México SA

Cinismo y “razones científicas”

Lozano: “asignatura pendiente”

Calderón: “cristiana sepultura”

Carlos Fernández-Vega

Familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos marcharon el pasado sábado en memoria del quinto aniversario de la tragedia en la mina Foto María Luisa Severiano

Al cínico encubrimiento ahora le llaman razones científicas”. Puntualmente, como cada año desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la que murieron 65 mineros, el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ofrece una entrevista, divulga un estudio y/o emite un comunicado para justificar un lustro de complicidad con quien él mismo señaló como el principal culpable de aquella tragedia, es decir: “Industrial Minera México-Germán Larrea (que) tuvo la mayor parte de la responsabilidad, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad; no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea.”

En los hechos, como es costumbre, todo se ha solapado, todo se ha tapado. Quinto aniversario de la explosión en la mina concesionada a Germán Larrea, y cuarto del compromiso que públicamente hiciera Lozano Alarcón el 19 de febrero de 2007: “Pasta de Conchos seguirá siendo asignatura pendiente para el gobierno, que no cerrará este expediente hasta que se cumplan cuatro condiciones: se concluya el deslinde de responsabilidades de la empresa, funcionarios de la dependencia y otros; se determine oficialmente las causas que provocaron el accidente; se logre el rescate de los cuerpos, el cual no se va a detener, y se atienda a los deudos” (La Jornada, Javier Lozano Alarcón en entrevista con Patricia Muñoz).

Cinco años después los responsables siguen libres, acrecentando su de por sí abultada fortuna y obteniendo más Y MÁS concesiones mineras federales; ningún funcionario o empresario ha sido procesado; los cuerpos de 63 mineros permanecen enterrados en el socavón y su rescate no es que se haya detenido, simplemente nunca se intentó. Y precisamente para celebrar todos estos “compromisos cumplidos” en el primer lustro de la tragedia, Javier Lozano Alarcón emite un boletín, por medio el cual justifica la inacción por quinto año consecutivo: “de acuerdo con evidencias científicas, resulta extremadamente peligroso desarrollar cualquier actividad humana en la mina Pasta de Conchos de Coahuila, por lo que es imposible intentar el rescate de los trabajadores que fallecieron en el accidente… Es totalmente comprensible la demanda de los familiares y amigos de los mineros que quedaron atrapados en el lugar, en el sentido de recuperar los cuerpos para que puedan darles sepultura; pero la verdad es que ni tenemos fundamento legal, por un lado, ni tampoco un fundamento ético para arriesgar nuevas vidas en la búsqueda de cadáveres”.

Ciento ochenta grados de giro en cinco años. En aquella entrevista con Patricia Muñoz en La Jornada, Lozano Alarcón aseguró: “si llegué con el ánimo de revivir el caso, no tengo la menor intención de cerrarlo… No estoy dispuesto a permitir que se fabriquen culpables para dar golpes mediáticos… Habrá de esperar a que las investigaciones de las procuradurías General de la República y de Coahuila, así como de la Secretaría de la Función Pública, hablen por sí mismas. No pasará mucho tiempo para que se llegue a toda la verdad, porque a partir de las próximas semanas se acelerarán varios procesos. La investigación no va para largo, porque esta misma semana, una vez que pase el primer aniversario luctuoso, se iniciará la desgasificación de la mina, y luego de ello los expertos entrarán a la parte donde se podría encontrar el mayor número de cuerpos. Se espera así que en cuestión de semanas se darían las recuperaciones de cadáveres… Ninguna familia ha cobrado su indemnización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque había el temor de que si exigían este derecho ya no iban a recuperar a sus muertos. Sin embargo, la instrucción es que definitivamente no se va a permitir que se pare el rescate de los cuerpos hasta que técnica y humanamente ya no sea posible.

“Sin duda, la principal responsabilidad del accidente la tiene la empresa. Lo señala el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que todo patrón es el responsable obligado de que existan las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Un inspector de la dependencia puede llegar a un restaurante y observar que no hay extintor; puede haber hecho tardíamente la verificación y luego comprobar que nunca se cumplió esta recomendación, pero si al día siguiente de emplazar al negocio a que atienda las observaciones ocurre una tragedia en el sitio y por ella mueren algunas personas, la verdad es que la culpa mayor la tiene la empresa… Está complicado todavía el caso Pasta de Conchos, pero qué bueno que le dimos otra vez visibilidad al asunto, y que la STPS restableció la coordinación con el gobierno de Coahuila e inició una línea de comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar una solución integral a esta irregularidad multiplicada”.

Eso dijo y a eso se comprometió, pero cinco años después no existen responsables, ni “fundamentos legal y ético” para proceder. Eso sí, no perdió oportunidad para fustigar “el oportunismo de quienes lucran política o económicamente con esta tragedia, y quieren hacer ver a las autoridades como miserables e indolentes”.

Las rebanadas del pastel

Dos apuntes adicionales sobre las “razones científicas”: A) en 2007 el entonces director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, denunció que Industrial Minera México (Germán Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que registró a los mineros de Pasta de Conchos con salarios menores a los realmente cubiertos, para pagar menos cuotas, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado (lo anterior, reconocido por el funcionario ante los integrantes de la comisión legislativa que “da seguimiento” a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Sin embargo, no se presentó una sola denuncia legal en contra del consorcio privado y su práctica fraudulenta), y B) el 17 de enero de 2007 Felipe Calderón “mantuvo una entrevista informal con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos. Durante la charla, el Ejecutivo federal aseguró que la mina no será cerrada, además de que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura”. ¿Qué sucedió? Dos semanas después de tal encuentro, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para “cerrar transitoriamente” la mina, mientras la “cristiana sepultura” se mantiene en lista de espera.

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