México SA

Indolente y voraz burocracia federal

La Presidencia gastó 5,900% más

Carlos Fernández-Vega

Con la H burocracia mexicana de plano ya no se sabe si lo conducente es reír (por la pomposa cuan recurrente firma de acuerdos y decretos de austeridad” que más tarda en firmar que en incumplir) o llorar (por el creciente cuan voluminoso costo que para las finanzas públicas representa su mantenimiento), porque a pesar de que cada día ofrece peores servicios, pésima atención a los ciudadanos y nulos resultados a la patria, a ésta cada día le resulta más oneroso su mantenimiento.

En el último trimestre de 2010 la burocracia nacional –especialmente la dorada– le costó a esa patria ofendida y a los mexicanos que la mantienen más de 88 mil 700 millones de pesos, sólo por concepto de prestaciones (independientemente de salarios, sueldos, viáticos, guaruras y conexos), más de 20 por ciento de incremento con respecto a igual periodo de 2009. Cierto es que al final de ese lapso se pagan aguinaldos y otras “compensaciones”, pero un año y otro la diferencia en monetario se aproxima a los 16 mil millones de pesos. ¿Quién pagó cotidianamente alrededor de 986 millones de pesos en prestaciones para los siempre eficientes “servidores públicos”? Los mexicanos en el lapso de referencia, como si sobrara el dinero en este país.

Así, con el dato oficial de octubre-diciembre de 2010 (aportado por la Secretaría de Hacienda en su informe trimestral a la Cámara de Diputados) y para felicidad de la mexicanada silenciosa, a lo largo de 2010 de sus bolsillos salieron cerca de 240 mil millones de pesos para alimentar el barril sin fondo que significan las prestaciones de la indolente cuan voraz burocracia federal (no incluye el costo estatal y municipal por el mismo concepto). En 2009 se destinaron unos 211 mil millones de pesos para cubrir este renglón; en 2010 casi 240 mil, una diferencia (favorable a las tres veces H, desde luego) cercana a 14 por ciento.

El gasto en el cuarto trimestre de 2010, por el concepto citado, rompe récord. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2007 la austera Presidencia de la República (donde se firman los acuerdos y decretos de “austeridad”) erogó 3 millones 318 mil pesos por concepto de prestaciones a los que allí laboran, incluido el inquilino de Los Pinos; en igual periodo, pero de 2010, la cifra se elevó a 198 millones 522 mil pesos, un incremento cercano a 5 mil 900 por ciento entre una fecha y otra. De ese tamaño es la “austeridad” a la que se comprometió el susodicho morador de la residencia oficial.

Un poco de historia sobre la pregonada “austeridad”, alguna vez condensada en este mismo espacio: apenas 48 horas después de sentarse en Los Pinos, el nuevo inquilino organizó pomposo acto en la residencia oficial donde firmó uno de sus primeros decretos de gobierno, el de austeridad, como lo denominó, porque –citó Felipe Calderón– decía don Benito Juárez que bajo el sistema federativo “no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Tal decreto obligaba a reducir 10 por ciento los sueldos netos del propio inquilino de Los Pinos, sus secretarios de despacho y la cadena de mando descendente hasta los titulares de unidad y puestos equivalentes, y justificó la decisión porque “hoy los ciudadanos demandan de los servidores públicos el ejercicio de un buen gobierno; es decir, velar por los intereses de la nación y ser responsables en el uso de los recursos de los mexicanos. Por eso mi gobierno se regirá por estrictas reglas de austeridad y eficiencia. Por ello, aplicaremos y promoveremos medidas de austeridad en toda la administración pública”.

Pasó el tiempo, y el inquilino de Los Pinos firmó más decretos, puso nuevos topes y fomentó leyes relativas a la famosa “austeridad”, pero mañosamente dejó abierta una puerta por donde prácticamente se cuela todo, absolutamente todo, menos la austeridad. Por la vía de las llamadas “prestaciones a servidores públicos” que laboran en la Presidencia de la República (y demás entidades del gobierno federal), Felipe Calderón y amigos que lo acompañan se sirven con la cuchara grande, y el gasto de la residencia oficial en ese renglón lo documenta la propia Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con dichas cifras, el candado de austeridad aparentemente funcionó bien en todo 2007 y en el primer trimestre de 2008, pero a partir del segundo trimestre de ese mismo año, con los tambores de la crisis comenzando a retumbar, el gasto por prestaciones a servidores públicos se disparó, aunque el relativo a salarios de altos funcionarios se mantuvo dentro de los lineamientos del decreto del 3 de diciembre de 2006. En el primer año de estadía en la residencia oficial, los “servidores públicos” que allí laboraban obtuvieron prestaciones por un total de 11 millones 93 mil 183.17 pesos, con un promedio diario de 30 mil 392.28 pesos; en 2009, el año del “catarrito” y del desplome económico, las erogaciones por tales prestaciones para los mismos “servidores públicos” sumaron 457 millones 603 mil 190.8 pesos, con un promedio diario de un millón 253 mil 707.37 pesos, un incremento de 41.25 tantos entre una y otra fecha. Ya para 2010 el austero gasto por “prestaciones a servidores públicos” en la Presidencia de la República acumuló 470 millones de pesos.

Y para que a nadie se le olvide, especialmente al emisor del siguiente comentario, va uno de los primeros compromisos: “durante décadas las autoridades han demandado a la ciudadanía ajustarse el cinturón, y la ciudadanía lo ha hecho. Hoy el gobierno tendrá que ser el primero en aportar este esfuerzo; la sociedad reclama de todos los servidores públicos una mayor conciencia sobre el uso de los recursos que son de los mexicanos” (Felipe Calderón, 3 de diciembre de 2006, en la firma del decreto de austeridad).

Y allí están los resultados.

Las rebanadas del pastel

Un solidario abrazo para Cristina Barros, ante el comportamiento verdaderamente porril del Gobierno del Distrito Federal, prácticas que obviamente no debe desconocer Marcelo Ebrard.

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