Carta a las y los legisladores de la izquierda

Víctor M. Quintana S.

Me dirijo a ustedes como ciudadano, como persona de izquierda, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional y ex candidato al Senado por el Movimiento Progresista.



Estoy convencido de que las elecciones federales pasadas estuvieron marcadas por la inequidad y la violación de los principios constitucionales que las sustentan. Aunque pienso que lo más coherente era demandar la invalidez de todos los comicios federales y no acudir al pragmatismo de “la ley de la ventaja”, o “lo ganado, ganado”, asumo el hecho de que ustedes fungirán como representantes populares durante la próxima legislatura.



Deben tener presente que ustedes fueron electos como parte del más importante movimiento de cambio verdadero que haya surgido en México en los años recientes, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Son depositarias y depositarios de las exigencias, de las esperanzas y de los compromisos que la gente ve en dicho movimiento. Muchas y muchos de ustedes agregaron durante la campaña sus aportes y compromisos personales; otros, ni siquiera campaña hicieron, pues se beneficiaron de las cuotas tribales o de los acuerdos de cúpula.



Sea como sea, ahí van a estar como representantes del pueblo de México y de la gente que votó por la izquierda en particular. Esto entraña compromisos muy serios tanto en el fondo de lo que se legisla como en la forma como se conduce quien legisla.



En cuanto al fondo, se requiere asumir la agenda que el movimiento que encabeza AMLO promovió ante la ciudadanía: ustedes lo saben bien; todo lo que entraña la recuperación de la economía popular, el rescate de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, las telecomunicaciones y los bienes públicos, como el agua; la soberanía alimentaria y nutricional. El poner fin al despojo de las compañías mineras y los bancos. Promover políticas realmente redistributivas de la riqueza e impedir que el contenido de las llamadas “reformas estructurales” en materia hacendaria, energética y laboral sea la privatización, la entrega de los recursos de la nación, la limitación de los derechos de los trabajadores, contribuyentes y consumidores. Retomar los acuerdos de San Andrés Larráinzar y promover el rescate del campo con base en las agriculturas campesinas e indígenas. Respaldar las reformas que nos lleven a una democracia de ciudadanos y no sólo de partidos, que acoten el poder de éstos y aseguren la democracia participativa. Legislar contra la creciente fuerza de mono y oligopolios que operan contra ciudadanos, público y consumidores no sólo en telecomunicaciones, sino en la banca, el comercio y los servicios. Elaborar nuevos ordenamientos jurídicos con los jóvenes a quienes el sistema les niega el futuro y les hace terrible el presente.



No sólo eso. Las y los representantes de la izquierda deben retomar las demandas de las víctimas de la violencia. No fue políticamente correcto para algunos mencionar durante la campaña la guerra calderoniana, sus siete decenas de miles de muertos, sus 20 mil desaparecidos, sus centenas de miles de víctimas. Sin embargo, no se puede legislar por la izquierda sin hacerlo en consulta y a nombre de las víctimas de estos años de violencia y atropello a los derechos humanos. No puede dejarse que la Caravana por la Paz, que encabeza Javier Sicilia ahora en Estados Unidos, sea la voz solitaria que clama por el fin de la guerra contra las drogas, la discusión sobre la legalización de las mismas, el cese de la venta de armas y el combate efectivo del lavado de dinero; es necesario hacerle eco en San Lázaro y en el oneroso palacio de Reforma.



La forma en que ustedes se conduzcan también cuenta y mucho. Es importante que luchen contra la ley de hierro de la oligarquía, o contra la tendencia a la homogenización de la clase política, es decir, que la ciudadanía termine profiriendo sobre ustedes el terrible: “Todos son iguales”. Para contrarrestar estas inercias son necesarios cambios de actitudes y adopción de nuevas iniciativas, nuevas prácticas:



Se aplaude que las y los senadores hayan comenzado bajándose el sueldo en 30 por ciento para constituir un fondo social, que esperamos no se vaya a utilizar con criterios clientelistas o tribales. Pero hay que ir mucho más allá: ponerse a la disposición de los movimientos sociales, como el #YoSoy132, como las mujeres que luchan contra todas las formas de violencia; como las redes de afectados ambientales o Todos los Derechos para Todos. Democratizar la construcción de leyes es retomar las agendas de los movimientos sociales, consultarlos continuamente, legislar también desde la calle, desde el campo, desde la escuela.



Cambiar la forma exige austeridad, sencillez, abandono de la arrogancia. Exige utilizar todo el poder del Legislativo para desmantelar los privilegios de legisladoras y legisladores. Demanda, sobre todo, no ser corruptos, en el sentido que lo maneja Leonardo Boff retomando el concepto agustiniano: cor ruptus: corazón roto, incapaz de sentir y latir con las preocupaciones, angustias, afanes, sufrimientos de la gente.



Desde la curul que acaban de asumir tienen una doble misión; aprovechar los muy reducidos y debilitados espacios de la democracia representativa para aportar en la construcción para 2018 de una mayoría contundente, con presencia organizativa y autoridad moral que pueda superar cualquier fraude. Y, la más importante, ser la voz en el Congreso, ser servidores conscientes y eficaces de quienes, desde abajo, luchan todos los días por detener la imposición y regenerar y democratizar, espacio por espacio, este país.