Coaliciones por conveniencia

John M. Ackerman

Son más las similitudes que las diferencias entre la iniciativa de gobierno de coalición” de Manlio Fabio Beltrones y la propuesta por restablecer la “clausula de gobernabilidad” de Enrique Peña Nieto. Ambas buscan allanarle el camino al Presidente de la República para que pueda “gobernar” con más tranquilidad sin tantos “obstáculos” del Poder Legislativo. Parten del mismo diagnóstico equivocado que sostiene que a partir de la pérdida del control del PRI sobre la Cámara de Diputados, en 1997, supuestamente se habría instalado un inmovilismo, una “generación del no” en el Congreso. Las dos propuestas buscan resucitar la época autoritaria en que el Presidente contaba con mayorías legislativas estables que le permitían determinar libremente y sin contrapesos el rumbo del país.

De acuerdo con la iniciativa del senador Beltrones, “a partir de 1997 se inicia en México la era de los gobiernos divididos... situación que ha provocado que las decisiones donde confluyen tanto el Ejecutivo como el Legislativo se hayan tornado más complejas, tendiendo a la inmovilidad y al bloqueo antes que a la cooperación, el diálogo, el dinamismo y la oportunidad”. La iniciativa paralela de Guadalupe Acosta Naranjo en la Cámara de Diputados señala que “el hecho principal de nuestra transición democrática fue la dispersión efectiva del poder del Estado y, por tanto, la creciente dificultad para poder gobernar” y recuerda que “en 1991, el presidente Salinas disfrutó el último Congreso acompañante, pues tenía 64 por ciento de los diputados. Desde entonces, la realidad, la matemática del Legislativo (por no hablar de los gobernadores y otros poderes constitucionales) no ha hecho sino limitar y complicar las capacidades presidenciales”.

Es una lástima que destacados políticos como Acosta Naranjo y Marcelo Ebrard avalen y promueven este revisionismo histórico abiertamente priísta y salinista que pinta la misma transición democrática como un error que solamente ha venido a “complicar” el ejercicio del poder. Se les olvida que una de las grandes conquistas de la izquierda ha sido precisamente lograr una verdadera pluralidad en el Congreso de la Unión. El papel del Poder Legislativo en un sistema presidencial debe ser de contrapeso y vigilancia al Poder Ejecutivo, no de comparsa. Esta función legislativa es particularmente importante en un contexto de transición política, cuando el Ejecutivo sigue funcionando con las mismas prácticas autoritarias del pasado.

La tesis del supuesto inmovilismo legislativo desde 1997 es totalmente falsa. En los últimos 14 años el Congreso ha modificado más artículos constitucionales y reformado o creado más leyes ordinarias que en cualquier otro periodo similar desde 1917. Gracias a la existencia de “gobiernos divididos”, en los que el Ejecutivo no ha contado con una mayoría legislativa favorable, se creó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se dotó de autonomía plena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se aprobó una nueva ley de servicio civil de carrera y se han llevado a cabo una serie de reformas constitucionales históricas de gran calado en las materias electoral, de justicia penal, derechos humanos, juicio de amparo y acciones colectivas, entre otras.

Se equivocan quienes afirman que las propuestas de Beltrones y Acosta implicarían un primer paso hacia el parlamentarismo. Para ambas iniciativas sería el presidente, no el Congreso, quien estaría facultado para construir la eventual coalición. Pero el Presidente ni siquiera estaría obligado a hacerlo, sino solamente tendría la opción de establecer una coalición si lo considera conveniente. Asimismo, en el caso de que el presidente optara por una coalición, no tendría que sacrificar su poder de nombrar unilateralmente los integrantes de su gabinete. Tanto Beltrones como Acosta incluyeron la ingeniosa salvaguarda de que si el Congreso rechaza las propuestas del presidente en dos ocasiones, el Ejecutivo podrá decidir libremente quiénes ocuparían las secretarías de Estado.

Lo único para lo cual serviría esta nueva figura sería para facilitar el reparto del poder entre dos facciones políticas dominantes, así como excluir totalmente las fuerzas minoritarias, debilitando de paso al Poder Legislativo. Por ejemplo, con un “gobierno de coalición” ya se habrían hecho las designaciones de las tres vacantes en el IFE, con dos para el PRI, uno para el PAN y la izquierda totalmente excluida. La reforma petrolera de Calderón también se habría aprobado fast track, sin considerar los puntos de vista de la oposición progresista.

Beltrones y Ebrard apoyan estas reformas más por intereses personales coyunturales que por un auténtico deseo de transformar el régimen de gobierno. Beltrones busca asegurar su lugar como “jefe de gabinete” en un eventual gobierno de Peña Nieto y Ebrard quiere comprar el apoyo del PAN a sus aspiraciones presidenciales a cambio de un ofrecimiento para cogobernar con el partido de la derecha.

En lugar de conformarse con avalar y legitimar a la propuesta priísta menos mala, la izquierda debería defender sus reivindicaciones históricas: referendo, plebiscito, revocación de mandato, fortalecimiento del Legislativo, verdadero parlamentarismo, democratización de los medios de comunicación y autonomía para el Ministerio Público y la ASF. Estas y otras propuestas ya fueron planteadas formalmente por el PRD, PT y Convergencia hace más que un año dentro del marco del debate sobre la reforma política. Es una lástima que los intereses políticos cortoplacistas de unos cuantos se coloquen por encima de acuerdos ampliamente consensuados que generarían una verdadera transformación en el ejercicio del poder.

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