EDITORIAL

¿Condenados a la violencia?

Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de la ONU contra el Delito y las Drogas, afirmó ayer que, como en el resto de América Latina, la violencia delictiva en México está destinada a seguir por algún tiempo, no se sabe cuánto, pero va a permanecer”. Opinó que, para contrarrestarla, el gobierno federal debe avanzar en la transformación de las estrategias “reactivas” a las “preventivas” en materia de seguridad. Adicionalmente, el funcionario atribuyó el problema al “control de territorio”.

Lo dicho por Mazzitelli se agrega a las advertencias formuladas por altos funcionarios de la administración federal, de que el país debe resignarse a padecer un largo ciclo de muertes y destrucción, y coincide con la estrechez de miras de las apreciaciones gubernamentales que circunscriben la actual catástrofe de la seguridad pública a un asunto judicial, policial y militar.

Abonan, en ambos sentidos, a la desesperanza social y al gravísimo equívoco de ignorar que los lineamientos económicos neoliberales seguidos por los distintos gobiernos desde hace un cuarto de siglo son la causa profunda del auge delictivo, de la descomposición institucional, de la inseguridad y de la pérdida de control territorial por el Estado en amplias regiones del territorio nacional.

Ese mismo equívoco es el punto de partida de las declaraciones formuladas ayer por el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, quien llamó a priorizar el combate a las adicciones, como si éstas fueran la raíz de los fenómenos delictivos que padece el país, y no expresión, a su vez, de los verdaderos factores de esclavitud en la época presente: la miseria, la desigualdad extrema y la desintegración del tejido social propiciada por las lógicas económicas del libertinaje de mercado, la apertura comercial indiscriminada, la aniquilación de la presencia económica del Estado, el abandono de políticas sociales, el total desamparo de los grupos más vulnerables y la depredación sistemática de regiones y de recursos naturales por parte de los grandes consorcios trasnacionales.

La lucha contra la delincuencia podrá seguir acumulando victorias espectaculares –reales o supuestas–, las autoridades policiales y militares podrán seguir anunciando, con bombo y platillo, la captura o la muerte de presuntos capos del narcotráfico y el desmantelamiento de bandas de secuestradores, pero, en tanto no se cambie el modelo de política económica, de fomento a los intereses privados –y extranjeros, en su mayor parte– por uno de la dignificación de las condiciones de vida de la población, seguirá existiendo el caldo de cultivo del que se nutre la mayor parte de los fenómenos criminales.

En esa lógica resulta inevitable la perspectiva de conflictos armados de larga duración y de la consiguiente destrucción en los ámbitos demográfico, político, social e institucional: en tanto los gobiernos carezcan de la voluntad política para incidir en las causas profundas del auge delictivo, seguirán siendo incapaces de retomar el pleno control territorial, o bien lo harán a costa de mucha sangre y de muchas vidas, y ni siquiera en ese caso podrán erradicar la posibilidad de un resurgimiento o una recomposición de los grupos criminales.

Resulta urgente, pues, que tanto los gobiernos como los organismos internacionales acepten la necesidad de enfrentar a la delincuencia no sólo en sus expresiones últimas y más atroces, sino, sobre todo, en sus raíces sociales, institucionales y económicas. De otra manera, las naciones afectadas por el auge de la criminalidad estarán, ciertamente, condenadas a padecer la violencia por tiempo indefinido.