltado las virtudes de los edulcorantes, porque “tienen un soporte científico”. Sobre la falta de evidencias médicas de los efectos que esas sustancias pueden provocar en la salud de los niños, el funcionario afirmó que “hay edulcorantes en el Códex Alimentario, que no están prohibidos de manera sistemática; hay varios países que permiten la venta de estos productos en escuelas secundarias” (El Universal). Y a coro, el titular de la SEP, Alonso Lujambio, destacó la civilidad de los chatarreros, pues –según dijo– “en ningún momento hubo presiones (por parte de ellos), sino diálogo constructivo en el diseño de la regulación para la venta de alimentos y bebidas en escuelas, que entrará en vigor el ciclo escolar que inicia el próximo 23 de agosto”, es decir, aparte de que sus productos no engordan, son en extremo sensibles si de cuidar la salud infantil se trata.
En enero de 2010 la información gubernamental advirtió, aunque tardíamente, que en sólo siete años la obesidad en niños de entre cinco y 11 años de edad aumentó 77 por ciento en el país, y el propio Córdoba Villalobos detalló que “4.5 millones de niños sufren sobrepeso y obesidad en México, con un crecimiento promedio de 1.1 por ciento anual en la población infantil, a los que se suman 6 millones de adolescentes… 42.5 millones de adultos mayores de 20 años padecen obesidad y sobrepeso (32 millones cinco años atrás), lo que representa un gasto directo para el sector salud de 42 mil millones de pesos, debido a la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas vinculadas con esta pandemia, a lo que se suman 25 mil millones en gastos para las familias, cifras que en la próxima década podrían incrementarse a más del doble” (La Jornada).
Puesto ambulante de raspados en calles de la ciudad de México Foto Roberto García Ortiz
Sin embargo, del reconocimiento –tardío– de ese grave problema de salud pública, el gobierno calderonista transitó –una vez más– a la complacencia absoluta, al constatar quiénes son los empresarios chatarreros que con una enorme sonrisa (nunca tan grande como sus utilidades) contribuyen a engordar a la niñez mexicana, a la par que financian (invierten en) campañas políticas, y para el agradecido inquilino de Los Pinos lo segundo es infinitamente más importante que lo primero (“que a los niños los enflaquen en su casa, que para eso está mi política económica”). Y, en ambas actividades, entre esos chatarreros destacan trasnacionales y nacionales como Bimbo-Marinela-Barcel, Coca-Cola-Femsa-Del Valle, Pepsi-Sabritas-Gamesa, Nestlé, Jumex, Grupo Peñafiel, Kellogs, etcétera, todas ellas reunidas en una organización llamada Conméxico, presidida por Javier González Franco, director general de Bimbo, y Jaime Zabludovsky Kuper, ex subsecretario de Comercio y ex subjefe de la negociación del TLCAN.
El gobierno calderonista rápido olvidó su propio diagnóstico (proyecto del Acuerdo nacional para la salud alimentaria): en México “el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones se encuentran entre los problemas de salud pública más importantes. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reporta que 12.7 por ciento de niños menores de cinco años presentan desnutrición crónica (baja talla y bajo peso) y 1.2 millones presentan anemia crónica… En el otro extremo, más de 4 millones de niños (de 5 a 11 años) están en riesgo (por) la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, revelando también que el sobrepeso y la obesidad han seguido aumentando en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, lo que ha llevado a nuestro país a ocupar el segundo lugar en el mundo en obesidad en adultos (el primero en niños)… aunado a la saturación de mensajes en medios de comunicación masiva orientados al consumo de alimentos con bajo o nulo valor nutricional, y a una dieta en la que se omite una de las tres comidas principales o en las que se contienen grandes cantidades de azúcares y grasas saturadas, así como el poco consumo de frutas y verduras, pone a los niños y adolescentes en riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y en consecuencia presentar enfermedades que antes eran exclusivas de adultos, como la diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, malestares cardio y cerebro vasculares, aumento de triglicéridos y colesterol…”.
Qué más da: la chatarra se mantiene en las escuelas, al igual que el bombardeo publicitario de estos productos, y las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por el gobierno para la instalación de “expendios electrónicos” con este tipo de artículos, porque más de 20 mil millones de pesos anuales en utilidades y el financiamiento a campañas políticas bien valen una población infantil obesa. Y lo mismo creen en el Congreso: de 60 iniciativas presentadas allí “para frenar la venta de comida chatarra y la publicidad relacionada” (La Jornada), 60 han terminado en el cesto de la basura.
Las rebanadas del pastel:
Si de show se trata, hoy sigue el culebrón en la Cofetel para “convalidar democráticamente” un nuevo asalto a la nación (léase licitación 21).
No hay comentarios:
Publicar un comentario