México SA

Vade retro, especuladores

Bruno Ferrari, el exorcista

¿Sanciones con base en qué?

Carlos Fernández-Vega

Vade retro, especuladores pérfidos. Temblad, que ya lo dijo el iluminado cuan ocurrente secretario de Economía, Bruno Ferrari: “no se tolerará ningún tipo de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este alimento básico, puesto que no se justifica”, es decir, lo mismo que han dicho prácticamente todos los titulares de esa dependencia a lo largo de la última década, con el resultado por todos conocido y padecido (alrededor de mil 500 por ciento de incremento en el precio al consumidor, de 1999 a la fecha, desde que a los tecnócratas se les ocurrió “liberar” el mercado respectivo). Entonces, podéis dormir tranquilos, mexicanos incrédulos, que de una u otra forma os cargarán el aumento: directo al precio del producto, o por la vía del subsidio fiscal para que los industriales del ramo queden tranquilos.

Sin un precio oficial regulado y/o administrado por el gobierno federal (al que, como parte de su política económica, lo menos que le interesa es fijar precios), en un mercado totalmente “liberado”, según su propio lenguaje, con las puertas abiertas de par en par a la importación de todo tipo de productos agrícolas (el maíz en primer lugar; los llamados cupos desaparecieron el primero de enero de 2008), con un precio sujeto a la oferta y la demanda del mercado (como reconoce el propio Ferrari), y finiquitado el denominado “acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla” (firmado en 2007 en Los Pinos, que se prolongó hasta 2008), ¿con base en qué piensa el exorcista que despacha en la Secretaría de Economía sancionar hasta con 2 millones de pesos a quienes “violen” el precio del kilogramo de tortilla?

Por si fuera poco, Bruno Ferrari aseguró que “se reforzarán las inspecciones en las tortillerías del país para verificar que el precio establecido continúe” (¿cuál precio establecido?). La encargada de tales inspecciones será la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual también “sancionará las prácticas abusivas”. Qué bueno, pero en la República existen formalmente registradas alrededor de 64 mil tortillerías. De acuerdo con la nómina oficial (Secretaría de Hacienda), 2 mil 721 personas trabajan en la Profeco, incluido el procurador. Entonces, para supervisar el citado universo de tortillerías, cada uno de los que labora en esta dependencia tendría que dedicarse a plenitud a “supervisar” algo así como 24 tortillerías cotidianamente para cumplir con la promesa del secretario de Economía e impedir que el precio se dispare, algo posible sólo en el discurso.

Tal vez las “sanciones” hasta de 2 millones de pesos podrían encontrar cobijo en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el que se advierte que la Profeco “verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes… Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas…” Bien, pero el problema es que no existe un precio máximo para la tortilla, toda vez que es un mercado totalmente abierto y sujeto a la oferta y la demanda, esto es uno de los mecanismos promovidos y protegidos por la política económica impuesta en el país desde hace casi tres décadas.

Uno de los grandes en lo que a producción y distribución de tortillas se refiere, Maseca, aporta lo suyo para entender de qué se trata el aparentemente intempestivo aumento en el precio de la tortilla: “el gobierno mexicano creó, a través de la Secretaría de Economía dentro del Acuerdo para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales, el Programa de Apoyo a la Industria de la Harina de Maíz (Proharina). Dicho programa tenía entre sus objetivos atenuar el impacto al consumidor final del incremento de los precios internacionales del maíz, mediante un mecanismo para el otorgamiento de apoyos al consumidor final, canalizado a través de la industria fabricante de harina de maíz.

“Sin embargo, el gobierno mexicano canceló el programa Proharina en noviembre de 2009. Como resultado de la cancelación del gobierno mexicano de este programa, en ese mes nos vimos en la necesidad de incrementar el precio de nuestros productos para reflejar dichos costos adicionales… El gobierno mexicano, a través del programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria apoya a los agricultores mexicanos en la comercialización de maíz. En la medida que éste u otros programas similares sean cancelados por el gobierno mexicano, pudiéramos vernos en la necesidad de incurrir en costos adicionales para la compra de maíz y, por lo tanto, pudiera ser que necesitemos subir los precios de nuestros productos para reflejar dichos costos adicionales.

“Hasta el 31 de diciembre de 2007 era necesaria la obtención de cupos para la importación de maíz a tasas preferenciales proveniente de Estados Unidos. No obstante, a partir del primero de enero de 2008, de acuerdo con lo establecido en el TLCAN, se liberó la importación de granos entre los países participantes, por lo que ya no es necesaria la obtención de cupos para hacer dichas importaciones. El restablecimiento de cupos a la importación de maíz u otras barreras a la importación del mismo podría tener un impacto negativo en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación. No podemos asegurarles que el gobierno mexicano continuará cumpliendo con los términos del TLCAN, ni que éste no tomará otras medidas que pudieran afectar la disponibilidad y el precio del maíz”. A lo anterior hay que sumar el constante incremento en el precio de los combustibles, alza que repercute en toda la cadena de producción y comercialización. Tales precios los fija el gobierno federal, no así el de la tortilla.

Otro productor, Minsa, señala que “no obstante que los productos elaborados por esta empresa son de consumo popular y masivo, e inclusive algunos son de consumo básico, ninguno de éstos se encuentra sujeto a controles de precios por el gobierno mexicano. La compañía estima que no se presentarán a futuro controles en el precio de la tortilla, sin embargo, no puede garantizar tal situación, que en su caso podría afectar de manera adversa los resultados de operación de la misma”.

En fin, allí está uno de los muchos Frankensteins del libre mercado que crearon, y ahora no saben ni por dónde.

Las rebanadas del pastel

Si la previsión de la Cepal se cumple (5.3 por ciento de crecimiento en 2010, y 3.5 por ciento en 2011), en cinco años de calderonato la economía mexicana habría “avanzado” a una tasa promedio anual de 1.36 por ciento, y no es “percepción”.

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