Fibra óptica, millonario negocio reservado para los “amigos del régimen”: SME

Falta por conocer quiénes tienen los servicios indirectos: Amezcua

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada

Martes 17 de agosto de 2010, p. 14

Al darse a conocer el monto del negocio de los contratos otorgados a empresas privadas del sector eléctrico por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), queda claro que la resolución gubernamental de extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) corresponde a la intención de privatizar la prestación de un servicio que está reservado para el Estado, favoreciendo con ello al capital privado y reservando el millonario negocio que significa la fibra óptica para los “amigos del régimen”, señaló el Sindicato Mexicano de Electricidad (SME).
Detalló que ahora resulta que el gobierno está pagando más cara la prestación del servicio con los más de 500 contratistas con los que quiere suplir a los trabajadores de LFC; que no hay ninguna transparencia en el otorgamiento de dichos contratos, pues este proceso se lleva a cabo de manera discrecional a la “voluntad” de los directivos de la CFE y, sobre todo, que ha empeorado el servicio a los usuarios.
Además, las trasnacionales ya detentan 30 por ciento de toda la generación de electricidad en el país. Ahora la CFE está operando para dejar la prestación del servicio a empresas privadas que no están calificadas para ello y que incluso ahora están supliendo el cobre por el aluminio en las conexiones lo que a la larga generará mayores fallas y tendrá mayor costo.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME indicó que poco a poco están saliendo a la luz las mentiras del gobierno federal para acabar con esta empresa, pues en su justificación señaló que si se tomaba esta decisión “valiente” era para reducir los costos, para que los usuarios pagaran más barata la energía y tuvieran mejor servicio, nada de lo cual ha sucedido.
Queda claro, dijo, que lo que está detrás de esta resolución es la privatización del sector eléctrico. Salen a relucir las cantidades y el tipo de empresas beneficiadas con contratos, pero lo que todavía no se sabe es quiénes tienen los negocios indirectos, como son: cuantos vehículos se han “prestado” a las empresas contratistas; qué empresas reparan y dan mantenimiento a dichos vehículos y quién paga ello; a quién le compran los postes y los medidores que están cambiando, etcétera. “El tamaño de este negocio es muy grande.
“Ojalá no resulte que parte de los dueños de las empresas contratistas beneficiadas sean los mismos funcionarios de la CFE o de otras dependencias públicas”, planteó, y dijo que el costo que se está pagando por el mal servicio es altísimo,
“Pero el problema más grave es que se está violentando la Constitución, pues este servicio es estratégico y está reservado al Estado y no lo pueden atender los privados. Además, no hay ningún fundamento legal que haya determinado qué entidad será la encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. Aparte, ni siquiera está contemplada la posibilidad de adjudicación de contratos a empresarios privados; eso no existe en la ley.”
Por último, Amezcua comentó que el SME continuará realizando asambleas de usuarios en varias delegaciones del Distrito Federal, para informar sobre el mal servicio que están recibiendo, la posibilidad legal que tienen de defenderse contra el excesivo cobro del servicio y alertar sobre el cambio de medidores y si aceptan el sistema de prepago. Los próximos días se llevarán a cabo estas reuniones en las explanadas de las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.